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Política 3 Mayo 2013 - 7:10 am

Corte Constitucional

"Posesión del magistrado Rojas da pie para pensar que hay otro tipo de intereses"

Así se refirió la corporación Excelencia en la Justicia sobre la forma en que se precipitó la posesión del nuevo togado de la Corte Constitucional.

Por: Elespectador.com
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La corporación Excelencia en la Justicia no ocultó su malestar por la forma cómo se llevó a cabo la posesión del magistrado Alberto Rojas Ríos.

La directora de ese colectivo, Gloria María Borrero, dijo que luego de que la misma Casa de Nariño precipitara la posesión “da pie para que pensemos que aquí hay otro tipo de intereses”.

Además, según Borrero, el último escándalo sobre el magistrado impulsó aún más la posesión porque es claro que Rojas había pedido postergar su llegada a la magistratura por 90 días para cumplir con algunos compromisos personales.

Creo que el presidente podía aplazar la posesión mientras el magistrado daba suficientes explicaciones o simplemente decir que no lo posesionaba porque no estaban comprobados los buenos créditos para su posesión”, aseguró.

En ese sentido, Borrero dijo que “esperamos que el presidente diga porqué posesionó a Rojas Ríos”.

Para la corporación Excelencia en la Justicia el Jefe de Estado debía “obligar” al nuevo togado de la Corte Constitucional a darle explicaciones al país sobre sus cuestionadas actuaciones.

Esta posesión lástima significativamente a la justicia y su legitimidad”, aseguró en Caracol Radio.

El escándalo 'Rojas Ríos'

Noticias Uno reveló que hay una mujer viuda y sus hijos huérfanos que le reclaman al magistrado la indemnización que cobró por ellos por un accidente que ocurrió en 1991 en Funza (Cundinamarca).

Alberto Rojas Ríos fue abogado de las víctimas para reclamar una indemnización por la muerte del esposo y padre de ellos en un accidente.

Rojas reclamó la indemnización hace 18 años, con un documento de cesión de derechos que el CTI calificó de falso, pero hasta ahora no se la ha entregado a la viuda y los huérfanos.

El fallo salió el 6 de octubre de 1995 por más de $116 millones como indemnización pero el abogado dejó de contestar las llamadas de la familia.

Según documentos que consiguió la viuda, en 2001 el municipio de Funza giró ese dinero al abogado Alberto Rojas Ríos pero nunca lo entregó a las víctimas.

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