:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/hMojCeUV6h7PCsU2_raGfK38gvE=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/NWFQWF3U6JDJBITD757VHQG6KM.jpg)
La Unidad de Consolidación Territorial reglamentó, mediante la publicación de un manual, las responsabilidades y procedimientos que deberán cumplir los erradicadores manuales en tiempos en que la política contra los cultivos de uso ilícito está en entredicho. Disposiciones de seguridad para evitar que aumenten las cifras de muertes violentas durante las operaciones de erradicación, la conformación de los grupos encargados y la focalización de los territorios a intervenir, entre otras disposiciones, hacen parte de la resolución emitida el pasado 29 de abril.
Es un momento crucial para el futuro de la guerra contra las drogas. Un informe del gobierno de Estados Unidos sostiene que en 2014 hubo un incremento del 28% en las hectáreas de coca sembradas en Colombia (pasando de 80.500 a 112.000), y la posibilidad de que, tras una alerta emitida por el Ministerio de Salud sobre los riesgos cancerígenos del glifosato, se suspendan las fumigaciones aéreas con ese herbicida apunta a un revolcón en la estrategia antinarcóticos del Estado colombiano.
Durante la última década han muerto 145 miembros de la Fuerza Pública y 52 erradicadores civiles en operaciones de erradicación. Esa fue una de las principales razones que esgrimió el procurador general Alejandro Ordóñez para oponerse a la eventual suspensión de las fumigaciones con glifosato, pero también es uno de los impactos negativos de la erradicación que quiere mitigar este manual que, expresamente, fue consensuado por el Ministerio de Defensa y la Unidad de Consolidación Territorial.
La primera de las medidas de seguridad consignadas en el manual, la cual ya estaba en operación, es la capacitación para erradicadores y el personal de las fuerzas acompañante en la prevención de siniestros debidos a minas antipersonas, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar. Adicionalmente, las Fuerzas Militares y la Policía deberán construir zanjas y parabalas alrededor de los territorios a erradicar, como medida de seguridad pasiva y elaborar, previamente a la erradicación, un diagnóstico de grupos armados ilegales, expresiones delincuenciales y presencia de artefactos explosivos en las inmediaciones de los cultivos.
Luego, el manual advierte que, toda vez que las erradicaciones no son consensuadas con las comunidades y se dan como parte de la estrategia de consolidación territorial, deben desarrollarse protocolos de seguridad para la movilización de los grupos móviles de erradicación y tres anillos de seguridad. El personal civil no podrá ingresar a la zona de erradicación antes de que la Fuerza Pública haya garantizado las condiciones de seguridad favorables de manera explícita.
Antes de ingresar al terreno, la Unidad de Consolidación Territorial deberá hacer el ejercicio de focalización de los predios a intervenir, el cual se sustentará en información provista por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, de Naciones Unidas, junto con información de las fuerzas y “de gobiernos amigos”, entre otros. Sólo entonces los grupos móviles de erradicación entrarán a operar.
Una de las ideas centrales de la resolución, según fuentes de este diario, es lograr una suerte de “profesionalización” de los operarios, y con tal fin estableció unos rangos y requisitos para hacer parte de estos grupos.
Estarán conformados por el coordinador del grupo, que estará al tanto de la información de consolidación territorial; un profesional especializado, que se encargará de la planeación operativa; un profesional especializado, que deberá hacer el monitoreo y seguimiento de las acciones de cada grupo móvil; otro que se encargue de la implementación de la estrategia en terreno, y un grupo de apoyos zonales que verificará las calidades y el cumplimiento por parte de los erradicadores.
Por último, el Programa contra Cultivos Ilícitos de la Unidad de Consolidación Territorial deberá suscribir un contrato con un organismo neutral en el marco del conflicto, que deberá validar la información suministrada por los apoyos zonales. De esta manera la información concreta sobre las zonas intervenidas y la cantidad de cultivos afectados no será suministrada a la opinión y tendrá un filtro aparte del establecido por el Gobierno.
Así las cosas, estos grupos móviles de erradicación, creados en 2005 y que a partir de 2011 hacen parte de la estrategia de consolidación, tendrán un marco normativo que, más allá de formalizar y brindar garantías de seguridad a su ejercicio antinarcóticos, busca convertirlos en la principal arma del Estado para combatir los cultivos ilegales. No sólo porque es probable que las fumigaciones aéreas sean suspendidas, sino por la necesidad de dar pasos ciertos para cumplir el compromiso que asumió el Gobierno en La Habana para el posconflicto: erradicar manualmente antes que por fumigaciones. Aunque, claro está, el siguiente paso será hacerlo de manera consensuada con las comunidades que han visto en la coca y otros cultivos ilegales una forma de subsistencia.
csegura@elespectador.com