La perspectiva uribista de la paz

Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático. / Archivo particular

Samuel Hoyos, representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, radicó ayer un proyecto para reformar el Marco Jurídico para la Paz. La iniciativa pretende endurecer los mecanismos de justicia transicional con los que el Gobierno busca facilitar la reinserción de las guerrillas a la vida civil luego de un acuerdo para darle fin al conflicto.

Con el proyecto, la modificación más importante que lograría el uribismo, que se ha opuesto a los términos en los que está planteado el Marco, es que no habría otro camino que la cárcel para quienes sean identificados como máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
También, si es que llegara a ser aprobada, esta modificación obligaría a repensar algunos de los principios fundamentales con los que actualmente se negocia con las Farc en La Habana (Cuba). Por ejemplo, los grupos armados ilegales no estarían obligados a dejar las armas, sino a entregarlas, una tesis que ha sido negada de tajo por la comisión negociadora de la guerrilla.

“Si en realidad las Farc, están empeñadas en llegar a un acuerdo, es urgente introducir una modificación constitucional para ajustar el Marco Jurídico para la Paz en relación con los estándares internacionales”, sostuvo Hoyos al radicar el proyecto. En síntesis, la argumentación uribista indica que, para evitar que una vez se firme un acuerdo de paz intervenga la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es necesario garantizar que quienes estuvieron en armas y son responsables de crímenes de extrema gravedad, estén tras las rejas.

En ese sentido, el uribismo pretende eliminar la posibilidad de que, mediante una ley estatutaria, el Congreso establezca “los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena”.

Sin embargo, es poco probable que la reforma propuesta por Hoyos pase en el Congreso. Primero, porque el Centro Democrático no goza de mayorías y, siendo la paz el proyecto clave a desarrollar en el cuatrienio por la Unidad Nacional, es difícil que algunos de los oficialistas cambien de parecer respecto al Marco aprobado en 2012.

Segundo, porque todavía hace falta que el Gobierno impulse en el Legislativo las cuatro leyes estatutarias que se necesitan para reglamentar el Marco Jurídico y que, seguramente, tendrán como base las discusiones que se desarrollan actualmente en La Habana. Será en esas discusiones donde el Centro Democrático hará la oposición más fuerte a las tesis del Ejecutivo que pretenden una alternatividad penal para guerrilleros desmovilizados.

La polémica está planteada y, aunque las Farc han dicho que desconocen el Marco para la Paz como la herramienta jurídica para garantizar su inserción a la sociedad, les es más favorable el articulado que ya fue aprobado, en comparación con la rigidez que propone Hoyos.