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Este miércoles la Corte Constitucional dio su veredicto final: con siete votos contra uno el alto tribunal decidió que las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sí se hundieron en el Congreso. Con el fallo, el presidente Iván Duque tendrá que sancionarla.
El jefe de Estado expresó que, en efecto, acatará la determinación de la Corte Constitucional. Durante la clausura del foro 'Hablemos de Protección Social en Colombia', Duque reiteró que cuidadosamente su equipo examinó los 159 artículos que componen la ley y que de esos, presentó seis puntos que objetaba con la intención de que "los victimarios tuvieran la primera obligación de reparar a las víctimas del conflicto armado" y "para proteger la legalidad, para que no se limitaran los trámites y para que se hiciera justicia oportuna".
Y reiteró que su cometido con dichos reparos era que quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad cumplieran con su obligación de comparecer por ellos. En específico, dijo sobre la extradición que la idea no era otra que la de impedir que esa forma "se viera afectada como mecanismo de cooperación judicial y que los terceros no tuvieran cheque en blanco frente a los delitos".
Duque hizo un breve recorrido sobre el paso de sus objeciones en el Congreso y aseveró que se hundieron en la Cámara pero que, según "interpretación numérica", fueron aceptadas en el Senado", argumento que no comparte la Corte Constitucional en su fallo. Sus magistrados finalmente determinaron que era válido el quórum para negar los 'peros' del presidente.
Así las cosas, Duque dijo, finalmente, que obedecerá lo dicho por la Corte porque es un "defensor de la legalidad". Pero hizo la salvedad: "Hoy puedo decirlo con la frente en alto: acato la decisión como colombiano, pero nunca dejaré de defender los principios de una paz con justicia. Y así seguiré procediendo todos los días de mi vida".
Aprovechó el breve momento en el que expresó su postura para pedirle a los colombianos que reflexionen sobre "las herramientas que quedaron abiertas [con esta decisión] para corregir las cosas que no están saliendo bien".
Las reacciones políticas
Para el senador Julián Gallo, de la FARC, esta decisión "destrabó la discusión y la JEP podrá seguir marchando con la ley estatutaria, que dará mayor seguridad jurídica a quienes estamos compareciendo. Esa ley tiene como objetivo fijar unas reglas para que los pronunciamientos y decisiones que tome la jurisdicción tengan más certeza y mayor seguridad jurídica de los comparecientes".
Desde la otra orilla, el senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, advirtió que la decisión la tomaron "acomodando unas mayorías por personas presentes y no por el número de curules que tienen los partidos políticos", dijo, explicando que "el Consejo Nacional Electoral certificó 108 senadores. Y es el Consejo de Estado el que debe de determinar si hay reemplazo para los dos senadores que no se posesionaron". A su juicio, esta determinación del alto tribunal cambia la jurisprudencia de esta misma.
Al igual que él, el representante uribista, Gabriel Santos, manifestó: "Desafortunado que la Corte Constitucional se ponga del mismo lado que la Corte Suprema de Justicia, que la interinidad de la JEP, que el Consejo de Estado para garantizarle los derechos a un narcotraficante y no a las víctimas de Colombia", refiriéndose a la orden de la Corte Suprema de liberar a Santrich, debido a que es su providencia investigarlo por tratarse de un aforado.
El parlamentario de Colombia Justa-Libres, Eduardo Pachecho, precisó que, aunque están convecidos que la bancada "propaz" no consiguió la mayoría para hundir las objeciones, acatarán la decisión de la Corte. "De ahora en adelante, no podemos esta discutir temas que ya quedaron cancelados y que ya dirimió la Corte Constitucional", comentó.
Por su parte, desde la oposición, Juanita Goebertus, representante de la Alianza Verde y una de las arduas defensoras del hundimiento aplaudió la decisión de la Corte. "Esto demuestra que Colombia tiene instituciones fuertes, lista para defender la separación de poderes y la institucionalidad", comentó. Eso sí, se refirió a los meses en los que el Congreso se truncó en esta discusión. "Perdimos tiempo valioso a lo largo de estos meses, no solamente en la legislatura y en el Capitolio, sino a nivel territorial en donde la incertidumbre generada ha avivado conflictividades sociales y ha dado las condiciones de inseguridad. Es momento de cerrar esta discusión y concentrarnos es la transformación de estos territorios más afectados por la guerra", hizo un llamado.
Igualmente, Roy Barreras, senador de la U, negociador del proceso de paz y líder del resultado del hundimiento en las objeciones, sentenció que esta decisión ratifica la exequibilidad a la ley estatutaria que determinó la Corte en agosto de 2018. "La Corte Constitucional nos ha dado la razón y con su fallo ha ganado la paz, la justicia, con la ley estatutaria la JEP podrá trabajar con más seguridad y celeridad", pronosticó Barreras. Continuó diciendo: "Fueron nueve meses perdidos con las inútilesobjeciones, nueve meses para el parto de los montes de un Gobierno que decidió montarse en una bicicleta estática, pero además mirando hacia atrás, hacia el pasado, en vez de gobernar hacia adelante".
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