“No podíamos pasar por encima de los DD. HH.”: Minjusticia

El jueves pasado, el Consejo Nacional de Estupefacientes dio uno de los giros más rotundos en cuatro décadas que lleva librándose en Colombia la guerra contra las drogas. La suspensión de las aspersiones con glifosato no solo cambia una de las estrategias claves de la política antinarcóticos, sino que abre la posibilidad de rediseñar el modelo de lucha contra las sustancias ilícitas. El presidente del Consejo, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, habló con El Espectador sobre la coyuntura y les respondió fuerte al procurador Alejandro Ordóñez y al uribismo, opositores a la decisión.

 

 

Las demandas que se podrían intentar deberían partir del supuesto de que el Estado reconoció que el glifosato causa daño a la salud de las personas y eso no ha ocurrido. Lo que el Consejo aplicó para suspender las aspersiones es el principio de precaución, consagrado por la Corte Constitucional. Eso indica que hay una probabilidad de riesgo a la salud, pero eso no es argumento suficiente para justificar una demanda. No veo que puedan prosperar demandas sobre el supuesto de que el Estado admitió un riesgo. Hoy no hay certeza de que el glifosato es, efectivamente, dañino para la salud.

 

 

Si en algún momento hubiera plena certeza técnico-científica de que el glifosato es absolutamente inofensivo, la medida podría volver.

 

 

No. Simplemente implica que una de las herramientas que se utilizan contra los cultivos, que es uno de los eslabones de la cadena del narcotráfico, se cambia por otras.

 

 

Así como tampoco puede dar abasto el glifosato. Por eso la política contra cultivos no está, ni ha estado, centrada en una sola herramienta. El Estado seguirá teniendo una pluralidad de opciones para combatir los cultivos ilícitos. Cómo reemplazar el glifosato, es una tarea de la Comisión Técnica que creó el Consejo, que tiene libertad absoluta para proponer nuevas herramientas y correctivos a los instrumentos actuales. Es decir, puede rediseñar el plan de lucha contra las plantaciones ilegales.

 

 

Él tiene su posición. Si se llena o no se llena el país de coca, es una discusión que no puede plantearse en abstracto. Lo que sí tenemos claro es que ninguna política puede pasar por encima de los derechos humanos. Si llegara a aceptarse que en el mundo entero no hay una forma más eficiente de combatir los cultivos que las aspersiones con glifosato, ese solo hecho no sería razón para desconocer el derecho fundamental a la salud de las personas.

 

 

La Comisión tiene un planteamiento muy amplio que coincide con lo que hemos propuesto desde el Gobierno, que es diversificar la lucha antinarcóticos. No solo centrarse en la represión, sino buscar enfoques distintos dependiendo de qué eslabón de la cadena del narcotráfico queremos golpear, de la sustancia, de las particularidades de cada territorio y de un enfoque sobre todo de derechos humanos.

 

 

La decisión del Consejo está edificada sobre la premisa de la Corte Constitucional que señala que si llegara a haber un indicio de riesgo, había que suspender el glifosato de inmediato. Después de eso llega el concepto de la OMS que alerta sobre posibles riesgos cancerígenos. Esos pilares no significan desconocer que el glifosato fue una herramienta útil contra los cultivos.

 

 

Es un planteamiento que se hizo para todo el continente. Eso no implica que tengamos que hacer todas las modificaciones pues en Colombia, por ejemplo, consumir no es un delito. Pero sí hay cosas que tienen que discutirse y que irán, eventualmente, modificándose.

 

 

La decisión del Consejo se basó en las dos premisas que le mencioné: una sentencia de la Corte y un concepto de la OMS. Esa tesis de la que usted habla parte del supuesto de que las Farc lograron convencer a las dos instituciones de emitir sus sentencias y conceptos. Es una teoría traída de los cabellos.

 

 

Está claro que esta coyuntura servirá para ajustar y fortalecer los proyectos de desarrollo alternativo, entre otros. Esa es una herramienta que vamos a fortalecer. Estamos abiertos a propuestas y recomendaciones.

 

 

Ese dinero debe ser redireccionado a programas como el desarrollo alternativo, que necesita más recursos, o a programas de erradicación manual. Lo que se haga con aviones o con las tropas que respaldaban las aspersiones son problemas a resolver desde el punto de vista operativo, pero no deben ser mayor complicación. El glifosato que ya se compró deberá ser puesto a disposición de otros fines si se comprueba que no produce daños; si no, deberá ser destruido.

 

 

Eso creo. El impacto práctico de esta medida va a ser importante, porque el 35% de las personas en las cárceles están en detención preventiva. Por otro lado, me parece que no se puede reducir su efectividad a que la medida busca descongestionar las cárceles. Va más allá. La Constitución consagra la presunción de inocencia, pero el Código Penal no tiene un mínimo para la detención preventiva. Cuando una persona ha estado diez años presa y luego se le dice que es inocente, ¿dónde quedan sus derechos? Hoy tenemos demandas por cerca de $23 billones por detenciones ilegales.

 

 

Enfocar todas las medidas en construcción de nuevas cárceles, como algunos sugieren, no es suficiente. Nunca el número de cupos va a crecer al ritmo que crecen las detenciones, preventivas, principalmente. Proponemos una combinación de medidas: nuevos cupos, controlar el populismo punitivo o la reglamentación de la medida de aseguramiento preventiva (hoy hay once formas de garantizar que una persona participe en un juicio, pero sólo se usa la detención). Además, vamos a apostar por la resocialización, a buscar mecanismos para que la gente que salga de las cárceles encuentre un lugar en la sociedad. Si lo logramos, se reduce la reincidencia y así el hacinamiento.

 

 

No se trata de responder a coyunturas. Hace cuatro años se calcularon 7.200 cupos, luego se construyeron 7.500 y en el mismo tiempo recibimos más de 30.000 personas. Las herramientas que proponemos sí van a traer resultados a largo plazo.