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Política 15 Jun 2013 - 9:00 pm

Entrevista con la abogada Tatiana Londoño

'Petro es inteligente y está haciendo lo que puede'

La hija de Fernando Londoño y procuradora delegada para los Derechos Humanos responde a quienes la acusan de la presunta persecución contra el alcalde de Bogotá.

Por: Norbey Quevedo Hernández/ Hugo García Segura
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Para Tatiana Londoño, una paz con impunidad es una paz temporal. / Óscar Pérez - El Espectador

Abogada de la Javeriana con especialización en Derecho Administrativo y maestrías en Seguridad y Defensa Nacional y en Derecho Internacional, con certificado en Derechos Humanos, Tatiana Londoño, la hija del exministro Fernando Londoño, acaba de asumir como procuradora delegada preventiva en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos.

Llegó en 2010 al Ministerio Público, a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, cargo en el que tuvo que ver con las recomendaciones hechas al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el tema del nuevo sistema de recolección de basuras, lo que ha dado para acusaciones de estar detrás de la supuesta persecución contra el mandatario.

En diálogo con El Espectador e insistiendo constantemente que habla a título personal, Tatiana Londoño responde a dichos señalamientos y se refiere al proceso de paz con las Farc, al presidente Santos —del que fue asesora cuando estuvo en el Ministerio de Defensa—, al expresidente Uribe y, claro, a su padre.

¿Cómo llegó a la Procuraduría?

En 2010. Un año antes había estado como asesora del entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos y después me fui a estudiar a la Universidad de Georgetown. Mi compañera de habitación era Ana María López, pariente del procurador Alejandro Ordóñez, y yo le dije que lo admiraba, que me moría de ganas de trabajar con él y que me consiguiera una cita para contarle de mi vida y de mi experiencia laboral. Así fue y desde ese momento acordamos que cuando me graduara sería su asesora en derechos humanos.

¿Y qué le admira exactamente?

Es uno de los mejores juristas del país, una persona recta que sigue sus convicciones personales y cumple su trabajo apegado a la ley, con garantías y transparencia.

Pero hay gente que no piensa igual...

En el sector público es difícil complacer a todo el mundo. A él lo han atacado mucho por sus convicciones personales, pero yo veo que la labor que ha hecho ha estado al margen de eso.

¿Qué tan cercanos son el procurador y su padre?

Son conocidos desde hace muchos años. Tienen una buena relación personal.

¿Usted es de filiación conservadora?

Por el tema familiar muchos piensan que soy conservadora, pero soy más liberal.

¿Por qué hay quienes la culpan del proceso disciplinario contra el alcalde Gustavo Petro por el sistema de aseo?

En la Oficina Delegada para la Vigilancia de la Función no llevábamos a cabo investigaciones, sino que hacíamos recomendaciones jurídicas, especialmente en la contratación estatal, que las entidades, bajo su propia autonomía y responsabilidad, decidían si las acogían o no. Dicen que estoy destituyendo al alcalde Petro y la verdad es que nosotros hicimos el acompañamiento preventivo por varias quejas que llegaron a la Procuraduría.

Pero ustedes hicieron unas recomendaciones…

En su momento presentamos un documento de recomendaciones jurídicas al Distrito, especialmente a la Uaesp, para que ellos miraran dentro de su propia autonomía el modelo del aseo. Eso fue público y fueron temas como decirles que revisaran la ley de servicios públicos. Ahora, independientemente del acompañamiento preventivo, nos tocaba darle traslado de las quejas presentadas por la ciudadanía al operador disciplinario, que es el que determina si hay méritos para abrir o no una indagación preliminar.

¿De quiénes fueron las quejas?

De ciudadanos comunes y llegaron muchas de concejales.

¿Y el Distrito acogió dichas recomendaciones?

El que se haga una recomendación y no se cumpla, no necesariamente quiere decir que haya falta disciplinaria, porque puede que la entidad pública sustente por qué no está de acuerdo. Eso hizo la Alcaldía.

