Desde el Congreso de la República se planteó este martes establecer un sistema de procedimiento penal especial acusatorio para los niños, niñas y adolescentes.
En medio del asombro nacional por los constantes casos de menores delincuentes -hasta en hechos de sicariato- el senador Ángel Custodio Cabrera radicó un proyecto de ley que modifica el Código de Infancia y Adolescencia y su responsabilidad penal para que esté acorde con el Código Penal que se aplica a los adultos y con ello cumplir las normas internacionales que protegen los derechos del menor.
“Si hoy un adulto infringe la ley y su pena es menor de seis años lo mandan a la casa, mientras que a un menor en la misma situación lo envían a un sitio de reclusión. Si un mayor colabora con la justicia o brinda información le rebajan su pena, en el caso de los jóvenes no hay derecho a estos beneficios, eso es lo que queremos modificar”, dijo el congresista de La U.
La iniciativa pretende que se les apliquen a los menores de edad las mismas normas que existen para el adulto, es decir, procesos de colaboración e información. Hoy si un menor colabora con la justicia no le rebajan su pena.
La implementación de este nuevo sistema, según Cabrera, busca generar un compromiso más humano para darle prioridad a la rehabilitación de los adolescentes. "La idea es que la sanción se concentre en lo pedagógico y resocializador por encima de lo punitivo", indicó.
"No se trata de buscar impunidad para el menor, todo lo contrario, lo que queremos es un mejor proceso de resocialización, que el joven tenga espacios y programas adecuados para su inclusión en la sociedad; la idea es involucrar muchos sectores donde la familia sea el más importante", manifestó.
La ley de 'Convivencia Ciudadana' incrementó de 5 a 8 años las sanciones privativas de la libertad para menores, desde entonces se presentó un aumento en el ingreso de los adolescentes al sistema. En el 2007 hubo un registro de 4.018 jóvenes infractores y a la fecha hay 33.496.
“Estamos instando al Gobierno Nacional para que cree una unidad especializada de delito que comenten los menores con el objetivo de evitar las infracciones a la ley pero además una instancia que se encargue de todo este tema y plantee soluciones”, explicó.
El proyecto también da el primer paso para la creación la Defensa Técnica Especializada en Menores que estará a cargo de la Defensoría del Pueblo para que el menor tenga esa protección como lo ordena la Constitución.
Para el senador es importante que el Gobierno Nacional y los entes territoriales realicen esfuerzos presupuestales para que se creen los Centros de Resocialización que necesita el país y los lugares donde se reciban inicialmente a los menores cuando se comete un delito, por eso se comprometió a conseguir recursos económicos dentro del Plan Nacional de Desarrollo para que Estado cumpla con estas políticas.
"Es necesario que hayan más centros de resocialización, pero además, que cuenten con las condiciones optimas y programas suficientes para que estos jóvenes tengan oportunidades una vez salgan a la sociedad", dijo.
Importantes aportes también hace la iniciativa al proceso de paz colombiano pues da lineamientos para el tratamiento que se debe tener con los menores que se encuentran en grupos armados ilegales.
"Hoy todas la personas desmovilizadas tienen unos beneficios jurídicos, en el caso de los menores no hay ninguna norma, a ellos les aplicarían porte ilegal de armas, concierto para delinquir y todos los delitos en los que hoy puede incurrir un menor que está en estos grupos, la idea es mirar la condición del menor y aplicarle todos los beneficios de un desmovilizado que hoy no existen", explicó.
Además se da carácter de especializados a los Jueces que intervienen en el sistema para los menores y se les entregan elementos importantes para que procedan en sus casos.