Procuraduría pone en riesgo la salud de las mujeres: Congresista

Ángela María Robledo dijo que el ministerio público ha contravenido la Constitución, las normas nacionales y los tratados internacionales.

La representante a la Cámara, Ángela Robledo dijo que el Ministerio Público ha desarrollado una serie de acciones en detrimento de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres.

Según la representante, el ministerio público ha contravenido “no sólo la Constitución y las normas nacionales sino también los tratados internacionales sobre población y desarrollo suscritos por el país y que implican múltiples discriminaciones para las mujeres”.

En ese sentido la congresista dijo que “las mujeres no entendemos que el Estado insista en criminalizar la autonomía de las mujeres y las deje desamparadas en su salud sexual y reproductiva”.

Robledo señaló que “llama la atención que el Procurador no cumpla con sus funciones constitucionales y no sea solidario con ellas ya que no sólo es la muerte por abortos clandestinos, sino la alta tasa de morbimortalidad por enfermedades prevenibles como el cáncer de cuello uterino, el Sida, las enfermedades de transmisión sexual y todas aquellas vinculadas a la gestación y al parto que significan la muerte de muchas mujeres”. 

Así mismo, dijo que “la Procuraduría con sus acciones y omisiones ha puesto en riesgo la salud y la vida de las mujeres obstaculizando su acceso a la anticoncepción de emergencia, así como a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos amparados por la Corte Constitucional, en particular la Sentencia C-355 de 2006 y sus desarrollos”.

No obstante la Procuraduría conminó al Ministerio de la Protección Social para eliminar el Misoprostol del POS, negando a las mujeres su derecho a la anticoncepción de emergencia.

De igual manera, dijo la representante, en repetidas ocasiones el Procurador ha interpuesto incidentes de nulidad contra las sentencias de la Corte Constitucional que amparan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. 

“La Procuraduría se ha negado a cumplir con los planes educativos y de publicidad de los mecanismos constitucionales que avalan la despenalización del aborto que le compete también a los ministerios de la Protección Social y de Educación frente a una realidad innegable y es la preocupante y  altísima tasa de fecundidad en las adolescentes como resultado de la falta de educación sexual integral, el pobre acceso a anticonceptivos y el recorte de las leyes en materia de autonomía y libertad sexuales”, puntualizó la representante Ángela Robledo.

Angela Robledo dijo que preocupa que en Colombia diferentes servidores públicos, congresistas y en particular la Procuraduría obstaculicen el cumplimiento de estándares internacionales en defensa de los derechos humanos de las mujeres y se ocupen de reversar los avances normativos y legislativos como los fallos  constitucionales, mientras que las políticas públicas  dirigidas a la promoción de derechos no se ven por ningún lado.