¿De dónde cree que vienen esos señalamientos en su contra?

De aquellos que no conocen cuál fue la función que hice. De hecho, el alcalde Petro vino acá dos días después de entrar en funcionamiento el nuevo esquema del aseo, a contarnos sobre sus decisiones.

En lo personal, ¿qué piensa de Petro?

Trabajé en el Congreso como asistente de la senadora Marta Lucía Ramírez, cuando él estaba allí. Me parece un hombre muy inteligente y sus retos son grandes, pues administrar Bogotá no es fácil.

¿Cómo cree que lo está haciendo?

Está haciendo lo mejor que puede.

Como delegada para los derechos humanos de la Procuraduría, ¿qué piensa del proceso de paz con las Farc?

Es muy importante que en Colombia haya paz, pero se debe respetar el derecho internacional, que no es algo que está en el aire. Por el contrario, es algo vigente que los estados deben acatar con la premisa de que no haya impunidad. Lo que el derecho internacional exige es que haya castigo judicial a quienes cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad. No estamos pidiendo cadena perpetua o 40 años de cárcel, la sentencia se puede aligerar a cambio de que haya paz, pero lo claro es que tiene que haber algún tipo de castigo penal, de lo contrario las víctimas van a quedar insatisfechas y van a tratar de tomar la justicia por sus propias manos.

Va a ser difícil cuando las Farc han dicho que no están dispuestas a pagar un solo día de cárcel…

Lo que pasa es que la justicia transicional se hizo para períodos de posconflicto. Como lo vemos nosotros, y lo hemos analizado con el señor procurador, la justicia transicional tiene algunos límites, que son que, sobre todo para los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, tiene que haber algún tipo de castigo penal, porque si no, se podría activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. No se puede hacer un proceso de paz con las Farc diciéndoles que se desmovilicen para que después venga la Corte y los pida en extradición para cadena perpetua.

¿Y entonces cuál es el punto medio?

Esperamos que se logre negociar algún mecanismo de justicia transicional que cumpla con los estándares del derecho internacional. Nosotros somos los más interesados en que haya paz. A mi familia la han señalado de guerrerista, cuando a mi papá le pusieron una bomba lapa y vivimos amenazados.

¿Debe cambiar entonces de posición el fiscal Eduardo Montealegre?

El fiscal tiene su posición y es respetable. Hay unas diferencias de interpretación jurídica con el procurador Ordóñez, pero aunque muchos lo han llevado a un tema personal entre los dos, no es así. El fiscal ha tildado al procurador de anticuado en sus tesis jurídicas y a mí me parece que el anticuado es él, pues era antes que en la justicia transicional se permitía todo en aras de un acuerdo de paz. Desde el Estatuto de Roma se establecen unos límites, cuando el derecho antiguo hablaba de amnistías para todo mundo.

¿Cree que esa justicia transicional debe cobijar a los miembros de la Fuerza Pública?

El procurador ha manifestado que se les puede involucrar, pero eso es una decisión política que debe tomar el Congreso. Jurídicamente se puede, el derecho internacional lo permite.

‘No siempre pienso como mi padre’

Es amiga del presidente Uribe?

No. Coincido con él en algunos espacios, pero no soy su amiga.

¿Qué piensa del duro choque que tiene con el presidente Santos?

Que no es sano. Si bien es bueno que haya una oposición política, sin importar de dónde venga, ésta hay que mantenerla con altura.

¿Cómo es la relación con su padre, Fernando Londoño?

Lo admiro mucho, sobre todo por la manera como defiende sus ideas. Pero déjenme decirles que no todas las ideas suyas son las mías. Tenemos grandes diferencias.

¿Como cuáles?

Lo convencí de que en Colombia sí hay un conflicto armado. O en el tema de los falsos positivos, él ha sido uno de los abanderados de dudar que se hayan dado y yo en esa época trabajaba con el entonces ministro Santos y supimos que sí los hubo y que no se puede tapar el sol con un dedo. No son todos los casos, pero tristemente se dieron.

