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Desde hace trece días, cuando comenzó su labor como gobernación encargado de La Guajira, Jorge Enrique Vélez ha tenido que tomar decisiones drásticas que –según ha dicho– han incomodado a muchos. Y no es para menos. Tras la destitución de la gobernadora Oneida Pinto, el presidente Juan Manuel Santos le encargó la titánica labor de “poner la casa en orden” y tratar de buscar soluciones inmediatas a los múltiples problemas que enfrenta el departamento, entre ellos la seguridad alimentaria, la desnutrición de niños, la crisis de la salud, la carencia de agua potable y la corrupción, que ha permeado todos los sectores de la vida pública.
Por eso, la primera tarea de Vélez fue reunirse con los secretarios de la Gobernación para mirar cómo se encuentra el departamento en materia financiera y poder atender las urgencias y necesidades primordiales. Los hallazgos inquietan. Según el gobernador (e), no solo existen irregularidades en contratos, sino que además el desorden administrativo es monumental. “Me encontré 234 cuentas en el departamento con saldo de $213.000 millones en caja. Eso no tiene ningún sentido. Hay 84 cuentas inactivas y en esas cuentas hay alrededor de $9.000 millones y lo más grave es que encontré que existen CDT, algo que está absolutamente prohibido”, explicó este martes Vélez desde La Guajira, durante una reunión de seguimiento a los avances y retos de los programas que el Gobierno Nacional impulsa en el departamento, y que fue encabezada por el presidente Santos y ocho ministros.
El segundo paso, en el camino de saneamiento, será revisar las cuentas pendientes, hacer los pagos que se deben y determinar cuánto dinero hay disponible para invertir en los temas claves del departamento. Una tarea para la cual se firmará un convenio con la Fiduprevisora, con el objetivo de que todos los gastos del departamento se hagan de forma transparente. “A mí eso me preocupa mucho, esto me tiene bastante molesto y por eso he tenido que tomar decisiones drásticas. La plata del Estado es sagrada (...) La Guajira es mi prioridad y a cualquier costo voy a tomar las determinaciones por el bien del departamento”, puntualizó el gobernador Vélez.
Y ese es solo uno de los tantos frentes de batalla, pues los temas para abordar son varios y complejos. De acuerdo con el gobernador, se está haciendo una intervención en asuntos de buen gobierno y hay una gran alianza con todos los ministerios para trabajar en cada uno de los aspectos urgentes, como seguridad, salud, educación y servicios públicos.
Para tal fin, Vélez cuenta con todo el respaldo del Gobierno, como se lo hizo saber ayer en Riohacha el presidente Santos. “Es un departamento que hemos acompañado en estos seis años de gobierno y las inversiones que se han hecho aquí no tienen precedente, pero todavía hay muchos problemas y falta muchísimo por hacer”, detalló el jefe de Estado al señalar que el departamento se beneficiará con $96.000 millones para inversión social, de excedentes ahorrados en el Fondo Nacional de las Entidades Territoriales (Fonpet), los cuales serán de libre disposición para inversiones sociales.
Por ejemplo, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se comprometió con tres metas para mejorar la salud en el departamento, empezando por la elaboración –a más tardar en un mes– de un documento de red aprobado para tener “una idea clara de cómo se va a organizar la prestación de servicios de la red pública en el territorio”. Asimismo, reveló Gaviria, habrá una depuración de las 17 EPS que operan en La Guajira, muchas de las cuales no están haciendo el trabajo que les corresponde, y se implementará un modelo integral de atención de salud regional.
En el tema minero-energético también hay instrucciones precisas. El presidente Santos ordenó acelerar los trámites para que se realicen las obras de interconexión eléctrica con La Guajira y para que en el tercer trimestre del 2016 queden adjudicadas las obras para las líneas de conducción que permitirán que los proyectos de energía eólica y solar que se instalen puedan abastecer al resto del país.
La jornada de Santos y su gabinete en La Guajira pretende dar solución a las múltiples problemáticas de un departamento que históricamente ha sufrido el abandono estatal y en el que la clase política local –envuelta en escándalos y cuestionamientos– no ha podido responder a las necesidades de la población. Un panorama al que se le suma la sequía producto del fenómeno de El Niño que, además ha derivado en un gravísimo desabastecimiento de agua y alimentos, afectando a más de 60.000 personas de los municipios de Riohacha, Uribia y Manaure y causando decenas de muertes por desnutrición, sobre todo en la población infantil.