:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/g5G4ndegXblOZmmMLafVqxeJcvs=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/RPKKES7QKVHSPMOFDTPYNZYCBI.jpg)
Con cuatro iniciativas, el Partido Verde, encabezado por la representante Angélica Lozano y la senadora Claudia López, pretenden darle un giro radical a la política ambiental del país. La radicación ante las secretarías generales de Cámara y Senado contó con la participación de delegados de las organizaciones ambientales Green Peace, WWF y reconocidos ambientalistas como Julio Carrizosa, en otros.
El paquete legislativo contiene un proyecto de ley denominado de concertación minera, que apunta a que los proyectos de extracción de recursos no renovables que se encuentran en el subsuelo tengan que contar con el visto bueno de las autoridades locales y regionales, para que sean incluidas en los Planes de Ordenamiento Territorial, de forma que tengan en cuenta la visión de quienes pagan los costos sociales, económicos y ambientales de dichos proyectos.
“En nuestro país los entes territoriales ordenan sobre el suelo, mientras que el sub suelo es de responsabilidad del nivel central. Estamos creando un proyecto de concertación minera que recoge los planteamientos de la Corte Constitucional”, explicó Angélica Lozano. Para la representante este paquete legislativo apunta a que se tracen nuevas normas sobre el manejo ambiental de los recursos naturales. ”Si no actuamos con rigor y seriedad hoy, mañana tendremos graves consecuencias ambientales, sociales y económicas”, señaló.
El segundo proyecto, que ya había sido presentado en el Plan Nacional de Desarrollo pero al final fue eliminado, busca que se exija licencia ambiental para adelantar procesos de exploración y que se cree un espacio de participación de las comunidades locales. “En este proyecto insistimos en la exigencia de la licencia ambiental para la etapa de exploración, porque hoy las empresas pueden perforar sin ningún requerimiento, siendo que esta actividad tiene altos impactos ambientales”, sostuvo la parlamentaria.
El tercero es un proyecto de ley de incentivos verdes y pago por servicios ambientales para que los municipios que le apuesten a la conservación sean compensados. “Muchos municipios tienen zonas de reserva que están siendo vista como un encarte, como algo que impide el desarrollo. Así que lo queremos es que quienes se comprometan con la protección ambiental tengan motivos para hacerlo. Se trata de que quienes vivimos en las ciudades le paguemos a los campesinos que cuidan nuestras cuencas de agua”, concluyó la parlamentaria del Partido Verde.
Y finalmente se radicó un proyecto de autoría del senador Antonio Navarro para que quienes utilicen grandes cantidades de agua en sus actividades comerciales paguen una compensación por su uso. “Hoy todos los usuarios pagamos una tasa muy pequeña por el uso de este recursos. Lo que hace el senador Navarro es un ajuste en los usos industriales para que haya mejor conciencia sobre el uso del agua”, detalló la representante Lozano.