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La tormenta generada tras la denuncia del presidente Juan Manuel Santos de que magistrados del Consejo Superior de la Judicatura estarían ofreciendo “cortejos” a los congresistas para evitar la eliminación de dicho tribunal, incluida en el proyecto de equilibrio de poderes, vuelve a prender el debate sobre el llamado lobby, una práctica que pocos reconocen pero que está presente en todas las ramas del poder público e incluso se extiende al sector privado y, siendo rigurosos, hasta toca a las Fuerzas Armadas.
Ahora que desde la misma Judicatura se hacen acusaciones y un magistrado, Néstor Raúl Correa, reconoce que fue en una sala plena que se votó hacer lobby ante el Congreso, muchos han salido a rasgarse las vestiduras. Pero la realidad muestra que ese “cabildeo” o esa “presión” —como traducen los diccionarios el término— es una constante y que el mismo diseño de la Constitución de 1991 abrió esa puerta. Ahora, que el ejercicio no haya podido ser reglamentado por falta de voluntad política o que se haya corrompido por el intercambio de favores entre unos y otros, es otra cosa.
Hace lobby el Ejecutivo ante el Legislativo para lograr mayorías en proyectos claves, como las reformas tributarias. Hacen lobby en el Capitolio los candidatos a la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, a la Corte Constitucional, a la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura y hasta los altos oficiales de la Fuerza Pública que aspiran a ascensos. Y, por supuesto, hacen lobby los grandes grupos o gremios económicos cuando algún proyecto de ley los toca, para bien o para mal.
“El lobby no es pecado. Si un sector económico se ve afectado por el trámite de una ley, tiene derecho a manifestar sus puntos de vista, a exponerlos, pero lo que no puede haber es intercambios de favores”, dice el senador Carlos Fernando Galán, autor de un proyecto de ley, aprobado ya en primer debate, que busca fijar el mecanismo mediante el cual se gestionan actividades en representación de intereses ante los servidores públicos. Un intento más de los muchos que se han hecho.
Sobre el tema actual de la Judicatura, Galán cree que no hay nada de malo en que se den reuniones entre magistrados y congresistas: “Es apenas natural que lo hagan si no quieren que se sea eliminado el Consejo Superior de la Judicatura, pero debe hacerse con transparencia, no con reuniones clandestinas, y lo más grave sería si hubo intercambio de favores o de puestos, eso es un delito”. Esa es la pregunta: ¿Dónde termina la defensa de un interés legítimo y dónde comienza la compra de conciencias?
Los conocedores de la materia hablan de un lobby técnico, que es el que permite dar a conocer los intereses de un sector con informes y cifras, pero que otra cosa es ejercer presiones o prebendas. Y más allá del lío actual con lo de la Judicatura, hay botones de muestra. Por ejemplo, la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, ha dicho que el procurador Alejandro Ordóñez “compró su reelección vendiéndoles a los congresistas puestos y contratos en el Ministerio Público” y que el Legislativo no hizo sino “darle contentillo” al fiscal general, Eduardo Montealegre, en el equilibrio de poderes.
Hubo también acusaciones durante el trámite de la reciente reforma tributaria y mucho se habló de que los congresistas querían “subir sus acciones” frente al Gobierno, cuando se disolvió el quórum en una de las plenarias decisivas en la Cámara de Representantes. Fue mucho el lobby que tuvieron que hacer el director de la DIAN y el ministro de Comercio, y el uribista Centro Democrático habló en ese entonces de “presiones burocráticas” para darle el visto bueno a la iniciativa, que es lo que viene advirtiendo puede pasar ahora con el Plan Nacional de Desarrollo.
Claro, una cosa es el cabildeo entre instituciones del sector público y otra lo que sucede con el sector privado, donde prefieren hablar de “seducir con argumentos”. Por eso, en el Capitolio es normal ver a delegados de los gremios económicos o de las grandes empresas —algunos de los cuales han pasado antes por el sector público y se ufanan de tener buenos contactos—, pasando de curul en curul, tratando de convencer a los legisladores sobre la conveniencia o no de aprobar alguna norma. Y es así como se han logrado exenciones tributarias, por ejemplo.
Es lo que Germán Vargas Lleras, cuando fue ministro del Interior, intentó meter en el Estatuto Anticorrupción, y tampoco pudo. La idea era que en la Secretaría de la Cámara y del Senado figurara un libro público en donde se dejara un registro de qué entidad, gremio o persona pretendía emitir unos puntos de vista sobre alguna iniciativa, de tal manera que su participación en los debates fuera de forma pública y transparente. Pero, según cuenta el senador Manuel Enríquez Rosero, ponente del Estatuto, la controversia y las “amenazas” con hundir toda la iniciativa obligaron a excluir dicho capítulo.
Ahora, el proyecto de Galán avanza, pero su éxito no está asegurado. Todos hablan de la necesidad de reglamentar el lobby, como se ha hecho en otros países. Como lo dijo un senador del Partido de la U, la cuestión es de “hipocresía”, porque “que cada quien, en el sector público o privado, pelee en defensa de sus intereses no es el problema, el lío es cuando se hace por debajo de la mesa e intercambiándose favores, léase puestos y burocracia (...) y eso nadie va a salir a reconocerlo, porque se va para la cárcel”.