Mujeres como zona de guerra

La representante Ángela María Robledo es una de las autoras de la iniciativa que busca enfrentar la impunidad. / Archivo

Colombia es un país en conflicto. Así lo reconoció en su momento el mismo presidente Juan Manuel Santos cuando en el trámite de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se pretendía enmarcar el universo de personas que serían reparadas con la norma. En el marco de ese conflicto hay una realidad de la que poco se habla: las mujeres se han convertido en territorio y escenario de la guerra.

Esta es un tesis planteada por la representante a la Cámara Ángela María Robledo, quien, con base en cifras y estudios, ha presentado este preocupante diagnóstico, en el que el factor preponderante es la impunidad. Por este motivo radicó en el Congreso una ley con la que pretende implementar “medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado”.

Y es que las cifras hablan por sí solas. Según la primera Encuesta de prevalencia sobre la violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2001-2009 (Envise), realizada por la Casa de la Mujer con el apoyo de Intermon Oxfam, para el período 2001-2009 —con base en 407 municipios con presencia de Fuerza Pública, insurgencia, paramilitares u otros actores armados— se estimó que casi medio millón de mujeres (489.687) fueron víctimas directas de violencia sexual.

Para la representante Robledo, “el conflicto en Colombia desde hace muchos años ha llegado a tales dimensiones que está atravesado por una carga física y simbólica enorme, en el marco de la cual la mujer es empleada como una herramienta para enfrentar al enemigo y para humillarlo”. Este planteamiento fue argumentado con una cifra que bien puede plantear la deshumanización del conflicto: 94.565 mujeres han sido violadas en hechos relacionados con la guerra.

Pero hay más. De acuerdo con el informe, 7.754 mujeres son víctimas de prostitución forzada, 26.058 de embarazo forzado y 19.422 de esterilización forzada. Uno de los factores más preocupantes en el país es el contraste con la impunidad rampante, pues la judicialización efectiva de estos casos es prácticamente nula y así lo demuestran el informe de Amnistía Internacional para 2011, que habla de una impunidad cercana al 100%.

Así también lo afirmó la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008, que señala que en lo referente a violencia sexual “se desarrolla un triple proceso de invisibilidad oficial y extraoficial, silencio por parte de las víctimas e impunidad de los perpetradores”. Este panorama se ha mantenido invariable desde que el alto tribunal publicó este auto.

La iniciativa legislativa que busca ponerle freno a este complejo panorama propone, entre otras medidas, modificar los métodos de investigación y juzgamiento de estos hechos facilitando la recolección de pruebas y evitando la revictimización de las afectadas. Además, plantean criterios de investigación penal que les permitirán a los jueces establecer si se está frente a delitos de lesa humanidad.

Ese es uno de los temas prioritarios de la ley porque, pese a la degradación del conflicto en Colombia, en el caso de violencia sexual contra mujeres la normatividad aún está en pañales. Señala Robledo que “en el Código Penal no están tipificadas estas formas de violencia, pero sí lo están en el Estatuto de Roma, por eso es necesario que las leyes en Colombia estén acordes con la legislación internacional”.

Este proyecto nació luego del debate de control político realizado por Robledo y el también representante a la Cámara Iván Cepeda, en junio de 2011, en el cual quedó en evidencia que a causa del conflicto interno que vive el país, mujeres de todas las edades son torturadas y violadas por todos los actores de la guerra, incluida la Fuerza Pública.