¿Por qué hay quienes le han endilgado la responsabilidad en el proceso disciplinario contra el alcalde Gustavo Petro por el sistema de aseo?

Desde la Oficina Delegada para la Vigilancia de la Función Pública nuestra naturaleza era preventiva. Nosotros no llevábamos a cabo investigaciones sino que vigilábamos toda la función pública, especialmente en el tema de contratación estatal, y hacíamos recomendaciones jurídicas, aunque la entidades, bajo su propia autonomía y responsabilidad, decidían si las acogían o no. Últimamente han dicho que estoy destituyendo al alcalde Petro y la verdad es que nosotros llevamos el acompañamiento preventivo por varias quejas que llegaron a la Procuraduría.

Pero ustedes hicieron unas recomendaciones…

En su momento presentamos un documento de recomendaciones jurídicas al Distrito, especialmente a la UAESP, para que ellos miraran dentro de su propia autonomía el modelo del aseo. Eso fue público y son simplemente recomendaciones, como por ejemplo, decirles que revisaran la ley de servicios público o que sustentaran algún tema. Normalmente, cuando la Procuraduría hace recomendaciones, las entidades las cumplen y se pueden subsanar muchos temas. Independientemente del acompañamiento preventivo, nos tocaba darle traslado de las quejas presentadas por la ciudadanía al operador disciplinario, que es el que determina si hay méritos para abrir o no una indagación preliminar.

¿De quiénes fueron las quejas?

De ciudadanos comunes y llegaron muchas de concejales.

Y hechas las recomendaciones, ¿el Distrito hizo o no caso?

El que se haga una recomendación y no se cumpla, no necesariamente quiere decir que haya falta disciplinaria porque puede que la entidad pública sustente por qué no está de acuerdo que se le hizo. Eso hizo la Alcaldía.

¿De dónde cree que vienen esos señalamientos en su contra?

De aquellos que no conocen cuál fue la función que hice. De hecho, el alcalde Petro vino acá dos días después de entrar en funcionamiento el nuevo esquema del aseo, a contarnos sobre sus decisiones.

En lo personal, ¿qué piensa del alcalde Petro?

Trabajé en el Congreso como asistente de la entonces senadora Marta Lucía Ramírez cuando él estaba allí y me parece un hombre muy inteligente y sus retos son grandes, pues administrar Bogotá no es fácil.

¿Cómo cree que lo está haciendo?

Está haciendo lo mejor que puede.

Como delegada para los derechos humanos del Ministerio Público, ¿qué piensa del proceso de paz con las Farc?

Es muy importante que en Colombia haya paz, pero se debe respetarse el Derecho Internacional, que no es algo que está en el aire. Por el contrario, es algo vigente que los estados deben acatar con la premisa de que no haya impunidad. Lo que el derecho internacional exige es que haya castigo judicial a quienes cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad. No estamos pidiendo cadena perpetua o 40 años de cárcel, la sentencia se puede aligerar a cambio de que haya paz, pero lo claro es que tiene que haber algún tipo de castigo penal, de lo contrario las víctimas van a quedar insatisfechas y van a tratar de tomar la justicia por sus propias manos. Una paz con impunidad es una paz temporal, es la semilla de un futuro conflicto.

Va a ser difícil cuando las Farc han dicho que no están dispuestas a pagar un solo día de cárcel y el fiscal general ha dicho que eso se puede conciliar en aras de la paz…

Lo que pasa es que la justicia transicional se hizo para períodos de posconflicto. Como lo vemos nosotros y como lo hemos analizado con el señor procurador, la justicia transicional tiene algunos límites y esos límites son que, sobre todo para los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, tiene que haber algún tipo de castigo penal, porque si no se podría activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que tiene la posibilidad de entrar cuando hay impunidad. No se puede hacer un proceso de paz con las Farc diciéndoles que se desmovilicen para que después venga la Corte y los pida en extradición para que paguen cadena perpetua.

