La comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió este miércoles formalmente el proceso fiscal por el carrusel de pensiones en la rama judicial.
Esa comisión procedió a nombrar los investigación dentro del proceso preliminar que asumió la corporación, luego de que la Contraloría dejara el caso pues una sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura así lo anunciara.
El presidente de la comisión, Germán Blanco Álvarez, dijo que él y el liberal Orlando Velandia, son los dos primeros legisladores que conforman el triunvirato investigador.
Vale la pena recordar que actualmente la misma comisión lleva un proceso disciplinario por el mismo carrusel de pensiones que, al parecer, se gestó en el mismo Consejo Superior de la Judicatura.
Contraloría no puede investigar a aforados
El conjuez del Consejo Superior de la Judicatura, Isnardo Gómez manifestó que la Contraloría General, Departamental, Municipal o Distrital solamente puede investigar a aquellos funcionarios que ejerzan una gestión fiscal, en la que se tenga una disponibilidad jurídica del gasto o del presupuesto.
En este sentido aclaró que en el caso de la contralora General, Sandra Morelli esta puede realizar este tipo de investigaciones sin ningún problema u objeción, sin embargo no puede adelantar procesos contra aforados constitucionales como son el caso del presidente de la República, el fiscal General o los magistrados de las altas cortes (Suprema, Constitucional, Consejo de Estado y Judicatura).
Ante esto, se aclara que en el llamado proceso del carrusel de las pensiones de los magistrados, Sandra Morelli no podía ejercer ninguna función investigativa puesto que la Constitución Política de 1991 establece un fuero para los togados, quienes solamente pueden ser investigados por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.