En una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos y al Congreso en pleno, cerca de 230 organizaciones sociales, de víctimas y defensoras de derechos humanos pidieron ayer el retiro de la reforma constitucional que amplía el fuero penal militar.
Para los firmantes es previsible la impunidad en casos de lesa humanidad que permitiría la iniciativa. Su inquietud se une a la de once relatores de Naciones Unidas, quienes manifestaron recientemente su preocupación porque crímenes tan graves como las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, entre otros, queden bajo la competencia de la jurisdicción penal militar.
“Estos cambios contravienen la jurisprudencia constitucional y los tratados y resoluciones internacionales que han limitado la jurisdicción penal militar a asuntos estrictamente relacionados con la disciplina interna de la fuerza pública”.
También se declararon indignados por el uso de recursos públicos que podrían destinarse para la defensa de militares y policías acusados de delitos graves, “cuando con la reforma a las víctimas de estos crímenes se les coarta el derecho a ser tratados como iguales ante la ley y el derecho a acceder a la justicia en condiciones de igualdad e imparcialidad”, dice la misiva.
Ayer se conoció también un informe de la Corte Penal Internacional (CPI) que presentó la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). El documento destaca el riesgo que representa esta reforma constitucional, que apunta a ampliar el fuero penal militar a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
El debate sobre el tema está encendido. En la Comisión Primera del Senado se realizó ayer una audiencia pública para analizar la iniciativa que, de acuerdo con algunos legisladores, el Gobierno tiene al garete a pesar de impulsar su aprobación.
El senador Armando Benedetti, de la U, afirmó que el Ejecutivo está dejando en manos del Congreso un tema neurálgico. “Si le pongo más delitos, estoy en contra de los generales; y si le quito delitos, entonces estoy en contra de los derechos humanos”, dijo el parlamentario. El proyecto parece estancado en Senado, a pesar de que solo le faltan dos debates para ser ley.