La paz después de la crisis

Tras la propuesta del Gobierno de ponerle plazos perentorios a la negociación de La Habana, el margen de maniobra se va reduciendo para el Estado y las Farc. Sin embargo, existen fórmulas para no perder la esperanza.

Camilo Segura Álvarez
19 de abril de 2015 - 09:14 a. m.
El presidente Santos dijo el viernes en el Cantón Norte que la paciencia “se está acabando”. Presidencia
El presidente Santos dijo el viernes en el Cantón Norte que la paciencia “se está acabando”. Presidencia

Luego del ataque de las Farc en Buenos Aires (Cauca), en el que murieron 11 militares, las conversaciones entre esa guerrilla y el Gobierno afrontan una crisis que marca un punto de inflexión en la ruta para ponerle fin al conflicto. La respuesta del presidente Juan Manuel Santos, de levantar la suspensión de bombardeos contra campamentos guerrilleros y hablar de plazos perentorios para llegar a un acuerdo final, mueve el tablero de la mesa de La Habana (Cuba) y, sobre todo, deja una tarea para ambas partes: las conversaciones, en este punto, ya no resisten la guerra, y es urgente buscar opciones certeras para silenciar los fusiles.

Cuando el Gobierno anunció que se sentaría a negociar el fin del conflicto, en 2012, advirtió como principio de la mesa de conversaciones que la confrontación continuaría hasta que se produjera un acuerdo final de paz. Paso a paso, ese principio se fue consolidando. Pero, precisamente, han sido dos actos de guerra los que han puesto en jaque la mesa de La Habana. El primero fue el secuestro del general Rubén Darío Alzate, de otro militar y el de un civil, en noviembre de 2014. Santos suspendió los diálogos y, sin mayor demora, las Farc respondieron con una liberación en la que participaron directamente varios de sus negociadores en Cuba.

De ahí en adelante llegaron noticias que hicieron especular a los opinadores sobre un punto de no retorno en las conversaciones. La guerrilla anunció en diciembre pasado una tregua unilateral indefinida, luego prometió entregar a 13 niños menores de 15 años que están en sus filas y pactaron con el Gobierno un plan piloto de desminado humanitario en zonas donde el conflicto es de baja intensidad.

En respuesta a la tregua, el Gobierno suspendió los bombardeos contra campamentos guerrilleros. Una decisión que, sumada a la salida transitoria del general (r) Jorge Enrique Mora de la mesa de conversaciones para hacer pedagogía sobre el proceso en los cuarteles, provocó críticas en las Fuerzas Armadas. Las incomodidades fueron gestionadas a través de los oficiales de la reserva y Santos “habló en todos los idiomas” para explicar que Mora seguía siendo plenipotenciario en Cuba.

No pasó mucho tiempo cuando explotó la segunda crisis: el ataque en el que cayeron 11 uniformados, el martes pasado ha puesto a tambalear la mesa y a las partes. Aunque la guerrilla niega que haya sido una acción ofensiva, el mismo Santos habló de un “ataque deliberado” y la indignación fue colectiva. Más allá del dolor que produce, la muerte se politizó. Para los críticos de la negociación no fue suficiente que el presidente haya ordenado la reanudación de los bombardeos y, además de criticar a las Farc y al mismo proceso, aprovecharon para enfilar baterías contra el Ejecutivo por, supuestamente, “traicionar” a las Fuerzas Militares.

El Gobierno, primero a través del vicepresidente Germán Vargas Lleras y del ministro Juan Fernando Cristo, habló de que la paciencia de los colombianos alrededor del proceso se estaba acabando y que, en consecuencia, era necesario establecer plazos para la firma de un acuerdo final. “Llegó la hora de acabar la guerra, la paciencia se nos agota, hay que ponerle plazos a este proceso. Me uno a todas esas voces que hoy desde distintos rincones de la patria están diciendo: no más Farc, no más violencia”, sentenció el propio Santos el pasado viernes.

El presidente no dijo si los plazos se establecerían de común acuerdo con la guerrilla o si los impondría unilateralmente, pero sí recibió espaldarazos de la Unidad Nacional, el conservatismo y hasta del propio uribismo. La tormenta política amainó en Colombia, pero, sin dudas, tendrá sus efectos en Cuba. Al cierre de esta edición, la guerrilla no le había respondido a Santos, pero, desde sus pronunciamientos posteriores a la tragedia del Cauca, se puede inferir su postura. Llamaron a la calma y advirtieron, en voz de Pablo Catatumbo, que “es hora de reflexiones serenas y no de decisiones belicistas”.

Desde el inicio de las negociaciones las Farc han dicho que para la paz no puede haber plazos. Pero, más allá de esa postura, las partes saben que otro hecho como el del martes será difícil de tragar para una sociedad que, aunque asimiló como pasos positivos la tregua y los anuncios de desaceleración de la confrontación, está hastiada de contar muertos. Está claro, también, que la percepción de que la guerrilla violó su compromiso de no atacar minó la confianza en una tregua que por más efectiva que haya sido hoy no tiene el mismo peso simbólico. Ese es el motivo para buscar fórmulas de llegar pronto al cese definitivo de la guerra.

Las Farc piden un cese bilateral del fuego, pero el Gobierno no está dispuesto a renunciar a sus deberes constitucionales de control del territorio. En ese contexto, la fórmula para evitar más bajas, de los dos lados, pasaría por la concentración de las tropas guerrilleras bajo la verificación de un organismo o fuerza que represente confianza para las partes sin que, por ello, las Fuerzas Militares dejen de lado su deber legal. Un camino que ya ha propuesto el uribismo y que hoy, así les cueste ceder milímetros en la política a Santos y a las Farc, es una luz al final de la miseria que ofrece la inercia de la guerra.

 

Por Camilo Segura Álvarez

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