Sin que aún regrese el Congreso a sesiones ordinarias (vuelven a mediados de marzo), algunos de los expertos en la reforma a la justicia han dejado claras varias de sus posiciones.
El representante liberal Guillermo Rivera Flórez, uno de los ponentes del proyecto en la Cámara, dijo que “hay que dejar la Constitución en fuero militar incólume”.
En medio de la reforma que ha planteado el Gobierno, Rivera señaló que “hacer cualquier tipo de ensayo o crear cualquier presunción frente a la justicia penal militar, significa correr el riesgo de ir en contravía de pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
“Me parece que hay que solicitar la exclusión de la modificación que el Gobierno ha propuesto del fuero penal militar”, sostuvo el legislador del Putumayo.
Frente a la idea de que la Justicia Penal Militar sea conducida por civiles, consideró que la revisión que hagan, así sean civiles, va en contravía de lo que señala la jurisprudencia toda vez que “tratándose de delitos internacionales, la única jurisdicción competente es la ordinaria”.
“Si los militares desconfían de la justicia ordinaria lo que habría que hacer es una revisión de que es lo que hace la justicia ordinaria en materia de investigación y juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública; sería necesario pensar en mayor capacitación a la justicia ordinaria en cuanto a los procesos por las conductas de los miembros de la Fuerza Pública”, agregó.
La reforma al fuero militar contempla que sea la Justicia Penal Militar, antes que la Justicia Ordinaria, la que conozca de todos los actos de servicio de las Fuerzas Militares.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha dicho en varias ocasiones que esa posibilidad no traerá impunidad toda vez que sólo será para investigaciones en contra de uniformados por actos del servicio; es decir, no tiene que ver con delitos de lesa humanidad.
Gobierno pide a las Cortes regresar a la discusión
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ha sido insistente en la necesidad de que las Altas Cortes retornen a la mesa de discusión del proyecto de reforma a la justicia.
Vargas dijo que “desde siempre el Gobierno ha insistido en que las Cortes no pueden ni deben renunciar a su derecho constitucional para ser parte de las deliberaciones de la reforma a la justicia al interior del Congreso”.
“Mucho complacería al Gobierno que las Cortes regresen, retomemos el tema antes del 15 de marzo, se siga deliberando sobre el contenido de la reforma y en esta segunda vuelta que tendrá lugar este semestre se procure regresar a la concertación del contenido de dicha reforma”, manifestó el alto funcionario.