Nuevas estrategias de paz y guerra

Los nuevos comandantes de la Fuerza Pública han estado en las zonas claves del conflicto y se han mostrado favorables a los diálogos con las Farc, que viven una “desmovilización no formal”.

María del Rosario Arrázola - Hugo García Segura
17 de agosto de 2013 - 04:00 p. m.
El presidente Santos, el lunes pasado, acompañado de los nuevos comandantes de la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada, así como el nuevo director de la Policía Nacional, en la Casa de Nariño. / SNP
El presidente Santos, el lunes pasado, acompañado de los nuevos comandantes de la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada, así como el nuevo director de la Policía Nacional, en la Casa de Nariño. / SNP

“La construcción de la paz ya se inició”, dijo el presidente Juan Manuel Santos el jueves pasado, en el programa Con el gobernador, de Teleantioquia. En el mismo dio su opinión sobre la existencia de un Congreso unicameral, una idea que de vez en cuando da vueltas en el escenario político nacional y que ya algunos relacionan con la propuesta de las Farc de crear una cámara territorial en sustitución de la Cámara de Representantes. Según el primer mandatario, “si nos toca volver el día de mañana a una sola cámara, tampoco es grave. Hay países que la tienen y funciona muy bien”.

Dos declaraciones a analizar en el contexto de la actual coyuntura, cuando al término del duodécimo ciclo de conversaciones en La Habana entre Gobierno y guerrilla se habló de la proximidad de un acuerdo sobre participación política, y días después en el país se tomaban trascendentales decisiones que implicaron el relevo de la cúpula militar y de la Policía. Más allá de los rumores sobre roces entre el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y algunos de los altos mandos salientes —desmentidos por el Gobierno—, existe una realidad palpable: los nuevos comandantes han estado en los lugares claves del conflicto e internamente se han mostrado favorables al proceso de paz.

Una cúpula más “tropera”, se dice en términos militares, o como lo reconoció el mismo Pablo Catatumbo, uno de los negociadores de las Farc en Cuba, “gente que ha estado al frente de las divisiones operativas”, como dijo al ser preguntado al respecto por la prensa. Pero para el ministro Pinzón, se trata de “oficiales con pensamiento moderno, que podrán ajustar y transformar a las Fuerzas Armadas a la realidad que el país requiera”. Y esa realidad, según el pensamiento del presidente Juan Manuel Santos, no sólo es la del posconflicto sino también de algo que, calladamente, se viene dando en el actual devenir de la guerra en Colombia.

Según informaciones de inteligencia, ante la comprobada efectividad de los bombardeos de la Fuerza Aérea, la nueva estrategia de la guerrilla y de las mismas bandas criminales (bacrim) apuntaría a mezclarse entre la población civil y evitar grandes movilizaciones de sus cuadrillas o concentraciones en campamentos fijos. En otras palabras, dice una fuente cercana al Gobierno, se podría estar dando una especie de “desmovilización no formal”, aunque también se sabe que muchos miembros de las Farc han optado por sí solos por hacer pactos con narcotraficantes y con la delincuencia común.

Por eso también la llegada del general Rodolfo Palomino a la dirección de la Policía Nacional y su reto de “seguir creciendo en el proceso de acercamiento hacia los intereses de la seguridad ciudadana”. Y por eso las palabras de Santos en el sentido de que Colombia debe irse preparando desde ya para la paz, así llegar a acuerdos sea algo muy difícil y “sea decepcionante —como lo dijo en la Cumbre de Gobernadores, esta semana en Medellín— leer o escuchar sus declaraciones (de los negociadores de las Farc) y darnos cuenta de la magnitud del abismo entre nosotros”. Un abismo “por el que precisamente estamos conversando, y me resisto a creer que no seamos capaces, como sociedad, de construir un puente para salvarlo”, agregó.

Palabras que una vez más confirman la confianza del jefe de Estado en que el proceso en La Habana avanza hacia puerto seguro y que hacen correr con mayor fuerza los rumores de que en próximos días se anunciará la concreción de un acuerdo sobre la participación política de las Farc, que según conoció El Espectador, podría incluir el otorgamiento de las curules ganadas por la Unión Patriótica en su primera incursión electoral, en mayo de 1986, tras los pactos con el gobierno de Belisario Betancur. Fueron cinco senadores y nueve representantes a la Cámara. Una propuesta que tiene su mayor talanquera en los actuales dirigentes del partido, que tras años de lucha en la que pusieron muchos muertos reclaman participación.

Otro asunto tiene que ver con los plazos. Si bien extraoficialmente se había dicho que noviembre era el límite, hoy se sabe que no será posible concretar un acuerdo final en esa fecha y que ahora el Gobierno estaría pensando en enero de 2014, cuando el presidente Santos ya habrá definido si va o no por la reelección y la campaña electoral, tanto a Congreso como a la primera magistratura del Estado, estará en plena ebullición. Es claro que siendo la paz el máximo anhelo de los colombianos, como lo dicen las encuestas, el anuncio de un consenso con las Farc para terminar el conflicto implicaría un impulso al primer mandatario en la búsqueda de cuatro años más en el poder o para quien sea su ‘bendecido’ para darles continuidad a sus políticas.

Ahora, también es cierto que tarde o temprano los diálogos abordarán el tema de las víctimas —hoy tan espinoso para una guerrilla que ha dicho que no quiere shows ni presiones y que se considera la primera víctima del conflicto—. Un asunto que, como el Gobierno ha repetido con insistencia en la mesa de diálogos, deberá pasar por los parámetros de verdad, justicia, reparación y no repetición que vienen exigiendo el fiscal general, Eduardo Montealegre, y la Corte Penal Internacional, que el jueves pasado insistió, en una carta de su fiscal Fatou Bensouda al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, que tiene que haber condenas adecuadas y cárcel para los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Es un duro escollo que, una vez superado, definirá en últimas quiénes en realidad entrarán en el acuerdo de paz y quiénes se quedarán por fuera. Porque así Timochenko y los demás jefes guerrilleros hablen de unidad, las versiones de ciertas diferencias en algunos bloques hacen prever que no todas las Farc se desmovilizarán si se llega a un acuerdo. Y es en ese contexto que entra a jugar la creación del ministerio de seguridad ciudadana, en el que Óscar Naranjo, exdirector de la Policía y negociador en Cuba; el mismo general Palomino y el fiscal Montealegre entrarán a jugar un papel preponderante.

El tire y afloje entre Santos y ‘Timochenko’

Según el presidente Juan Manuel Santos, la paz se trata de cambiar las balas por los votos y de que quienes tomen esa decisión tengan garantías para participar en la democracia. Pero, al mismo tiempo, recalca que no se dejará de combatir a la guerrilla, que se seguirá buscando la caída de los jefes guerrilleros y que en Cuba no se está negociando el Estado, ni el sistema político, ni el modelo económico del país. “Estamos conversando, sí, sobre una agenda muy concreta y muy puntual que nos permita ponerle fin al conflicto”, dijo esta semana.

Declaraciones que tuvieron su respuesta por parte de Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, el máximo líder de las Farc, quien en un comunicado público del pasado miércoles, aseguró que la dificultad para llegar a prontos acuerdos radica precisamente en las confesiones públicas de Santos: “Las amenazas de muerte y las órdenes de ejecución sin ninguna clase de juicio no sirven para intimidarnos, ni logran aclimatar el ambiente de reconciliación necesario para concertar una salida”.

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Por María del Rosario Arrázola - Hugo García Segura

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