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En su alocución de la noche del domingo, el presidente Juan Manuel Santos salió a explicarle al país que el nuevo Código de Policía –aprobado por el Congreso de la República- no pretende encarcelar a la gente, pero sí evitar que los problemas de convivencia se conviertan en asuntos penales. En resumen, “nada distinto a un marco de derechos y deberes para vivir en sociedad, respetándonos los unos a los otros”, dijo el jefe de Estado. (Lea: “El Código de Policía va a mejorar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”: Santos)
Pero, la tarea de dar a conocer más a fondo el Código de Policía continúa y por eso, dentro de los próximos seis meses, las sanciones serán apenas pedagógicas. Sin embargo, hay voces que desde ya han expresado su preocupación en torno al mismo. Es el caso de los vendedores ambulantes y el congresista del Polo Democrático, Alirio Uribe, ha salido a defender su casa.
El Espectador tuvo acceso a una carta que le envió el legislador al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en la que le pide no aplicar algunos aspectos del artículo 140 de la nueva norma, usando la figura de excepción de inconstitucionalidad. Básicamente, se trata de hacer una excepción al cumplimiento de lo que dicta la ley por considerarla contraria a la Constitución Política. (Lea la carta del congresista Alirio Uribe a Enrique Peñalosa)
El contenido de la norma que Uribe Muñoz pide no aplicar tiene que ver con las multas que se impondrían (por ser considerada como una contravención) “ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes” y que “cuando el comportamiento de ocupación indebida del espacio público se realice dos veces o más se impondrá, además de la medida correctiva prevista, el decomiso de la destrucción del bien con que se incurra en tal ocupación”.
Según consideró el representante a la Cámara, esta sanción ataca directamente los derechos laborales y el mínimo vital de los vendedores informantes. Incluso, reclama que no se estén tomando medidas de protección o alternativas adecuadas para proteger a estas personas que no están vinculadas formalmente al mundo laboral. Por eso, “le solicito que se dé aplicación a la excepción de inconstitucionalidad del numeral 4 y del parágrafo 3 del artículo 140 del Código de Policía en lo referido para la aplicación de vendedores informales”, señaló el congresista en la carta enviada al alcalde Peñalosa.
De hecho, la Corte Constitucional ya tiene en sus manos el estudio de una demanda referente a este asunto, sobre la cual aún no ha emitido ningún pronunciamiento. Lo cierto es que el Código de Policía ya entró a regir en el país este lunes 30 de enero y, como lo advirtió el presidente Santos, era una deuda pendiente con el país desde hace 45 años.