En la presidencia del Senado se adelantó una crucial reunión que definió la suerte y futuro del proyecto que permite la separación de tres ministerios.
Cuando apenas falta por aprobar un inciso del artículo 17 de la iniciativa, la subcomisión conformada por la mesa directiva del Senado deliberó sobre la mejor redacción de éste y llegó a un acuerdo.
Ante la posible “masacre laboral” que podría existir por cuenta de las facultades especiales en la administración pública otorgadas al presidente Juan Manuel Santos, los partidos consiguieron un preacuerdo.
El literal nuevo quedó así:
“Esta ley garantiza la protección integral de los derechos laborales de las personas vinculadas a las distintas entidades del Estado reestructuradas, liquidadas, escindidas, fusionadas o suprimidas. Si fuere estrictamente necesaria la supresión de cargos, los afectados serán reubicados o reincorporados, sin solución de continuidad en similares condiciones en otra entidad del Estado”.
El acuerdo se logró gracias a que el Partido Conservador, quien se sumó a las alertas sobre la “masacre laboral”, contaba con un artículo redactado previo al encuentro de este jueves.
De otro lado, para evitar dejarle un 'cheque en blanco' al Gobierno frente a las facultades especiales, se presentará un artículo que crea una comisión de nueve senadores y nueve representantes a la Cámara que se encargará de revisar -antes a la expedición de los decretos-, todas las disposiciones del Ejecutivo en esta materia.
El artículo quedó así:
“Confórmese una comisión accidental, de conformidad con lo establecido en la Ley quinta de 1992, integrada por nueve senadores y nueve representantes, que rendirá concepto previo sobre los proyectos de decreto que se expidan por el Gobierno Nacional en uso de las facultades conferidas mediante la presente ley”.