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Un nuevo debate sobre las implicaciones y alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz planteó este lunes Human Rights Watch en un análisis sobre el acuerdo de justicia logrado en la mesa de diálogos de La Habana (Cuba) entre el gobierno y la guerrilla de las Farc.
De acuerdo con la ONG, las normas anunciadas podrían ser utilizadas para dejar en la impunidad crimenes de guerra o delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado. “Estas normas incluso podrían blindar la persecución penal de los casos conocidos como “falsos positivos”, que involucran la ejecución sistemática de nada menos que 3.000 civiles cometida por brigadas del ejército a lo largo de Colombia entre 2002 y 2008”, señala el documento.
Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, el acuerdo contiene varias ambiguedades y lagunas que abren la puerta a este tipo de situaciones y a la posibilidad de que los responsables de estos casos no sean perseguidos penalmente. Asimismo, señala que el gobierno ha destacado varias veces que el acuerdo “blindará a los miembros de la fuerza pública de nuevas investigaciones, pero esta es una promesa vacía (...) Si los términos del acuerdo de justicia no se modifican, es muy probable que las nuevas sentencias sobre casos de falsos positivos queden sujetas al escrutinio internacional, incluso de la CPI”.
El análisis de HWR advierte además que los más de 600 agentes del ejército que ya han sido condenados por la justicia penal ordinaria en casos de falsos positivos también se beneficiarían de estas disposiciones. “Una Sección del Tribunal Especial para la Paz podrá incluso considerar que las sanciones ya han sido cumplidas, lo que permitiría que decenas de perpetradores de falsos positivos sean liberados”, puntualiza.