ONG internacionales, preocupadas por erradicación forzosa en Colombia

En carta al presidente Santos piden que se respeten los acuerdos establecidos con las comunidades para la sustitución voluntaria de cultivos y que se restrinja la militarización de ese proceso.

En varias regiones del país el mismo Gobierno ha firmado acuerdos de erradicación de coca con las comunidades. Archivo-El Espectador

En una carta al presidente Juan Manuel Santos, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, una red mundial de 177 organizaciones no gubernamentales, le expresó su apoyo al Acuerdo de Paz firmado con las Farc pero, al mismo tiempo, le expresó su preocupación por la intensificación, cada vez más militarizada, de la erradicación forzosa de cultivos de coca, especialmente en áreas donde las comunidades ya han firmado pactos de sustitución de cultivos.

La misiva señala que el mismo punto cuatro del Acuerdo de Paz sobre “el problema de drogas ilícitas” reconoce que la pobreza, la exclusión social y la violencia han impulsado la propagación del cultivo de coca en todo el país. Por lo tanto, se están firmando acuerdos entre comunidades locales, familias particulares y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), a través de los cuales cultivadores y cultivadoras acceden a eliminar la coca a cambio de recibir una compensación en efectivo e inversión gubernamental en sus comunidades.

“Como organizaciones con experiencia en políticas de drogas en varios países (incluyendo lo que hemos visto de pasadas experiencias en Colombia), creemos firmemente que los agricultores pobres que cultivan coca, amapola o cannabis no deben ser criminalizados y que tal cultivo sólo puede ser reducido por medio de un apoyo gubernamental sostenido para el desarrollo rural equitativo”, señala la carta.

Y agrega: “Estamos profundamente preocupados por los informes sobre erradicación forzosa y los choques violentos entre los erradicadores y población local, especialmente en áreas donde las comunidades ya han firmado acuerdos de sustitución de cultivos. Estas acciones no solo perpetúan la violencia y generan nuevos conflictos, sino también socavan el espíritu mismo de los acuerdos de sustitución de cultivos y los esfuerzos de fomentar la confianza de las comunidades locales que han sido olvidados por mucho tiempo, lo que amenaza potencialmente la aplicación efectiva del Acuerdo de Paz”.

El mensaje hace alusión a un informe del 15 de agosto pasado del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (OCCDI Global-Indepaz), que revela que entre junio y julio se registraron choques entre fuerzas de erradicación y poblaciones rurales en El Retorno (sector de la Inspección La Paz y sus veredas aledañas); San José del Fragua (Caquetá), Tibú (Norte de Santander), Piamonte (Cauca), Puerto Rico (Meta), y Policarpa (Nariño), entre otros.

Asimismo, señala que si bien es sabido que el gobierno de Estados Unidos está presionando fuertemente al Gobierno de Colombia para que cumpla con metas de erradicación de cultivos de coca, la historia de erradicación de coca en el país muestra claramente que mientras las reducciones de cultivos a corto plazo pueden ser obtenidas por medio del uso de la violencia y la fuerza, no son sostenibles si no se abordan las condiciones subyacentes que conducen a su cultivo.

“Se debería dar prioridad a la generación de confianza con las comunidades rurales y marginadas, la reducción de la pobreza y la violencia, y la construcción de una paz estable y duradera. Esto requiere de un margen de maniobra con respecto a los objetivos y plazos establecidos, y de promover una participación significativa de la comunidad para influir en las decisiones políticas que les conciernen”, agrega.

Por último, El Consorcio le pide al presidente Santos asegurar que todas las instituciones gubernamentales del país, incluyendo el Ministerio de Defensa, respeten los acuerdos de sustitución de cultivos, apoyen el diálogo genuino con las comunidades locales para superar las dificultades en su implementación, y cesen la erradicación forzada en áreas donde se firmaron tales acuerdos o donde están siendo negociados.

Entre las organizaciones no gubernamentales que firma la carta están la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Acción semilla Boliviana, Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Corporación Humanas Colombia, Turkish Green Crescent Society, Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD) y West Africa Civil Society Initiative, entre otras.