¿Y entonces cuál es el punto medio? Porque desde esa perspectiva nunca será posible la paz…

Esperamos que se logre negociar algún mecanismo de justicia transicional que cumpla con los estándares del derecho internacional humanitario. Nosotros somos los más interesados en que haya paz. A mi papá y a mí nos han señalado de guerreristas. A mi papá le pusieron una bomba lapa y vivimos amenazados.

¿Y si, como dice el fiscal general, ningún comandante de las Farc tiene condenas por delitos de lesa humanidad?

Lo que pasa es que los crímenes de lesa humanidad son los que se cometen como parte de un ataque sistemático generalizado contra la población civil. Y personalmente, estoy convencida que desde esa perspectiva, las Farc sí han cometido crímenes de lesa humanidad.

¿En qué cree que debe cambiar de posición el fiscal Montealegre?

El fiscal tiene su posición y es respetable. Hay unas diferencias de interpretación jurídica con el procurador Ordóñez, pero aunque muchos lo han llevado a un tema personal entre los dos, no es así. En temas de interpretación jurídica siempre se presentan diferencias cuando las personas están en orillas diferentes y los dos son apasionados a la hora de defender sus posiciones. Por ejemplo, el fiscal ha tildado al procurador de antiguado en sus tesis jurídicas y a mí me parece que el anticuado es él pues era antes que en la justicia transicional se permitía todo en aras de un acuerdo de paz. Nosotros pensamos que desde el Estatuto de Roma se establecen unos límites y es que haya justicia retributiva, es decir, la que castiga los crímenes internacionales. El derecho antiguo hablaba de amnistías para todo mundo e incluso hubo algunas que se hicieron en América Latina para dictadores se revocaron después.

¿Cree que esa justicia transicional debe cobijar a los miembros de la Fuerza Pública?

El procurador ha manifestado que se les puede involucrar, pero eso es una decisión política que debe tomar el Congreso. Jurídicamente se puede, el derecho internacional lo permite.

¿Cuál es su visión de la reforma al fuero penal militar, cuando muchas organizaciones de derechos humanos han dicho que abre la puerta a la impunidad?

La Procuraduría se pronunció a favor de que la justicia militar sea la que conozca los temas de los crímenes de guerra, todo dentro de lo que quedó establecido en el acto legislativo. Ahora lo que hay es una ley estatutaria y nosotros tenemos que estar atentos como Procuraduría para que se respete lo que quedó en el acto legislativo, como por ejemplo que los llamados falsos positivos deben ser asumidos por la justicia ordinaria.

¿Cómo ve el gobierno del presidente Juan Manuel Santos?

Me parece que tiene un equipo muy bueno, con unas personas muy competentes, y los retos de sacar adelante el proceso de paz y no dejar que se retroceda en seguridad son enormes. Creo que los está enfrentando de buena manera.

¿Le han ofrecido meterse a la política electoral, ser candidata a algo?

Me han ofrecido por ahí, pero yo soy más tecnócrata. Amo el derecho y me gusta ser funcionaria y veo el tema de la política muy complicado, por el manejo de la gente.

¿Y no la han tentado del Ejecutivo?

Sí me han llamado, pero por ahora quiero cumplir mis funciones aquí y ya después veremos.

¿Ha habido ‘bullying’ mediático contra el procurador?

Ha habido muchos ataques. No sé si calificarlo como ‘bullying’, pero por ejemplo cuando se dio la reelección hubo muchas críticas sin fundamento.

¿Qué les dice a los críticos del procurador?

Que no se dejen llevar por la corriente. El procurador es un gran ser humano, una persona recta y transparente que quiere lo mejor para Colombia y sus posiciones personales no influyen en su trabajo.

¿Usted le ve perfil de presidenciable?

Por ahora es mejor enfocarse en el tema de la procuraduría. Ya después veremos el futuro que depara, en un país tan complejo como Colombia.
 

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