Un estudio de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), realizado a 665 personerías del país seleccionadas de una muestra representativa, según la categoría de los municipios y con representación en todos los departamentos, revela que el 95,48 % de estas entidades tiene entre uno y tres funcionarios (algo entendible, pues la mayoría pertenecen a municipios pequeños), muchas de ellas no tienen sede propia, sus equipos y mobiliario son insuficientes y no cuentan con áreas adecuadas para la atención al público. Un diagnóstico preocupante, teniendo en cuenta el papel clave que ya vienen desempeñando de cara al posconflicto.
El 80 % de las declaraciones de víctimas, como parte de las medidas de justicia transicional y frente a los procesos de reparación, han sido recibidas por las personerías. Y se estima que han atendido más de 6.000 casos por restitución de tierras, más de 13.700 de víctimas de las bacrim, más de 174.000 por desplazamiento forzado, más de 42.600 por amenazas y más de 4.600 quejas por reclutamiento forzado. A ellos se suman la atención frente a 4.600 casos por violencia sexual, 10.200 quejas por extorsión, 16.900 casos por atentados, hostigamientos y combates, 3.900 casos por microtráfico y 1.400 quejas por minería ilegal.
“Las personerías no pueden seguir viviendo de la limosna y es necesario que se materialice su importancia de cara al posconflicto. Necesitamos una gran reforma que las fortalezca de verdad y que acabe de una vez por todas con las limitantes presupuestales”, asegura Andrés Santamaría, presidente de Fenalper. En este sentido, el estudio concluyó que el mayor reto planteado por las personerías es la consecución de recursos financieros. “Se requiere una inversión por parte del Gobierno Nacional en materia de adecuación de las sedes y equipos de estas instituciones”, señala el diagnóstico.
Por ejemplo, de las 665 personerías encuestadas, el 90 % manifestó no tener sede propia y en lo referente al estado de las sedes, sin importar si son propias o en alquiler, se percibe que el 43 % de estas se encuentra en buen estado, el 45 % en estado regular y un 12 % en mal estado. Por otra parte, de manera general, según la encuesta aplicada, se requiere aumentar la dotación de computadores de escritorio en un 62 %, los computadores portátiles en un 160 %, los escáneres en un 175 %, los faxes en un 173 %, las fotocopiadoras en un 633 %, las impresoras en un 79 % y las impresoras multifuncionales en un 94 %.
El año pasado, Fenalper y la Procuraduría trataron de impulsar en el Congreso un proyecto de ley que apuntaba precisamente al fortalecimiento de las personerías. Además, de simplificar las tareas, centrándolas en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y la atención a las víctimas; la lucha contra la corrupción y la promoción de la participación ciudadana, se buscaba también darles autonomía administrativa y presupuestal. La iniciativa no tuvo el respaldo del Ministerio de Hacienda y ni siquiera se discutió.
“Hemos sido aliados del presidente Santos, hemos trabajado en armonía, pero la gran verdad es que nadie en el alto gobierno se la ha jugado por las personerías y no han entendido su gran valor, ahora que se está hablando de paz”, enfatiza Santamaría. El diagnóstico, estas preocupaciones y, sobre todo, el análisis del papel de los territorios en la reconciliación y una nueva cultura de paz, serán los ejes de la Asamblea de Fenalper que se realizará la próxima semana en Cartagena, los días 3 y 4 de diciembre, en cuyo programa está incluido el foro “El papel de los territorios y su gente en la consolidación de la paz”, con el apoyo de El Espectador.