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Este lunes se llevó a cabo la moción de censura contra Guillermo Botero, ministro de Defensa, citada por los representantes a la Cámara Katherine Miranda, Inti Asprilla y Mauricio Toro, del Partido Verde. La sesión, que duró más de tres horas, fue el espacio para que los partidos de oposición al gobierno Duque y algunos de las bancadas declaradas independientes expusieran por qué el funcionario debe abandonar su cargo.
“Un ministro tiene prudencia y usted no la tiene”, “Guillermo Botero debe garantizar la paz y sus actuaciones no lo han hecho”, “ministro, debería irse”, fueron algunas de las palabras con las que los legisladores que apoyan la moción de censura iniciaron el debate.
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Luis Alberto Albán, del partido FARC, el primero en intervenir, recordó que el Acuerdo de Paz tiene unos capítulos que preveían que, después de lo firmado en La Habana, se evitarían muertes como la del exguerrillero Dimar Torres, en manos de un cabo del Ejército. “Está claramente demostrado que la Fuerza Pública es la responsable de su asesinato. Las directrices de Botero nos marcan el temor de volver a cosas supuestamente superadas a partir de la firma. Nos convertimos en un partido político y necesitamos que el ministro de Defensa nos explique por qué han sido asesinados más de 130 de nuestros compañeros y líderes. Estamos en contra de quienes manejan mal las políticas y no son capaces de salvaguardar la vida de los colombianos”, dijo.
Seguidamente, Katherine Mirada hizo su intervención. Como otros durante la moción, aclaró que el recurso político no se va en contra de las Fuerzas Militares, sino que busca proteger su legitimidad y honorabilidad. “Esta moción busca fortalecer la institucionalidad. Soy hija de una mamá policía. El Ejército tiene alrededor de 500 mil miembros y solo el 1% está investigado por ‘falsos positivos’ y violaciones a los derechos humanos. Pero eso le ha hecho mal a las Fuerzas Militares: las políticas y directrices están volviendo a las ejecuciones extrajudiciales. No podemos poner por encima de 200 años de Ejército a un ministro que se iría en tres años”, aseguró.
Los opositores reiteraron que veían inconveniente la gestión de Botero porque entre sus funciones estaba la de formular la política de seguridad. Sin embargo, consideraron que las directrices del jefe de esta cartera han “generado un clima de persecución y estigmatización para excombatientes y líderes sociales”, agregó Miranda.
En ese sentido, Juanita Goebertus, también de la bancada verde, expuso las que consideran las seis pruebas fehacientes que demuestran que las políticas operacionales del ministro incitan a actuaciones militares por fuera de la legalidad.
“No son hipótesis ni denuncias. Son pruebas. Las directrices le ordenan a nuestra Fuerza Pública conducir ofensivas en contra de grupos ilegales, sin reconocer que hay un conflicto armado. Esto genera incertidumbre e inseguridad jurídica a sus miembros, porque no saben qué uso de la fuerza pueden hacer o no por falta de ese reconocimiento. Otro mandato es evaluar los resultados militares en función del número de muertes en combate, y el propio general Nicacio Martínez dijo a medios que el ministro de Defensa conocía esa política de comando. Y bajar de 85% a 60%-70% la exactitud y perfección de los ataques, no aplicar la importancia de la cantidad de desmovilizados sobre las bajas, y establecer indicadores basados en el número de días sin combatir , exigiendo que se reduzcan, demuestran que el ministro conocía y avaló este sistema de resultados”, formuló Goebertus.
Por su parte, el liberal Juan Carlos Losada volvió al asesinato de Dimar Torres y enumeró lo que encontró durante el recorrido de la Comisión de Paz al lugar de los hechos. “Arriba quedaron los sesos de Dimar y al lado derecho de la carretera estaba el hueco donde iban a esconder su cuerpo. Le cercenaron los genitales y acordonaron el lugar para esconder su muerte. Luego, el ministro Botero desautorizó al general Diego Villegas, diciendo que el asesinato de Dimar se dio en un acto de legítima defensa, durante un forcejeo. ¿Hay una ruptura en la línea de mando? ¿O esa mentira de dónde vino? ¿Botero le mintió deliberadamente en el país?” Expresó. Dijo, además, que esos actos y la inconcordancia de las declaraciones públicas derivó en la “pérdida de confianza en su palabra”.
