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Aunque la congresista de la Alianza Verde, Claudia López, fue una de las voces más importantes que apoyó el Sí durante la campaña del plebiscito por la paz, con el triunfo del No, decidió retomar un nuevo liderazgo bajo la premisa de que un acuerdo de paz mejorado con las Farc puede ser posible. Por eso, junto a las más de 400 propuestas que llevaron los integrantes de la delegación de paz del gobierno desde el sábado pasado a La Habana se sumó la de la senadora López que incluye aspectos relacionados sobre la justicia transicional. (Vea acá el especial A CONSTRUIR LA PAZ)
Uno de los puntos en controversia tiene que ver con los derechos políticos para los integrantes de las Farc y, en concreto, para quienes hayan cometido los crímenes más graves o de lesa humanidad, y que podrían ejercer en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Sectores como el Centro Democrático han criticado fuertemente que el acuerdo al que se llegó en La Habana permita la elegibilidad política de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y, en ese sentido, durante estos años de negociación el expresidente Álvaro Uribe siempre advirtió que, incluso, Timoleón Jiménez, ‘Timochenko’, podría llegar a ser presidente. (Lea: Proponen que Congreso refrende nuevo acuerdo de paz).
La propuesta de la senadora López en torno a este punto que, de hecho, constituye una de las bases fundamentales de cualquier acuerdo de paz, tiene que ver con que la recuperación de esos derechos políticos sea de forma progresiva. “Es decir, que no se presenten en las elecciones del 2018 quienes estén purgando penas por delitos de lesa humanidad”, explica. La diferencia es importante si se tiene en cuenta que para las elecciones del 2018 y para el siguiente periodo legislativo, a las Farc se les había garantizado 10 curules (5 en Senado y 5 en Cámara), y mantenerles la personería jurídica. En esas elecciones no se descartaba la participación de quienes han sido sus líderes históricos. (Lea: Gobierno y Farc tienen voluntad de sacar adelante nuevo acuerdo de paz: Iván Cepeda)
Sobre la justicia transicional, hay preocupaciones con razón en el sentido de que no se precisó cómo va a ser la restricción efectiva de la libertad para los guerrilleros ni tampoco el tiempo límite en el que deberá operar la Jurisdicción Especial de Paz. Así que lo que propone la congresista verde implica dos cosas: precisar el área, condiciones y obligaciones en las que se restringirá la libertad de sentenciados como máximos responsables de delitos atroces; y que el tribunal especial opere durante 15 años.
Otro punto de debate que han debatido fuertemente los del No se relaciona con la conexidad del narcotráfico con el delito político. Quienes defienden esta tesis, afirman que debe juzgarse como delito conexo en el sentido de que fue practicado como un método de financiación. Los del No se opone. “Hay que reconocer la conexidad, pero no amnistiar, sino juzgar el delito común el narcotráfico en la Jurisdicción Especial de la Paz, aplicando los beneficios judiciales allí contemplados, pero sujetos a confesión y colaboración efectiva: erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, entrega de información y de bienes para reparar materialmente a las víctimas de las Farc”, propone Claudia López.
Dos puntos finales que se deben tener en cuenta, según la senadora, tienen que ver con limitar en el tiempo la obligatoriedad que tendrán las Farc de contribuir con información que ayude a dar con el paradero de los desaparecidos, los secuestrados, zonas donde están sembradas minas antipersonal, entre otros, y ponerle una fecha límite. Finalmente, que el acuerdo de paz no sea elevado a Acuerdo Especial. “Si bien los Acuerdos de Paz pueden constituir un Acuerdo Especial conforme a los Convenios de Ginebra, al bloque de constitucionalidad solo debe entrar lo estrictamente relacionado con los compromisos relacionados con DIH y DDHH”, concluye la senadora.
Estas son solo apenas una mínima parte de un cúmulo de propuestas que, como bien lo informó el presidente Juan Manuel Santos este domingo, ascienden a las 445 catalogadas, organizadas y sistematizadas en función de los capítulos del acuerdo. Estarán también en el centro de debate las enviadas por el Centro Democrático, por el expresidente Andrés Pastrana, la exministra Marta Lucía Ramírez y otros líderes políticos que han expresado su intención de contribuir para lograr un mejor acuerdo en La Habana.