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Esta semana, el Instituto Nacional de Medicina Legal sorprendió con una alarmante cifra: durante los tres primeros meses del año se han realizado 4.315 exámenes médicos a niños y adolescentes por presuntos abusos sexuales. Lo más grave es que de ese número, son cientos los casos registrados que dan cuenta de que niños entre los cero y los cuatro años han sido víctimas. Para no ir más lejos, hace apenas algunos días se conoció del caso de Sara Yolima Salazar, una niña de tan sólo tres años que fue abusada, torturada y asesinada en Tolima. Al tiempo, las noticias daban cuenta de otro episodio ocurrido en Fuentedeoro (Meta), donde una bebé de cuatro meses fue abusada sexualmente por un soldado.
Esos hechos no son excepcionales, sino que se suman a otros tantos miles ocurridos durante décadas. Los mismos que motivaron que, en 2008, la entonces concejal de Bogotá por el Partido Verde, Gilma Jiménez, saliera a las calles a recoger firmas para convocar a un referendo y dejar en manos de los colombianos la decisión de establecer la cadena perpetua para violadores de niños. El proyecto alcanzó a convertirse en un paso histórico tramitado por el Legislativo que no se ha vuelto a repetir: la cadena perpetua fue aprobada tanto por Senado como por la Cámara de Representantes. Sin embargo, no pasó el examen en la Corte Constitucional.
Según explicó el magistrado Mauricio González, quien ocupaba la presidencia del alto tribunal en ese momento, hubo vicios de forma que argumentaron el voto negativo de la mayoría de sus colegas para hundir el referendo. “El texto aprobado por el Congreso fue sustancialmente diferente al texto radicado por los ciudadanos en la iniciativa”, explicó. No obstante, Gilma Jiménez, quien dos años más tarde llegó al Legislativo abanderando esta misma causa, insistió en la cadena perpetua. El crimen de los hermanos Jimmy, Yenny y Jéfferson Torres, violados y asesinados por el teniente del Ejército Raúl Muñoz, en Arauca, se convirtió en el detonante para reabrir la discusión en el Capitolio. Pero el proyecto fracasó. Aunque la Comisión Primera del Senado le dijo sí a la iniciativa, fue la Cámara de Representantes la que decidió darle su voto negativo.
Con la muerte de Jiménez antes de concluir su período legislativo también desaparecieron sus banderas. En parte, porque varios de sus copartidarios se oponían a la cadena perpetua, entre ellos la actual representante a la Cámara Ángela María Robledo. Además, muchos críticos especialistas en materia penal consideraban que imponer la cadena perpetua a violadores de niños sería un retroceso en los derechos humanos. Y no faltaron, por supuesto, quienes calificaron la iniciativa como simple populismo punitivo. “Estamos pues en una clásica fuga al punitivismo, que cree que la solución a los problemas de criminalidad es el aumento drástico de las penas. Estas medidas suelen ser populares, pero su eficacia es pobre”, argumentó el constitucionalista Rodrigo Uprimny en 2011.
Sin embargo, como dicen, la política es dinámica. En su campaña reeleccionista de 2014, el presidente Juan Manuel Santos prometió que apoyaría la causa para castigar a los abusadores de niños. Paralelamente, el Partido de la U anunció que una de sus candidatas para las elecciones a Congreso de ese entonces sería la hija de Gilma Jiménez, Johana Salamanca Jiménez, sin duda la principal heredera de la causa nacida en 2008.
De hecho, en un retiro espiritual que hizo la U en Santa Marta, el jefe de Estado afirmó que su colectividad lideraría el proyecto. Algo que nunca ocurrió, sino cuando se conoció de otro caso aberrante: el asesinato de la menor Yuliana Samboní, en diciembre pasado, a manos del arquitecto Rafael Uribe Noguera.
Ese mismo mes, el presidente del Congreso, senador Mauricio Lizcano, radicó dos proyectos: uno para establecer la cadena perpetua a violadores de niños y el otro, al que denominó “fast track judicial”, con el fin de acortar el tiempo procesal para quienes sean sindicados por delitos relacionados con abuso sexual a menores. Al mismo tiempo, la senadora Maritza Martínez presentó una iniciativa apuntando a crear la pena de “inhibición hormonal del deseo sexual obligatoria o castración química” para los violadores de menores. Y el representante Efraín Torres se sumó a la misma causa, radicando un proyecto con el mismo fin, más otro que establece un banco de ADN para identificar más prontamente a los violadores.
Por ahora solo sobreviven los proyecto de estos dos últimos, pues el fin del período legislativo en diciembre obliga a que se tengan que volver a presentar. Precisamente, ayer nuevamente Lizcano acudió al Congreso para radicar un texto que busca castigar con prisión perpetua a quienes cometan abuso sexual, secuestro, explotación sexual o feminicidio en contra de un menor de 14 años o menor de 18 años con discapacidad. Pero el largo trayecto legislativo que aún no ha asumido con seriedad los debates cuando las víctimas son los niños, pareciera demostrar que la avalancha de proyectos está destinada al fracaso.
El debate crece. Algunos juristas y políticos insisten en que se trata de puro populismo punitivo, más aún cuando se acercan las elecciones y abanderar estas causas, como se ha demostrado, se convierte en una estrategia de recaudar votos aprovechando la indignación de la gente. De cualquier manera, la responsabilidad y la credibilidad del Congreso nuevamente están sometidas a prueba con un tema tan espinoso.