Las premuras del plebiscito por la paz

La Registraduría está a la espera de la apropiación de los recursos. / Archivo El Espectador

Desde el comienzo de los diálogos de paz, en noviembre de 2012, el presidente Juan Manuel Santos anunció su decisión de llevar el acuerdo con las Farc a una refrendación ciudadana. Aunque en principio se mostraron renuentes, la guerrilla aceptó que fuera la Corte Constitucional la que definiera el mecanismo para que los colombianos decidan si apoyan o no lo pactado en Cuba, y el lunes de la semana pasada el máximo tribunal le dio la bendición al plebiscito, mecanismo de participación popular que necesitará una fuerte cantidad de recursos, que hoy el Gobierno no sabe de dónde sacar.

Pese a que mucho se especula acerca de las fechas en que será la votación, lo cierto es que aún no es claro de dónde saldrán los recursos para cumplir con la promesa de la mesa de diálogos de que los colombianos tendrán la última palabra. Más cuando el registrador Juan Carlos Galindo dijo que se necesitan al menos $350.000 millones y entre seis y siete semanas para contar con la logística del proceso.

A primera vista resultaría lógico que el Ministerio de Hacienda simplemente apropie los recursos a la Registraduría. Sin embargo, no es tan fácil cambiar la destinación del Presupuesto General de la Nación que aprueba anualmente el Congreso de la República. De acuerdo con varias sentencias de la Corte Constitucional, el presupuesto solamente puede ser modificado por la Rama Legislativa. Ahí es donde el Ejecutivo tiene el primer obstáculo para garantizar la implementación de la paz.

El Espectador conoció la hoja de ruta que se ha puesto a consideración de la Casa de Nariño, para contar en pocos días con los recursos que permitan llevar a cabo el plebiscito. La intención es declarar la urgencia manifiesta, una figura jurídica que puede decretar directamente cualquier autoridad administrativa cuando exista un acto debidamente motivado. Para tal fin debe acreditarse la existencia de una situación excepcional relacionada con hechos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas.

Ya hay quienes consideran inconveniente que desde el palacio presidencial se pretenda acudir a la urgencia manifiesta para poder contar rápidamente con esos recursos. El exmagistrado José Gregorio Hernández dijo que esa posibilidad debe estar soportada en el ordenamiento jurídico y habría que verificar si realmente se justifica acudir a tal figura. “El Gobierno no puede modificar el presupuesto porque en la Constitución no está previsto que el presidente de la República pueda cambiar la destinación de los recursos. Para que pueda modificar el presupuesto se necesitaría declarar la urgencia económica —que no es en lo que están pensando— o un estado de conmoción interior o guerra, y no estamos en ninguna de esas situaciones. Lo lógico es buscar los recursos en el Legislativo”, enfatizó.

Desde el Centro Democrático, el senador Iván Duque comentó que, al margen de decretar la urgencia manifiesta, para el uribismo está claro que el Gobierno quiere gastarse una alta suma de dinero en un plebiscito sin garantías para los opositores. “Van a gastar una plata en publicidad y van a permitir que los funcionarios participen en política. Eso me deja ver que van a gastar más de $300.000 millones en un proceso que no le va a poder dar las garantías al pueblo de ir a un voto informado con exposiciones con equidad para el sí y el no sin que se incurra en tergiversaciones con la publicidad del Estado. Además vemos que hay unas trampas al bajar el umbral al 13 % y no haber permitido incluir el voto en blanco en el plebiscito”, sostuvo.

Del otro lado, en la Unidad Nacional defienden el posible llamado a la urgencia manifiesta que el Gobierno decretaría. El copresidente del Partido de la U, el senador Armando Benedetti Villaneda, dijo que no hay nada más importante para este país que acabar el conflicto con las Farc. “Si para que la paz se pueda firmar y refrendar por el pueblo se necesita decretar la urgencia manifiesta, creo que los motivos sobran. Los que digan que no hay argumentos tienen conceptos absurdos, ortodoxos y limitados”, agregó.

Pero más allá del debate político y de las campañas a favor y en contra de los acuerdos de paz con las Farc, la financiación del plebiscito es el adelanto de los problemas que tendrá que enfrentar el Ejecutivo para cumplir con lo pactado en La Habana. La refrendación ciudadana desde ya exige que se garanticen los recursos que financiarán está atípica jornada de participación ciudadana y en el Gobierno central ya buscan un camino que permita declarar la urgencia manifiesta y así reasignar los dineros que se requieren.

Y aunque se sabe que la ruta que tome el Gobierno para financiar el plebiscito va a desatar polémica en la opinión pública, la mesa de diálogos necesita concentrarse en las temáticas finales para sellar el acuerdo definitivo y que finalmente los ciudadanos los refrenden y así se inicie el proceso de implementación de la llamada paz territorial. Un proyecto ambicioso que necesitará una no despreciable suma de dinero del Estado colombiano para cumplir con la promesa de un nuevo país, más justo, democrático y tolerante.