Con la paz, a bajar gastos en esquemas de protección

Es apenas lógico que el Gobierno inicie un proceso de reingeniería institucional luego de la firma del acuerdo final de paz con las Farc. En ese sentido, aunque todavía es muy temprano para declarar una Colombia en condiciones plenas de seguridad, la tarea de reacomodo del Estado inició por un revolcón en la política de los servicios de protección personal y escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) del Ministerio del Interior.

Casi una semana después de haberse confirmado que se cerraron las negociaciones en La Habana (Cuba), el Gobierno ya confirmó que comenzó un proceso de revisión de todos los esquemas de protección. Inevitablemente, en un escenario de paz con la guerrilla, será necesario el desmonte de los esquemas de seguridad de muchos ciudadanos que cuentan con medidas especiales de protección que pasarán a ser casi innecesarias.

Aunque desde hace dos años se empezó el desmonte paulatino de los primeros esquemas, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que con los avances hacia la paz con las Farc se debe racionalizar la inversión del Estado en costos de protección. “No podemos seguir sin focalizar ese gasto de la mejor forma posible, tanto en las poblaciones afectadas por inseguridad como en las zonas donde ya son mejores las condiciones”, sostuvo.

A propósito de la discusión sobre los recursos que el Estado invierte en los esquemas de seguridad, ayer en un debate en el Congreso se conocieron las elevadas cifras sobre el tema. Anualmente, de acuerdo con el senador Hernán Andrade Serrano, el Gobierno debe destinar para la UNP medio billón de pesos para mantener los dispositivos de seguridad a 9.300 personas en todo el país, sin contar el presupuesto que es destinado para el mismo fin en la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía.

Sin embargo, algo que ha quedado claro es que el pie de fuerza de la UNP será fortalecido con excombatientes de las Farc. Dentro del acuerdo de protección que se acordó en Cuba, el Estado –tal y como sucedió en el proceso de paz con el M-19- pasó a permitir la reincorporación laboral de algunos integrantes de la guerrilla a través de su vinculación a la UNP para sumarse a los esquemas de seguridad de los mandos medios y la cúpula de la subversión.

Ahora bien, al margen de la decisión del Gobierno de reducir los esquemas, lo cierto es que ya hay quienes piden mantener como regla inamovible la disposición de garantizar la protección no sólo de las Farc, sino también de todos los líderes sociales y defensores de derechos humanos para que la paz sea en realidad estable y duradera, como lo prometió el presidente Juan Manuel Santos. En los primeros seis meses de este año fueron asesinados 35 defensores, lo cual mantiene prendidas las alarmas en muchos sectores por los riesgos para la paz con estos homicidios.