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Hace poco, los 1.110 alcaldes que representan al país se hicieron sentir en Cartagena. En el Congreso Nacional de Municipios, realizado en abril, chiflaron al ministro de Vivienda, Germán Vargas; le exigieron un aumento de sueldo al ministro del Interior, Fernando Carrillo, y le expresaron sus miedos al presidente Juan Manuel Santos, cuando le dijeron que temen que el Gobierno esté recentralizando al país en materia de recursos y contratación pública, por ejemplo, con el nuevo sistema de regalías.
También le pidieron un aumento de ingresos, propuesta que el jefe de Estado manejó con prudencia: “Podemos hacer una bonificación de salario y medio para los alcaldes de categorías 6, 5 y 4, así como un salario para los alcaldes de ahí para arriba”, les dijo.
Tres meses después esta promesa tomó forma. A los alcaldes del país les acaban de autorizar —mediante decreto— una especie de prima, que sin dilaciones se pagará en el presente mes de julio. La medida la autorizó el presidente Santos y la firmó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Se trata de una bonificación por concepto “de gestión territorial”, que tendrá el carácter de prestación social y se pagará anualmente en dos contados iguales, en los meses de julio y diciembre, con recursos propios de los municipios.
Al pie de la letra del presidente Santos, el decreto ordena que para los alcaldes de municipios de categoría especial, primera, segunda y tercera esta bonificación será equivalente al 100% de la remuneración mensual, por concepto de asignación básica, más gastos de representación. En el caso de los alcaldes de municipios de cuarta, quinta y sexta categorías, la bonificación será equivalente al 150%. Además, si los alcaldes no han laborado los seis meses completos dentro del período que se entraría a reconocer, tendrán derecho al pago proporcional de esta bonificación por cada mes cumplido de trabajo.
Para Clara López, candidata presidencial del Polo Democrático, este es “el decreto reeleccionista”: “Reconozco que a los alcaldes hay que remunerarlos bien, pero Santos ya lleva tres años en el Gobierno y pudo hacerlo desde el primer día. Ahora, a diez meses de las elecciones, esto es un ventajismo oficial objetable. Como candidata del único partido de oposición pienso que esta es una manera de demostrar que no hay igualdad de condiciones para el próximo debate electoral”, enfatizó, agregando que este decreto se trata de un “tú a tú, que busca perfilar el apoyo de los alcaldes en el proceso reeleccionista”.
En cambio, para Hugo Velásquez, representante a la Cámara del Meta por el Partido Liberal, la bonificación no se puede considerar como un “contentillo”, ya que en el caso de los alcaldes de categorías 4, 5 y 6 la remuneración es muy poca: “Un alcalde de categoría 6 no alcanza a ganarse $3 millones. Este decreto está en parte resarciendo la injusticia que se ha cometido con esos alcaldes luego de la Ley 617 de 2000, que limitó los gastos de funcionamiento, estancando los sueldos. Desde ese momento estos mandatarios han venido afrontando muchas dificultades para su manutención”, agregó Velásquez, quien además indicó que este tipo de bonificaciones no son nuevas y pasan con frecuencia en todos los gobiernos.
Es cierto que 976 alcaldes en el país son de municipios de sexta categoría (los de menos recursos, como Simití, Bolívar) y sólo ganan $2’879.348. También que el sueldo más alto para un alcalde es de $11,5 millones, que corresponde al de un municipio de categoría especial, como Medellín, de los cuales sólo hay seis en el país. Por esta razón la Federación de Municipios, que ha liderado una cruzada para que el Gobierno les incremente los salarios a los burgomaestres, ha sostenido que una mejor paga para estos cargos evitaría muchos hechos de corrupción en las regiones.
Por ahora, aunque aún es apresurado afirmar que la relación entre el Gobierno y los mandatarios tiende a mejorar por cuenta de esta bonificación, parece que con esta medida el Ejecutivo ha entendido que uno de los más grandes desafíos que tiene es cumplirles a los alcaldes, porque son sus puntas de lanza en las regiones, como escuderos del proceso de paz y el Plan de Desarrollo. No obstante, es inevitable que en vísperas de un año preelectoral y con la consigna de Santos de querer “darles continuidad a sus políticas”, estas medidas despierten fuertes críticas por parte de quienes aspiran a dar la pelea en las urnas en contra de un presidente en ejercicio.
@Natal1aH