Así se nominarán ahora los magistrados de la Corte Constitucional

En las próximas horas el presidente Santos firmará el decreto que pretende hacer "transparente" la elección de magistrados .

 En su alocución de este martes en la noche, el presidente Juan Manuel Santos anunció que firmará un decreto que está engavetado en la Casa de Nariño desde el año 2008. Se trata de una propuesta hecha al expresidente Álvaro Uribe por una coalición de veedurías ciudadanas denominada Elección Visible, en la que se pone en marcha una regulación para dar trasparencia y visibilidad al mecanismo de selección de magistrados, con participación de la sociedad civil.

La primera de las disposiciones del nuevo decreto, que conoció El Espectador, apunta a que haya por lo menos una mujer en las ternas de candidatos a magistrados de la Corte Constitucional que presente el presidente de la República. Los candidatos, además, deberán cumplir “con los requisitos constitucionales y legales para el cargo, aseguren la probidad, independencia y solvencia académica y profesional”.

También, dice el decreto que se deberá invitar públicamente, “mediante aviso insertado en día domingo en un periódico de amplia circulación nacional, a quienes reúnan los requisitos establecidos para tal cargo, con el fin de que dentro de los 10 días siguientes a la invitación los ciudadanos interesados postulen su nombre allegando a la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República su hoja de vida”.

Una vez finalice ese término, “el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitirá la lista al Presidente de la República, quien podrá libremente dentro de los dos días siguientes sumar al listado los nombres de cualesquiera otros ciudadanos” que él considere pertinentes.

Además, “una vez conformada la lista definitiva, ésta se publicará en la página Web de la Presidencia señalando expresamente si el candidato envió su hoja de vida según lo señalado en este decreto o fue incluido por el Primer Mandatario. Igualmente, se publicarán en este momento los criterios de selección que serán tenidos en cuenta para la valoración de las hojas de vida, así como la política de manejo de eventuales conflictos de intereses entre nominador y candidatos”.

El Gobierno también quedará obligado a crear los canales necesarios para que los ciudadanos se pronuncien frente a los candidatos. “La ciudadanía contará con cinco días a partir de la publicación de la lista definitiva, para hacer llegar por escrito, de manera sustentada y a través del canal creado para este fin, las observaciones y apreciaciones que se consideren de interés respecto de los candidatos inscritos. El Secretario Jurídico de la Presidencia podrá solicitar la opinión de organizaciones ciudadanas, sociales, universitarias o académicas, sobre los nombres inscritos en la lista”, reza el decreto que está por firmar el jefe de Estado.

Una vez este trámite esté surtido, “el presidente podrá realizar entrevistas a los candidatos, caso en el cual se deberá establecer y divulgar un mecanismo para la realización de las mismas que garantice equidad y transparencia”. Y, por último, presentará su terna al Senado.

Esta es la primera de las medidas que se hará efectiva de las anunciadas por el Ejecutivo para solventar la crisis institucional que se desató por los presuntos actos de corrupción en los que habría incurrido el magistrado Jorge Pretelt, de la Corte Constitucional, y el espiral de denuncias que se desató en los medios de comunicación en las que están involucrados otros funcionarios de la Corte y el propio fiscal general, Eduardo Montealegre.

Aunque muchos analistas dicen que este decreto es más una cuestión de forma que de fondo, las transformaciones anunciadas por el presidente Santos vendrán, según prometió, por cuenta de la reforma del reequilibrio de poderes que actualmente se discute en el Congreso y que, de ser aprobada, entre otras disposiciones, eliminaría el Consejo Superior de la Judicatura y cambiaría a la Comisión de Acusaciones de la Cámara por un Tribunal de Aforados, lo que a juicio de los contradictores del Gobierno no es más que un cambio de nombre para una institución que ha perpetuado la impunidad.