La nueva agenda de derechos humanos del Gobierno

Durante los próximos meses, el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, se la jugará por posicionar cuatro temas en la agenda del país. Una política pública para la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales), otra denominada “política de derechos humanos y empresa”, un cambio de enfoque en la prevención del reclutamiento y, por último, un impulso a la acción del Estado frente a la desaparición forzada.

 

En cuanto a la política LGBTI, el objetivo es definir el método de participación para que organizaciones regionales y nacionales que defienden los derechos de esta comunidad ayuden a construir una nueva hoja de ruta para el Estado que, de acuerdo con el Gobierno, podría ser elevada a la categoría de decreto presidencial o, incluso, de un documento del Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) que asigne recursos y defina metas para frenar la vulneración de derechos que hoy se cierne sobre este sector de la sociedad. 

 

Hasta ahora, en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional se han instalado grupos de trabajo denominados “mesas de casos urgentes”, en los que se atienden las denuncias de esta comunidad pero que, en el fondo, no definen políticas de Estado hacia los LGBTI. En el fondo, el propósito es que así como hay políticas para minorías, como los indígenas, los afrodescendientes o los pueblos raizales, las haya también para esta comunidad. 

 

Por otro lado, la nueva “política de derechos y empresa” es una de las urgencias de la Casa de Nariño para acogerse a las nuevas tendencias a nivel global en materia de responsabilidad corporativa, para cortar cualquier vínculo de los patrones con violaciones sistemáticas a los derechos humanos y a los derechos laborales y, por último, para cumplir con pautas dictadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para permitir el ingreso de Colombia a ese club de 34 países. Esta nueva política podría terminar en una especie de nueva certificación empresarial que, de paso, podría evaluar efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. 

 

La presión internacional es fundamental para empezar a andar este camino. Por ejemplo, el año pasado, en el Parlamento holandés empezó a cursar una iniciativa para que ese país deje de comprar carbón colombiano toda vez que, de acuerdo con sectores políticos europeos, muchas de las empresas exportadoras del mineral tenían fuertes vínculos con grupos criminales. También en Estados Unidos se viene configurando un código de ética que le exige a los empresarios cumplir con estándares de derechos humanos en cada una de las etapas de su cadena de producción, así estas se completen fuera de las fronteras norteamericanas. 

 

La tercera de las políticas, en la que la Consejería de Derechos Humanos es parte, es una de las banderas del ministro para el Posconflicto y Seguridad Ciudadana, el general (r) Óscar Naranjo. Se trata de la prevención del reclutamiento y la utilización de menores de edad por grupos criminales en sectores urbanos. 

 

Con la esperanza de que el conflicto con las guerrillas cese en el mediano plazo, y que los niños y adolescentes reclutados sean atendidos directamente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio del Posconflicto enfocaría sus acciones en ciudades de la Costa Norte, o Cali, Medellín y Bogotá, para que las expresiones criminales que allí tienen asiento dejen de utilizar a los menores. 

 

Por último, el consejero Rivera dice estar  comprometido con la puesta en marcha del decreto firmado la semana pasada por el presidente Juan Manuel Santos con el cual se reglamentó la Ley 1408 sobre Víctimas de Desaparición Forzada. Desde su oficina, sostuvo, se  dará un impulso en los escenarios judiciales y disciplinarios a los casos sobre este  flagelo y se promoverá el acompañamiento interinstitucional a la víctimas.