:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/ogZ7zW3fQa7wessx8DrAhJsvfMw=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/J554O7AEIBCXROJUPT4HMAR4YY.jpg)
La expectativa está centrada hoy en las elecciones legislativas del domingo. Pero la mesa de diálogos entre el Gobierno y las Farc también trabaja con intensidad, porque otro momento crucial está cerca. Como en la antesala del acuerdo agrario de mayo de 2013 o el pacto de participación política de diciembre, las tensiones evidencian que un nuevo arreglo está por llegar. La guerrilla renovó negociadores y se especula con el rol de Fabián Ramírez en la discusión sobre drogas ilícitas. Pero una vez más la duda es la misma: ¿Y Estados Unidos?
“Si hay tanto interés del Gobierno en la bendición de Estados Unidos, las Farc insisten en que se viabilice la participación de un representante del gobierno de este país en el proceso de conversaciones”, expresó este viernes la delegación de las Farc, en un comunicado en el que criticó lo que denominó “el siniestro rostro de la alianza geopolítica entre Washington y Bogotá”, a propósito de la agenda del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Todo enmarcado en la discusión del momento: la solución al problema de las drogas ilícitas.
Entre tanto, a instancias de la reunión que sostuvo esta semana la canciller María Ángela Holguín con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quedó claro que esa vinculación requerida por las Farc no está muy lejos. “Creemos que atender temas como la restitución de tierras es absolutamente esencial para una paz duradera”, expresó el alto funcionario norteamericano al anunciar una inversión de US$15 millones, en los próximos cuatro años, para “apoyar a algunas de las regiones más afectadas por el conflicto armado”.
En el trasfondo de estas declaraciones se advierte que Washington está más cerca de lo que se cree al proceso de paz entre Gobierno y Farc, y que esta proximidad puede ser determinante si se concreta un buen convenio en el cuarto punto de la agenda para la terminación del conflicto —tercero en discusión— sobre la solución al problema de las drogas ilícitas. Sólo que este dilema depende de que el acuerdo conduzca a una reducción significativa de la producción de cocaína en Colombia, labor en la que las Farc pueden cumplir un papel decisivo.
Eso explica la presencia en La Habana del comandante del bloque Sur de las Farc, José Benito Cabrera Cuevas, alias Fabián Ramírez, de quien se sabe que desde abril de 2005 tiene imputaciones de la justicia norteamericana por apoyo al narcotráfico, e incluso un hermano suyo, Erminso Cuevas, alias Mincho, fue extraditado a Estados Unidos en 2007 por la misma causa. Sin embargo, es también el comandante de las Farc que más ha avanzado en la búsqueda de una salida expedita al tema de los cultivos de uso ilícito.
Cabe recordar que en marzo de 1999, en desarrollo del proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc, fue Fabián Ramírez el gestor e impulsor de la propuesta formulada por la guerrilla para crear un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en Cartagena del Chairá (Caquetá). Una idea encaminada a generar inversión social en las áreas de conflicto y siembra de coca, a través del concurso de coordinadores municipales, agrónomos expertos e inversionistas nacionales y extranjeros.
Sin embargo, la situación jurídica de Fabián Ramírez y de otros de los jefes de las Farc no es fácil frente a Estados Unidos, por el manido tema de la extradición, un asunto en el que el gobierno Obama no quiere comprometerse por aquello de la independencia del poder judicial. Una piedra en el zapato que, según fuentes consultadas por El Espectador, podría resolverse si existe un compromiso de las Farc de contribuir al desmonte de las redes de narcotraficantes, testaferros, lavadores y demás eslabones del negocio ilícito.
Las Farc han insistido en que el problema de las drogas responde a un negocio corporativo transnacional, propio del capitalismo, que no fue inventado por ellos. “No teníamos ni el derecho ni la vocación de volvernos contra la población con miras a prohibirle la única alternativa de la que se derivaba su pírrica subsistencia. Nos vimos obligados a establecer un régimen de tributación y de regulación a las transacciones realizadas por los campesinos”, es la explicación que en su momento dio al país Timoleón Jiménez, alias Timochenko.
No obstante, Estados Unidos cree otra cosa por los dictámenes de su justicia, a pesar de que el secretario de Estado, John Kerry, desde hace un año advirtió la disposición de Washington a apoyar cualquier negociación de paz en Colombia, siempre y cuando “fortalezca la democracia, el imperio de la ley y los derechos humanos”. En otras palabras, si se logra un buen acuerdo de solución al tema de las drogas ilícitas, se puede dar un paso clave en el proceso de paz de La Habana, sin que deje de pesar el fantasma de la extradición.
Por ahora la prioridad es la conformación del Congreso, pero el país político sabe que el principal reto de los elegidos el próximo domingo será precisamente el soporte jurídico del proceso de paz en La Habana, y en la actualidad el éxito de esta negociación pasa por solucionar el tema de las drogas ilícitas, asunto que está íntimamente ligado a cómo Estados Unidos puede pasar la página de las Farc, de la misma manera como la sociedad colombiana librará su propia batalla para dejar atrás un conflicto armado de más de medio siglo.