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El presidente Juan Manuel Santos desestimó las denuncias que han hecho diversos periodistas y medios de comunicación en el sentido de que la cifra de muertes de menores de edad pertenecientes a la etnia wayuu por inanición, en los últimos cinco años, ronda entre los 4700 y 5000 casos.
“Las cifras oficiales señalan que en los últimos ocho años se han registrado cerca de 294 casos. Suponiendo un subregistro grande, el Dane estima que la cifra puede subir a 425 casos en ocho años. La cifra que aquí se circuló en el año 2014, o sea el año pasado, fue de 48 casos. Por eso me dicen los que realmente tiene por qué saber, que tienen las cifras objetivas –son los grandes validadores–, que esa cifra que ha circulado de 5 mil casos es imposible; eso no tiene ningún asidero”. Así lo aseguró el primer mandatario este lunes en la constitución de ‘La alianza por la vida y el agua en La Guajira’ en Riohacha, capital de ese departamento.
La versión de Santos fue secundada por el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien señaló que “efectivamente, lo que prendió la alarma social en La Guajira fue el incremento inusitado, que según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud, encontramos en 2013 y 2014. En el 2013 se presentaron 26 muertes por desnutrición. Si lo comparamos con el 2014, llegamos a 48, casi más del 90 por ciento de incremento. Eso prendió las alarmas de muchas instituciones, entre ellas de la Defensoría del Pueblo y en lo que va corrido del año, según esa misma institución, llevamos 11 muertes de niños por desnutrición”.
Sin embargo, el mismo presidente Juan Manuel Santos, hace apenas meses, en respuesta a las diversas denuncias en los medios de comunicación que señalaban que no había censos sobre la población infantil en La Guajira y su estado de salud, impartió la orden al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Ministerio de Educación, entre otras instituciones, de hacer unos censos en la región.
La polémica sobre las cifras coincide con la llegada del caso del río Ranchería a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este momento, corre el tiempo para que el Estado colombiano haga sus descargos frente a una petición elevada con el respaldo del Consultorio Jurídico de la Universidad de Bogotá ‘Jorge Tadeo Lozano’ ante el organismo internacional, para que cese el uso industrial que hace la mina de El Cerrejón sobre el agua de ese río.
El argumento es que debe preservarse el derecho a la vida pues, antes que otro uso, el líquido debe llegar a las comunidades indígenas de la alta Guajira donde, precisamente, se han concentrado las muertes de los menores. Hoy, ninguna institución, ni local ni nacional, ha certificado que la desviación del río esté relacionada directamente con las muertes de los menores, ni ha emitido sanciones de peso contra los casos de desviación de recursos que se han presentado en instituciones como el Icbf, que tiene a su cargo la protección de los menores. Mientras la discusión se centra en las cifras, la llegada del Estado a la región sigue a paso lento. Aunque sean 48 las muertes de menores, una que ocurra ya es preocupante.