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Política 16 Nov 2012 - 8:44 pm

Extinción y dominio

Myriam Villegas: 'Con la reparación exprés no vamos a sacar a nadie de sus tierras'

La directora del Incoder, dice que la medida empezará en los departamentos de Antioquia, Urabá y Meta.

Por: Natalia Herrera Durán
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Myriam Villegas, directora del Incoder. / El Espectador

Señala que en el caso de Las Pavas aún quedan todos los trámites para que esas tierras vuelvan a manos de campesinos.

Varias decisiones conocidas esta semana tienen en la mira al Incoder. Una de ellas es la extinción de dominio de los predios de Las Pavas, la hacienda en el sur de Bolívar que se disputan hace al menos cinco años una empresa palmera y cerca de 123 familias campesinas desplazadas forzosamente por paramilitares. La otra es la reparación de al menos un millón de hectáreas por vía administrativa, una figura bastante discutida porque puede servir para que los inescrupulosos pueden legalizar el despojo, y por ser la vitrina expedita para que el Gobierno muestre los resultados de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que aún no se ven en los tribunales agrarios. Myriam Villegas, la directora a la cabeza de esta entidad, habló con El Espectador sobre estas decisiones, sobre el papel que van a tener en las negociaciones con el tema de tierra y paz, y sobre el Incora, el fantasma que sigue siendo la camisa de fuerza que no permite que avancen los procesos.

El Incoder determinó esta semana la extinción de 1290 hectáreas, que hacen parte de la hacienda conocida como Las Pavas. ¿Qué queda en este proceso?

Son en total 2.690 hectáreas que están divididas en once predios, a los que se les hizo clarificación y resolvimos que sí eran baldíos. Lo que falta es notificar a cada parte. Una vez notificados, tienen un término para interponer recursos. Después de eso podemos restituir esos bienes.

¿Cómo es el tema de la restitución exprés?

Lo que entendimos con la Superintendencia de Notariado y Registro era que había mucha gente que retornaba a sus predios, que no fueron despojados sino que simplemente los abandonaron por problemas de inseguridad, por cuenta del conflicto armado. Esas personas ahora han retornado, acompañados o no por el Estado. Por eso hemos resuelto ubicar a todas a esas familias y víctimas y acompañarlas a formalizar su situación, no sólo con la titulación sino con proyectos productivos y asistencia técnica para que la gente se pueda quedar en esos territorios. Esa es la restitución por vía administrativa, la llamada exprés.

¿Qué diferencias hay entre la reparación administrativa y la jurídica?

La reparación por vía judicial se da cuando un grupo armado despojó el predio de una persona y se pide que se le restituya. La administrativa es cuando se restituye ese que no fue despojado sino abandonado por desplazamiento. Lo restituimos por vía administrativa que es una vía más rápida. Incluso, tenemos algunas resoluciones que son más expeditas para aquella gente que fue desplazada. El resto, lo estamos haciendo recuperando baldíos de la Nación, que terminaron ocupados por otros.

¿Cómo va a estar conformado el grupo elite que va a investigar los casos que serán entregados a los jueces agrarios?

Está conformado por más o menos diez funcionarios de cada una de las instituciones que trabajan sobre el tema: Superintendencia de Notariado y registro, Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Incoder. Estas personas se dedicarán solamente a recopilar información para hacer las restituciones por vía administrativa.

¿Eso no es un riesgo para que personas inescrupulosas legalicen tierras, también de manera exprés?

No, porque estas tierras son de personas que no fueron despojadas o no están siendo ocupadas por nadie. Así que no vamos a sacar a nadie de las tierras, que es lo que pasa en la restitución, por eso en ese caso el juez tiene que fallar. Son tierras que tienen protección y están desocupadas o simplemente la persona regresa a su tierra y se les formaliza la propiedad. Pero ellos pueden comprobar que cumplen con los requisitos y están en ocupación pacífica. Y en el caso de los baldíos los recuperamos y los entregamos a víctimas, que por supuesto estén debidamente registradas por la Unidad de Víctimas.

¿Dónde van a empezar esas restituciones?

En principio en cinco departamentos. Pero empezaremos por Antioquia, en el Urabá, y Meta.

¿Si el proceso es tan bueno y tan expedito por que se viene a implementar hasta ahora?

Desde que estoy en el Incoder hemos buscado toda clase de figuras para poder devolver la tierra a los campesinos y formalizarla.

¿No se puede leer esto como una salida apresurada del Gobierno para mostrar resultados, ya que los procesos en los tribunales agrarios no avanzan?

No, inclusive el Presidente no estaba enterado de este procedimiento. Se enteró por la noticias y me llamó y me dijo que le parecía una magnífica idea. De manera que no es una presión de gobierno por mostrar resultados. Es más bien, una presión nuestra para poderle entregar tierra al campesinado.

Ahora, hablamos de tierra pero indudablemente en este momento este tema tiene relación con el intento de paz que empezó el Gobierno y las Farc ¿Cuál es el papel del Incoder en este tema?

A nosotros lo único que nos ha pedido el Gobierno a través de los negociadores es información. En la parte operativa vamos a tener que mirar el tema de tierras, desarrollo rural y reforma agraria. El Incoder se está preparando para este tema, mejorando el tema estructural, estratégico y de ejecución. Aunque eso también necesitará de un proceso organizativo que ya existe en el campesinado, por eso el Gobierno tendrá en algún momento que apoyarse en las comunidades que ya están organizadas. A eso nos estamos dedicando.

¿Cómo se están preparando para el tema de las zonas de reserva campesinas?

Las reservas campesinas hacen parte de nuestro ordenamiento constitucional, y como tal hemos constituido siete de estas zonas, fortaleciendo los planes de desarrollo y sus organizaciones. En algunos casos van de 300 mil a 4000 mil hectáreas. Entonces necesitamos que haya institucionalidad en estas zonas para que las organizaciones se fortalezcan y tengan su autonomía.

¿Dónde quedan estas zonas?

Dos en el Magdalena Medio, una en Soledad, en el Valle del Río Cimitarra, Pato-Balsillas, Guaviare, Cabrera, Bajo Cauca y Putumayo. Y estamos trabajando en acompañamiento en Arauca y Cesar.

¿Y cómo son los procesos que se están haciendo en el Cauca en las mesas de tierra?

A raíz del conflicto que hay por la tierra en el Cauca, entre comunidades negras y campesinos, empezamos a tratar de resolver el conflicto a través de concertaciones. Dialogamos mucho sobre temas duros como el de minería y tierras, y entonces nos dimos cuenta que había que hacer unas mesas de concertación y en eso estamos.

¿El fantasma del Incora sigue siendo la camisa de fuerza de la entidad?

Sí, hay procesos muy viejos que están muy complicados. Ya tenemos al menos 90 procesos por desacato. Predios, por ejemplo, de estupefacientes que fueron entregados al Incora y que hoy en día se han tenido que devolver a sus antiguos dueños, y se han tenido que entregar saneados. Ahora estamos trabajando en no equivocarnos y no generar más problemas en temas de tierras. También queremos hacer un acompañamiento a las personas que quieren volver. 

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