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Ante los señalamientos, Botero pasó al estrado e hizo, como sus detractores, una intervención de 50 minutos para defender su gestión. Con un tono medido, diferente al que ha usado en otras intervenciones, y acompañado de un grupo considerable de miembros de las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa aseguró que no se arropaba en el organismo del que es jefe, sino que son ellos los que lo respaldan porque conocen su “rectitud y liderazgo”.
Entre otros argumentos, dijo que la Fuerza Pública es civilista y es la institución que más quieren los colombianos. Manifestó, también, que no persigue la protesta social sino que la defiende: “La reconozco como lo hace la Constitución, pública y pacífica”. Así lo expresó, pese a que el representante Inti Asprilla le pidió que no se desviara y respondiera los temas propios de la moción.
Entonces se refirió directamente a sus declaraciones sobre el caso de Dimar Torres. “A las pocas horas de haber ocurrido el asesinato solo habían dos opciones: callar o informar la versión de lo que yo conocía. Decidí que lo responsable era entregar la versión que me habían suministrado.Y fui claro: esa versión era la del cabo, una realidad procesal del momento y que vino cambiando con el tiempo. Nada de lo dicho hasta ahora es inmodificable”. Para ello trajo a colación sus declaraciones en los medios de comunicación, en los que ratificó que la información sobre la muerte de Torres era, ante todo, preliminar y de boca del cabo Daniel Gómez, ejecutor del homicidio.
Y añadió que no es cierto que haya querido encubrir el delito: “Le he prestado todo mi apoyo a la Fiscalía para resolver esto. En la medida de que los hechos iban evolucionando, yo me iba refiriendo a los medios de comunicación. Entonces, la primera falsedad es que yo he tergiversado y he querido ocultar una realidad. Me han acusado de mentiroso”.
En ese sentido, aseguró que cualquier miembro de su cartera que actúe por fuera de la ley lo hace a nombre propio porque su política se basa “en la defensa de la legalidad”. Por ello, afirmó que la Fuerza Pública colombiana está formada en la protección y promoción de los derechos humanos y en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH). “La directiva 300, que no ha sido modificada, privilegia, en primer lugar, las desmovilizaciones y en segundo lugar, las capturas, sobre las bajas. Los combates pasaron de 101 a 227, y el número de muertes era de 67% y ahora es de 63%. Los niveles de muertos han disminuido de manera significativa”, expuso.
Finalmente, Botero se centró en mencionar que en los 10 meses de su mandato han erradicado 61.000 hectáreas de coca y hay 340 municipios en los que no se ha presentado “un solo caso de homicidio”.
Sobre su gestión, los representantes del Centro Democrático respaldaron en un ciento por ciento el trabajo de Botero. Juan Manuel Daza, por ejemplo, dijo que la doctrina del Ejército colombiano fue reconocido en 2016 por la Cruz Roja, por estar enmarcado en el principio de legalidad. Entretanto, José Uscátegui aseveró que la oposición era ruín por decir que “los civiles mueren en retenes, cuando eso no es cierto. Tenemos que cerrar filas en torno a nuestro ministro de Defensa y a nuestras Fuerzas Militares. ¿Qué le están cobrando al ministro de Defensa? ¿Que ha sido excelente, ha tenido posturas conservadoras y ha sido coherente? ¿Que tiene un tono directo y no tiene miedo de comunicarse ante los medios”, manifestó.
Pese al apoyo total del partido uribista y a los argumentos de Botero, los congresistas de la oposición no quedaron conformes con las respuestas del ministro. Juanita Goebertus finalizó diciendo que el funcionario no respondió a las preguntas claves del cuestionario que se le entregó con antelación. “Omitió los formatos de evaluación de resultados. Repitió lo que dijo el cabo involucrado en el asesinato de Dimar Torres, pero su responsabilidad política está muy superior. Tampoco se refirió a sobre qué pasa con la existencia del conflicto armado y la inmensa potencialidad de riesgo que le está generando a los miembros de la Fuerza Pública. Y no dijo nada sobre la disminución de la exactitud en las operaciones”. Goebertus calificó la intervención de Botero como desafortunada.