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La Jurisdicción Especial de Paz está próxima a aplicarse. Se trata de la llamada columna vertebral de los acuerdos de paz que, sin embargo, no ha dejado de ser polémica por su contenido. Precisamente, la Comisión Primera del Senado avaló en tercer debate la JEP cuyo foco de discusión sigue siendo el mismo: la forma en la que los integrantes de la Fuerza Pública tendrán que responder por sus crímenes en el marco y con ocasión del conflicto armado.
La premisa principal es básica: el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tiene que aplicarse para procesar a los altos mandos militares por los delitos que cometieron sus tropas. Esa es, al menos, la exigencia que hacen las normas internacionales a las cuales Colombia se ha acogido y la propia fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, se ha encargado de dejar ese punto claro.
No obstante, ni la versión final del acuerdo de paz, ni el acto legislativo de la Jurisdicción Especial de Paz, que pasa a su último debate, hacen referencia a este punto y es allí donde está el meollo del asunto. Según la congresista de la Alianza Verde, Claudia López, no por el hecho de que no se haya incluido taxativamente el artículo 28 del Estatuto de Roma (que reglamenta la responsabilidad de mando), no se podrá aplicar. Y en ese sentido, las advertencias de un tratamiento inequitativo y riesgoso para la Fuerza Pública no son pocas.
“Queremos juzgarlos con penas modestas a cambio de verdad. Lo que les está ofreciendo el presidente Santos es un engaño y un regalo envenenado. Los están exponiendo a que terminen siendo juzgados en la CPI”, dijo la senadora López, quien ha reiterado que el Ministerio de Defensa le está prometiendo a los uniformados que dicha exigencia normativa no se les va a aplicar.
Los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; y de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, defendieron en el debate que el Estatuto de Roma es justicia subsidiaria a la colombiana. Es decir, no podrá entrar a aplicarse hasta tanto no se hayan agotado todas las instancias del derecho interno, para evitar cualquier sombra de impunidad. El problema es que, si no se tienen en cuenta los parámetros exigidos por esta normatividad a la hora de que entre a regir la JEP, no se descarta que la CPI entre a hacer justicia.
“La definición que adopten en última instancia los legisladores tendrá que ajustarse plenamente a la definición establecida en el Estatuto de Roma”, advirtió en enero pasado la fiscal Bensouda, antes de que el Congreso entrara a reglamentar la justicia transicional que procesará a guerrilleros, agentes del Estado, incluidos miembros de la Fuerza Pública. Además, de terceros civiles involucrados con la comisión de delitos relacionados con el conflicto armado.
El procurador podrá participar en los juicios de la JEP
Otro de los puntos que también ha levantado callos tiene que ver con el reclamo que hizo el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, de ver excluida la participación del Ministerio Público en los procesos que se adelanten al interior de la JEP.
Incluso, esa protesta escaló hasta la Casa de Nariño, en la que tuvo que mediar el presidente Juan Manuel Santos. “Yo entiendo que la Procuraduría quiera estar presente, es natural, pero no está dentro de los acuerdos. Acordamos que la Procuraduría no debe estar presente y no hay ninguna necesidad para que esté presente”, dijo el jefe de Estado hace apenas algunas semanas.
Sin embargo, el acto legislativo aprobó que sí estuviera presente, pero bajo la condición de que su presencia fuera requerida por los propios magistrados. En todo caso, resta un debate en la plenaria del Senado de la República, donde se dará la discusión definitiva.
De no hacerse los respectivos cambios que sugieren algunos legisladores, la misma senadora Claudia López, una de las coordinadoras ponentes de la JEP, será la que acuda a la CPI a pedir que intervenga por el presunto irrespeto del Gobierno a las normas internacionales. De hecho, no se descarta que en la plenaria del Senado se vuelva a solicitar que se incluya taxativamente que el Secretariado de las Farc también debe tener responsabilidad de mando.