En desarrollo de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana (Cuba), las delegaciones del Gobierno y las Farc acordaron la creación de un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del acuerdo sobre cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas, que tendrá un componente internacional. En tal sentido, anunciaron que se solicitará al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la creación de una misión política con observadores no armados por un período inicial de 12 meses, prorrogables.
El anuncio del Gobierno y las Farc plantea que este mecanismo de monitoreo y verificación busca generar confianza y garantías para lograr el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y por ello se pretende que se convierta en el mecanismo para dirimir controversias , realizar recomendaciones y presentar informes sobre los aspectos planteados. La idea es que se dé inicio a sus labores una vez se consiga el pacto de cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la consecuente dejación de armas por parte de las Farc.
El componente internacional definido será una misión política de la ONU, pero integrada por observadores miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Estos observadores gozarán de plenas garantías de seguridad, resaltó la declaración conjunta del Gobierno y las Farc. De esta manera, como señaló el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, se dio un “paso especialmente significativo” hacia el fin del conflicto armado que ha afectado a Colombia por medio siglo.
De la Calle recalcó que con el acuerdo alcanzado se comienza a recorrer los pasos que llevarán a la concreción de las conversaciones de paz. “Es un momento determinante”, aseguró el negociador del Ejecutivo, y añadió que no se trata del inicio de un trámite internacional, sino de “una inequívoca muestra del deseo de finalizar la confrontación”. Lo que se busca es reafirmar la decisión conjunta de llegar a un cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.
“Es un mensaje de tranquilidad para los colombianos. No estamos pensando en maquillar un cese del fuego ficticio, como para salir del paso”, puntualizó De la Calle, quien confió en que, bajo la garantía de las Naciones Unidas y con el apoyo de la Celac, se les dé seriedad absoluta a las conversaciones de paz. En la declaración conjunta del Gobierno y las Farc se insistió en que el mecanismo de monitoreo y verificación estaría integrado por observadores no armados.
El jefe de la delegación de las Farc, Iván Márquez, admitió que el proceso de paz ha entrado en una etapa definitiva y que debe ser motivo de regocijo para los colombianos saber que el año 2016 se plantea como el momento de dejar atrás la vorágine de las guerras. Márquez insistió en que los observadores de la ONU y la Celac le dan garantías de seguridad a la negociación y responden a una exigencia de las mayorías nacionales de alcanzar una paz duradera para Colombia.
Indulto a guerrilleros presos
Al tiempo que trascendía la noticia de la petición al Consejo de Seguridad de la ONU para la creación de un mecanismo de verificación y monitoreo del cese bilateral del fuego y de hostilidades, ayer se conoció la lista de los primeros 17 guerrilleros de las Farc que serán indultados y recobrarán su libertad en desarrollo del proceso de paz. No se trata de que empiece a aplicarse el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, firmado en diciembre de 2015, sino de uno de los gestos de construcción de confianza que de manera unilateral promovió el Gobierno.
Aunque el acuerdo sobre las víctimas del conflicto planteó de entrada que se buscará otorgar la amnistía más amplia posible a guerrilleros de las Farc, de manera simultánea el Gobierno anunció, como un gesto de paz, la excarcelación de un grupo de 30 guerrilleros rasos, hoy privados de la libertad, condenados por delitos políticos. Hasta ayer, esta iniciativa suscitaba un debate silencioso entre las partes. La guerrilla buscaba la liberación de subversivos en grave estado de salud, algunos de ellos con cierto mando en la organización. Finalmente, el Ejecutivo elaboró una lista de 17 guerrilleros rasos, todos con delitos menores y en el catálogo de lo amnistiable.
En tal sentido, provenientes de las cárceles de Valle, Bogotá, Córdoba, Meta y Huila, diez hombres y siete mujeres que pertenecieron a la mayoría de los frentes de las Farc y que purgaban penas menores recobrarán su libertad en las próximas horas. Se trata de Eison Moreno, Jhon Kenedy Ospina, Alexánder Ramírez, Reinaldo Bustos, Gabriel Valderrama, Aristides Luna, Javier Caballero, Wilson López, Carlos Ochoa y Mauricio Suárez, y Maritza Rueda, Yenny Quitián, Marleny Ropero, Bibiana Romero, Leydy Granados, Sandra Isaza y Gloria Álvarez.
El Espectador conoció que, al margen del gesto unilateral del Gobierno para indultar a 17 guerrilleros, el tema se convirtió en un pulso aparte entre el Ejecutivo y las Farc. Aunque la guerrilla había planteado una lista de 48 guerrilleros con graves quebrantos de salud, al final sólo incluyó a dos de los requeridos en el primer grupo de indultados. Entre ellos Bibiana Romero, una joven de 25 años perteneciente al bloque Sur, que fue herida en combate y desde entonces tiene una afección en la columna que le ha causado graves dificultades a nivel general.
Según una fuente consultada por este diario, desde el día en que se supo que el Gobierno iba a indultar un grupo de 30 guerrilleros se generó un tenso ambiente en los reclusorios. No sólo se intensificaron las actividades de control del Inpec sobre los guerrilleros presos y sus familias, sino que se añadieron los reparos para no acceder al listado original planteado por las Farc. Por lo pronto, obtendrán su libertad estos 17 subversivos, a los cuales se sumaran diez insurgentes más antes de que acabe enero, para un total de 27. Esta particularidad ha despertado suspicacias en torno a por qué al parecer tres del grupo de 30 no van a quedar libres.
Lo cierto es que la liberación de los 17 guerrilleros se hará efectiva por disposición del Gobierno entre hoy y mañana, sin que se trate de la instrumentación del acuerdo sobre las víctimas del conflicto, supeditado a la finalización de las hostilidades. Sin embargo, la iniciativa del Gobierno no ha estado exenta de confrontación. La prueba es que hoy los presos de las Farc sostienen que las condiciones de reclusión son indignas, no se han cumplido las promesas de crear brigadas de salud para atenderlos y están dispuestos a entrar en una nueva huelga de hambre. La última protesta, a finales de 2015, se prolongó por 15 días e involucró a presos políticos en 30 penales del país.
No es la primera vez en la historia reciente de las negociaciones de paz que las Farc centran su atención en el tema de los guerrilleros presos. Cabe recordar que durante los tiempos de negociación en el Caguán, durante el gobierno de Andrés Pastrana, la negociación de las Farc estuvo más centrada en el canje de prisioneros de guerra que en la consecución de acuerdos. Después de un largo pulso político, en junio de 2001, se firmó un acuerdo humanitario que permitió la libertad de una decena de guerrilleros, a cambio de la entrega de casi 400 soldados y policías que estaban en poder de la guerrilla tras operaciones de guerra.
En tiempos de Álvaro Uribe, a pesar de que en momentos distintos el Gobierno liberó unilateralmente prisioneros de las Farc para presionar deserciones o negociar intentos de negociación, no hubo acuerdos bilaterales. Por el contrario, fueron ocho años de intenso debate, hasta que se fueron dando liberaciones de políticos y militares cautivos por intermediación de la entonces senadora Piedad Córdoba. Hoy, en el marco de una negociación de paz, vuelve y juega el tema de los guerrilleros presos, sólo que esta vez con menos incendio político y como un abrebocas de la amnistía más amplia posible, que caracterizará el acuerdo para sellar el fin del conflicto armado en Colombia.