Pandillas, la otra amenaza en el posconflicto

se calcula que i¿unos 50.000 jóvenes integran más de 8.000 pandillas en todo el país. / Archivo

Según datos de la Secretaría de Educación de Bogotá, en 2015 se identificaron al menos 107 pandillas en 26 zonas de la ciudad, 30 de ellas con gran presencia territorial. En Medellín, hay 90 bandas reseñadas por la Policía, mientras que en Cali se habla de 105 grupos conformados por unos 2.130 muchachos que delinquen en 80 barrios. En Bucaramanga, las autoridades calculan que son 50 las pandillas, en Barranquilla 109 y en Cartagena se han detectado 56. En su mayoría están conformadas por adolescentes, hay un elevado consumo de drogas alucinógenas, participan en el negocio del microtráfico y sus actos delictivos están relacionados con hurtos y enfrentamientos entre distintos bandos. Sin embargo, algunas de ellas ya aparecen vinculadas a hechos delictivos mayores que incluyen sicariato, fleteo, robo de autos, extorsión o secuestro, en nexos con organizaciones mayores del crimen.

Una problemática que padecen casi todas las ciudades capitales e intermedias del país, a la que urge ponerle atención de cara al posconflicto y a la consecuente desmovilización de las Farc. “Las pandillas van a ser el caldo de cultivo para el nacimiento de nuevos grupos al margen de la ley y podrían representar el recrudecimiento de la violencia. Así arrancó México, donde la guerra hoy es en las ciudades. Si no le prestamos atención, cuando comience a implementarse la paz, el conflicto se va a trasladar de lo rural a lo urbano y es allí donde el país va a sentir lo que es la verdadera violencia”, advierte el senador Antonio José Correa, de Opción Ciudadana, quien junto con el senador conservador Hernán Andrade realizaron este martes un debate de control político que ya se había quedado el semestre pasado a mitad de camino en la Comisión Séptima, cuando se levantó la sesión inesperadamente, y en la que el mismo Correa había tenido un fuerte encontrón con un delegado del Ministerio de Justicia, quien insinuó que este tipo de debates lo que hacían era “satanizar” a los jóvenes.

El lío, según el congresista, es que en Colombia existen tantas pandillas como programas sociales, en referencia a los múltiples proyectos que en cada ciudad plantean la resocialización de los jóvenes inmersos en el delito y que no tienen un impacto real en los centros urbanos más azotados por la delincuencia juvenil. Una verdadera “bomba de tiempo”, teniendo en cuenta que 803 pandillas están identificadas en zonas marginales de las principales ciudades del país y que, según fuentes oficiales, entre 2004 y 2016, 873 muertes violentas fueron asociadas a bandas delincuenciales de jóvenes. Además, en los últimos seis años, más de 157.000 menores de edad han sido aprehendidos en flagrancia, de los cuales 1.058 eran menores de 14 años que, en virtud de la Ley 1098 de 2006, no son responsables penalmente. Por otra parte, las autoridades reportaron 2.255 fugas en los últimos 10 años en los Centros Especializados de Adolescentes a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 290 motines.

Una realidad que lleva al senador Correa a plantear una reforma a dicho sistema. “El Estado, en el afán de garantizar los derechos fundamentales a las diferentes poblaciones y grupos ciudadanos, ha sido laxo, frágil y permisivo. Hoy son los menores de 18 años y si no le prestamos atención, esos van a ser los sicarios del mañana, los potenciales jefes de las bandas criminales, del narcotráfico y los potenciales muertos que va a colocar nuestro país en el desangre de la guerra. Se habla mucho de los derechos de los niños y poco se habla de deberes. Por ejemplo, esa ley impide que se manejen cifras, que se manejen bases de datos. Y si un menor de edad tiene orden de aprehensión en Bogotá y se va para Medellín, allá no tienen como saberlo. Los únicos que manejan datos para efectos de política criminal es el Consejo Superior de la Judicatura, ni siquiera la Policía”, señaló.

Asimismo, reveló que ante el hacinamiento que en la actualidad presentan los centros de atención especial y los de protección para adolescentes, se está enviando a los menores a retención domiciliaria. “Entonces un menor puede perfectamente reincidir en un delito 10 o 15 veces y no hay un control, no hay cifras, no hay bases de datos. Se habla de que ese menor delincuente es víctima del Estado, pero también el Estado lo que hizo fue quitarles esa potestad a los padres. Estamos caminando en un filo en el cual se está confundiendo la autoridad con el maltrato al menor”.

¿La solución es entonces cárcel efectiva para los adolescentes? Correa responde: “Es que no es ni siquiera pedir cárcel sino que realmente los centros de atención de Bienestar Familiar funcionen, que sirvan para su reincorporación a la sociedad porque es que ni siquiera sabemos cómo funcionan. Adentro de esos centros no hay ni siquiera una fuerza disponible que esté a cargo del menor. En el tema de los adultos, el INPEC es el responsable, pero en los menores es la Policía. Para unas cosas son unos y para otros no. Esa ley hay que fortalecerla. Se está hablando de reincorporación y reinserción a la vida de civil de los menores, pero en realidad, ¿se está resocializando al niño delincuente?, ¿Bienestar Familiar está cumpliendo con su papel y con lo que determinan sus funciones más que la misma ley? La respuesta es no”, enfatizó.

Lo curioso es que, en una reciente intervención de Cristina Plazas, directora de Bienestar Familiar, en la cumbre de alcaldes en Cartagena, reconoció que, si no se hace nada con el problema de la delincuencia juvenil, esos jóvenes conformarán los grupos armados del futuro con los que se tendrá que negociar. “No estamos haciendo lo suficiente como Estado, no hemos tenido una política de familia seria. Desde los siete años están comenzando a delinquir y no estamos tocando esos temas como prioritarios”. En dicho evento, Plazas habló del reforzamiento del programa de escuelas de padres en los colegios públicos, al tiempo que pidió la ayuda a alcaldías y gobernaciones para ampliarlo. “Tenemos que aprender a solucionar los problemas a diario de nuestros hijos. Solo en el momento en que tengamos todos la responsabilidad de garantizar los derechos de los niños vamos a evolucionar como sociedad”, concluyó.