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Por estos días, en La Habana, los delegados de las Farc y el Gobierno están más concentrados en encontrar fórmulas de participación ciudadana, que refrenden el eventual acuerdo al que lleguen las partes, que en la discusión sobre el tema agrario. El presidente Juan Manuel Santos dijo que no podrá ser a través de una Asamblea Nacional Constituyente, muy a pesar de lo que piensan las Farc, que volvieron a decir que es a través de este mecanismo que se debe legitimar “cualquier acuerdo sensato”.
La preocupación no es nueva, pero ahora está especialmente concentrada en las regiones, que es en donde se ha sostenido y sufrido la guerra. Durante las sesiones de trabajo del 19 al 29 de noviembre, las delegaciones del Gobierno y las Farc en Cuba acordaron invitar a las gobernaciones y alcaldías para que promuevan el mecanismo de recepción de propuestas. El pacto sólo cobró forma esta semana, con la reunión entre el Ministerio del Interior, Santos y los gobernadores, y responde a la directriz presidencial 01 de 2013, que pasó inadvertida entre decenas de decretos del Diario Oficial.
El documento da las coordenadas para que los alcaldes y gobernadores promuevan la participación en sus regiones a la antigua, con papel y a través de buzones. También informa que cualquier persona puede enviar sin ningún costo su propuesta a la oficina del Servicio de Correo 4-72 y que la responsabilidad de la recolección de estas iniciativas y su envío a la mesa de conversaciones está a cargo de este servicio. Electrónicamente la opción sigue siendo la página web www.mesadeconversaciones.com.
Al final, con tono perentorio, la directriz refleja una de las mayores preocupaciones del Gobierno: que las Farc tomen las banderas de la participación ciudadana como propias antes de firmar un acuerdo para la terminación del conflicto: “El único contacto oficial con las Farc-Ep ocurre en la Mesa de Conversaciones, por esta razón no podrán establecerse contactos independientes con ninguna persona o grupo que asuma la vocería de las Farc-Ep en las regiones. En caso de ser contactadas, las autoridades regionales deberán informar a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz al respecto”, dice el texto.
No hay política con armas, como lo señaló esta semana el vocero del Gobierno Humberto de la Calle, y el diálogo con los guerrilleros queda proscrito. Ese es el mantra que en diálogo con El Espectador también repitió el ministro del Interior, Fernando Carrillo: “Abrirles espacios de participación a la sociedad civil y a los gobernadores como lo estamos haciendo hoy de ninguna manera implica que pueda haber diálogos regionales con la guerrilla. Para los que quieran dialogar primero que firmen el acuerdo del fin del conflicto. Quedan prohibidos, y así se lo hemos dicho a los gobernadores y alcaldes, cualquier tipo de diálogos con la guerrilla, para hablar del tema de la paz o de la agenda de La Habana, quien tiene el monopolio de eso es el Estado”.
Una contravención que olvida la realidad del conflicto armado en las regiones y el pulso vivo que existe entre el abandono estatal, la violencia, la inequidad y la presencia de las Farc en el territorio. Al menos así lo creen siete gobernadores de los departamentos más golpeados por la conflagración interna: Caquetá, Nariño, Guainía, Meta, Putumayo, Cauca y Guaviare.
Todos ellos estuvieron reunidos con el presidente Juan Manuel Santos esta semana hablando de paz, de los mecanismos de participación ciudadana y de recursos, ante la molestia que tienen porque a estas alturas no se han desembolsado los dineros de regalías que podrían echar a andar proyectos importantes en sus zonas. “Con el presidente Santos hablamos de la ausencia del Estado, porque nos acumulan competencias, pero sin plata. No puedo hablar de paz si no tengo recursos, quién me va a creer esa historia con todas las necesidades que hay”, dijo Víctor Ramírez Loaiza, el gobernador del Caquetá, quien reconoció además que las Farc siguen teniendo una presencia muy fuerte en el departamento e influencia en algunas bases sociales.
Para el gobernador Temístocles Ortega la realidad del Cauca no es mejor. Se vive en la marginalidad, en medio de la manifestación de todas las violencias sociales y económicas. Ortega reconoce que las Farc han intentado posicionarse en los escenarios de participación de las organizaciones sociales de su región porque “son conscientes de que hay dificultades de orden social y económico”, pero que ellas están muy empoderadas y ya no se dejan quitar las banderas, porque quieren izarlas con autonomía. “No creo que haya mucho temor de que las Farc se apoderen de la conciencia ciudadana a partir del proceso de paz, porque las organizaciones son muy conscientes de lo que han vivido”, dice.
“En Nariño hemos visto una mayor movilización social en regiones donde tradicionalmente han hecho presencia las Farc”, asevera por su parte el gobernador Raúl Delgado, para quien la paz pasa por pensar en un rediseño profundo de la política frente a los cultivos ilícitos. “Una política basada en la fumigación, o en la erradicación forzosa, agudiza el conflicto, porque las familias que llegaron a eso sin opciones vuelven a sembrar o terminan en otra actividad ilegal, así ha pasado en Nariño”.
Esta posición la comparte el gobernador del Putumayo, Jimmy Díaz, quien también ha visto la misma problemática. Para Díaz no ha habido respuestas concretas del Gobierno para los problemas de salud, infraestructura y pobreza que tienen, y quizá por eso sus habitantes tienen gran expectativa con lo que resulte tras un proceso de paz, aunque no se sienten incluidos. “La participación a través de los buzones no nos está garantizando la calidad en torno a las sugerencias que se manden. Esto es sólo el cumplimiento de un requisito, una formalidad. La participación ciudadana en el proceso de paz puede ser una herramienta para que sea una dinámica política de las Farc, pero también puede ser del Estado. No sabemos quién gane el pulso”, dice Díaz.
En esa orilla está el gobernador del Guaviare, Octaviano Rivera, cuando reconoce que en su departamento los campesinos se están movilizando y participando en marchas promovidas por Marcha Patriótica, alentados por nuevos discursos cercanos a las guerrillas. Mientras el Gobierno y las Farc siguen buscando fórmulas para refrendar el acuerdo al que puedan llegar en La Habana, las regiones del país a las que les ha tocado poner los muertos del conflicto armado siguen creyendo que sin inversión no se puede hablar de paz, que las políticas públicas no son para el posconflicto sino para ya y que la participación de los buzones es aparente, porque al final siempre han estado marginadas.