:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/eplXye56dGA7b4T_r_6o4zA6Qs0=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/H4L2OES2V5FFHEZE4W2J43A6NI.jpg)
Desde el inicio de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, el uribismo ha expresado que se está “nivelando” a las Fuerzas Armadas con la guerrilla. Precisamente, el expresidente y ahora senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez ha manifestado su rotunda oposición a la posibilidad de que los agentes del Estado puedan pasar por la Jurisdicción Especial de Paz, mecanismo acordado en Cuba, para ser procesados por los delitos que hayan cometido con ocasión del conflicto armado.
Desde el inicio de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, el uribismo ha expresado que se está “nivelando” a las Fuerzas Armadas con la guerrilla. Precisamente, el expresidente y ahora senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez ha manifestado su rotunda oposición a la posibilidad de que los agentes del Estado sean procesados por la Jurisdicción Especial de Paz, mecanismo acordado en Cuba, por los delitos que hayan cometido con ocasión del conflicto armado.
Por eso, en momentos en que se habla de “resistencia civil”, el uribismo busca darle un nuevo impulso a lo que en un comienzo se conoció como la “ley Plazas Vega”, una iniciativa radicada en noviembre del año pasado en el Congreso y que apunta a ofrecer beneficios jurídicos a miembros de las Fuerzas Militares que se encuentren detenidos por haber formado parte de operaciones en las que “se buscaba el mantenimiento del orden público en el país”. En esencia, la propuesta plantea que quienes hayan cumplido la tercera parte de la condena en un centro carcelario queden en libertad condicional.
En un principio, los críticos advirtieron que el proyecto solo buscaba favorecer al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, en ese momento condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 30 años de prisión por la desaparición del administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, Carlos Augusto Rodríguez, y la guerrillera del M-19 Irma Franco Pineda, tras la retoma de la sede judicial, en noviembre de 1985. Pero a mediados de diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia lo absolvió de toda responsabilidad y ordenó la libertad del exoficial. Muchos creyeron entonces que la propuesta uribista quedaría en el olvido, pero la semana pasada volvió a la agenda de la Comisión Segunda del Senado, donde se decidió crear una comisión accidental para su estudio, acompañada por el Gobierno.
El Centro Democrático dice que el proyecto está motivado en darles salidas jurídicas a los uniformados para que puedan llevar “con dignidad” el peso de las investigaciones en su contra. “Creemos que deben existir dos jurisdicciones. Una que esté con ocasión del proceso de paz y otra que no lleve a darles el mismo tratamiento a los miembros de la Fuerza Pública. Si se les quiere dar una solución real a los militares, ésta no puede estar supeditada a lo que se negocia en La Habana, porque se pasa a equiparar a los soldados de la patria con integrantes de grupos armados al margen de la ley”, explicó el representante uribista Edward Rodríguez.
A su vez, la senadora Thania Vega, esposa del coronel (r) Plazas Vega, dijo que “la vida de los héroes de la patria se ha convertido en un verdadero peligro, y esta iniciativa se constituye en un instrumento que va camino a solucionar su situación jurídica, sin que ello indique extinción de las acciones impuestas a todos aquellos que hayan cometido delitos por fuera del conflicto”. Incluso se habla de la posibilidad de que los militares y policías investigados puedan ser objeto de libertad condicional y detención preventiva domiciliaria, es decir, que no pasen por una cárcel mientras se sigue la etapa de indagación.
Sin embargo, hay quienes consideran que el proyecto es inconveniente y carece de sentido, porque está cerca de establecerse un régimen de justicia especial de paz que puede ofrecerles a los miembros de la Fuerza Armadas garantías y soluciones a su situación jurídica. “En este momento histórico del país no pueden sobreponerse los intereses mezquinos y políticos de un partido al bienestar del país frente a la posibilidad de paz. El Centro Democrático arguye que se quiere nivelar a los uniformados con la guerrilla, para obstruir la posibilidad de paz y hacer que los militares se llenen de miedo y desconfianza”, señaló el senador Iván Cepeda, del Polo.
Por los lados de la Unidad Nacional, algunos creen que a la iniciativa debe dársele la oportunidad de discusión. La propuesta del senador liberal Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso, es pasar a estudiar el proyecto sin descalificarlo de entrada. Por su parte, sin apoyar o desechar la iniciativa uribista, el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, ha dicho que ese ministerio sigue trabajando para garantizar la seguridad y estabilidad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública. Lo cierto es que ahora se espera el informe de la mencionada comisión para darle los primeros trámites al proyecto y dejarlo vivo para la siguiente legislatura.