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Por estos días, los entes de control están estudiando con lupa, una a una, las listas de candidatos que aspiran a ocupar alguna de las curules en Senado y Cámara. Y a pesar de que el rastreo apenas comienza, hasta la fecha ya se han identificado ocho aspirantes que tendrían que declinar, porque tuvieron en su pasado algún lío con las autoridades, que los puede dejar por fuera de la próxima contienda electoral.
De acuerdo con el artículo 280 de la ley quinta de 1992 y la Constitución, una inhabilidad para ser congresista es "haber sido condenados, en cualquier época, por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos". En el listado de casi 2.500 candidatos en todo el país, hasta la fecha se han identificado siete que incumplen esta norma. Al listado se suma una candidata que fue declarada responsable fiscal por la Contraloría y que tendría que pagar $900 millones para poder seguir en carrera.
De acuerdo con el certificado especial de antecedentes de la Procuraduría, entre los que se tendrían que retirar por la causal descrita en la Ley quinta de 1992, hay dos del Partido Verde. Se trata de Humberto Alirio Valero, quien es el número 66 de la lista de candidatos al Senado, y Gilberto Montoya Castaño, candidato a la Cámara por Caquetá.
A la lista se suman Orlando Díaz Rojas, número 27 en la lista de candidatos al Senado por el partido de La U, y Arley Naranjo Gasca, del Uribe Centro Democrático, quien aspira a ocupar una curul en la Cámara por el departamento del Huila. Este último cuenta con una condena por falsedad en documento privado.
Y entre los que aspiran a quedarse con las curules indígenas, quienes estarían inhabilitados son los candidatos a la Cámara Víctor Jacanamijoy, del Movimiento Alternativo Indígena, y Julio Roberto Galvis Bulla, del partido Autoridades Indígenas de Medicina Ancestral. A ellos se suma Marco Aníbal Avirama, candidato al Senado por la Alianza Social Indígena (ASI), quien aspira a ser reelegido.
Finalmente, hay un caso particular y se trata el de la candidata María Emilgen Guzmán, del partido Cambio Radical, quien aspira a la Cámara por el departamento de Boyacá. Ella fue declarada responsable fiscal por la Contraloría General por un detrimento a la Nación, tasado en $900 millones, en el que la entidad afectada fue la sociedad Mineralco S.A., que es del Estado. Si bien, el ser responsable fiscal no se cataloga como una inhabilidad para aspirar a un cargo público, en caso de resultar electa, ella tendría que pagar los $900 millones para poderse posesionar.
Un caso similar tuvo el candidato Paciano Asprilla Arboleda, del partido Asopra, quien es candidato a la Cámara por las negritudes. Él fue declarado responsable de un detrimento a la Nación por $19 millones. Él canceló ese valor y hoy sigue en carrera por una curul al Senado.
Por ahora, estos serían los primeros que podrían quedar por fuera de la contienda. Los organismos de control seguirán buscando para tratar de depurar la lista de candidatos, quienes finalmente se presentarán como alternativa para el país y sus regiones.