:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/fsiKSoCzjSUCytOtAYar2KTuxbY=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/O5MVKPCG7BE2VMSHB4DR5SY25I.jpg)
“Deseo hacer política de manera abierta y legal”, le dijo en febrero pasado a la revista Semana el jefe de la delegación de las Farc para los diálogos con el gobierno Santos en La Habana, Iván Márquez. Una antesala a la discusión del segundo punto del llamado “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, sobre el cual la sociedad civil tendrá desde este domingo y hasta el próximo martes la oportunidad de dar su punto de vista.
En efecto, el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada de Bogotá será la sede del foro sobre participación política convocado por la Universidad Nacional y la Organización de las Naciones Unidas, como un escenario paralelo a la mesa de negociación de La Habana, en el que se recogerán las propuestas de diversos sectores ciudadanos en torno a lo que puede ser la presencia de las Farc en el panorama político nacional, una vez firmada la paz.
En concreto, se abordarán temas como los derechos y las garantías para el ejercicio de la oposición política en Colombia, teniendo en cuenta los nuevos movimientos que puedan surgir luego de la firma de un acuerdo final de paz, así como el acceso a los medios de comunicación y las medidas para promover una mayor participación de todos los sectores en la política nacional, regional y local, incluyendo a la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con seguridad.
En una entrevista para el portal Confidencial Colombia, Andrés París, otro de los miembros del equipo negociador de las Farc, comenzó a destapar las cartas que pondrá sobre la mesa el grupo guerrillero en lo que respecta a la participación política. Habló, por ejemplo, de la modificación de instituciones y leyes que, según él, restringen la participación de los colombianos en su actividad política. Es decir, las Farc pedirán un nuevo régimen electoral y la reestructuración del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Pero, además, en materia de acceso a los medios de comunicación, París también habló de cambios que permitan la subsistencia de “pequeños esfuerzos que se invierten en unas comunicaciones alternativas y que se ven ahogadas por las posiciones que responden a los monopolios. Dejen expresarse a los colombianos. Colombia no es ese monocolor que expresan en los medios masivos, Colombia es diversa; izquierda, centro, la derecha, tienen distintos matices y eso se tiene que ver los medios”.
Y de otro lado, las Farc propondrán reformas a los partidos y un verdadero estatuto de la oposición que entregue garantías de participación, pues está claro que uno de sus objetivos en caso de concretar acuerdos de paz apunta a “pequeños experimentos democráticos y políticos, de izquierda o de centro”. “No hablamos de la participación en política para los guerrilleros no más. Finalmente, mientras seamos guerrilleros vamos a tener la garantía de las armas y estamos en un escenario de reformas para que esos antiguos guerrilleros tengan posibilidades de participación política”, dijo París.
Un tema clave de cara a la concreción de un acuerdo de paz y que implicará un agudo debate ante la opinión pública. ¿La razón? La eventual participación política pasa por la resolución de las deudas con la justicia que tienen los mandos superiores y medios de las Farc. Si bien el Marco Legal para la Paz, a la hora del trámite de su reglamentación en el Congreso, contempla dar herramientas jurídicas a ese embrollo, aún es algo incierto y las acusaciones por delitos de lesa humanidad pueden ser un obstáculo duro de superar.
El presidente Santos es de los que creen que la justicia no puede ser un obstáculo para la paz, como lo dijo en una entrevista para El País de España. El fiscal general, Eduardo Montealegre, ha dicho que “se le deben entregar alternativas” al grupo guerrillero, entre ellas la participación política, porque “es mejor que acudan a las vías democráticas en vez de la violencia para llegar al poder”. Además, en su concepto, hasta hoy no hay un solo jefe guerrillero que esté condenado por delitos de lesa humanidad.
Posturas contrarias a las del procurador Alejandro Ordóñez, quien ha señalado que no puede haber impunidad y que quienes hayan sido condenados o sean investigados por delitos de guerra o de lesa humanidad no pueden tener derechos políticos. Un debate que volverá a la palestra desde mañana, pues, sea como sea, no hay forma de entender una negociación de paz que no apunte hacia la participación política de quienes dejen las armas.
Por ahora, mientras la Corte Constitucional no dé su concepto sobre el Marco Legal para la Paz y se tramite su reglamentación, ninguno de los miembros de la guerrilla que se encuentran en La Habana tendría esa posibilidad. Tal como están las cosas, el segundo punto del acuerdo marco plantea que “las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana” dependería de una reforma constitucional. Porque, como dice el exgobernador de Nariño y desmovilizado del M-19, Antonio Navarro: “Una paz que no permita a los altos mandos guerrilleros participar en política es innegociable”.