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En un esfuerzo por robustecer el componente de verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –derivada del Acuerdo de Paz entre Gobierno y Farc– en el Congreso fue radicado un proyecto para ampliar el plazo para que particulares (terceros) acudan a la jurisdicción, sumado a otra iniciativa para que paramilitares se acojan a ella, siempre y cuando su testimonio sea eficaz frente al esclarecimiento de la verdad.
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De acuerdo con su autor, el senador Roy Barreras (Partido de la U), el primer proyecto prorroga el tiempo para comparecer a la JEP hasta por un año, cobijando a terceros civiles y agentes del Estado que no sean miembros de la Fuerza Pública. Lo anterior, teniendo en cuenta que aquellos que tienen procesos abiertos por la justicia ordinaria por delitos relacionados con el conflicto armado tienen hasta este viernes 6 de septiembre para decidir si quieren que sea el nuevo tribunal de paz el que resuelva sus casos.
Adicionalmente, mientras esa ley esté vigente, se establece que quedará suspendida la prescripción de la acción penal para los presuntos autores de delitos relacionados con el conflicto, pero solo para los que tengan la calidad de terceros civiles o agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública. Con todo, se consagra que quienes así lo expresen, podrán renunciar a la posibilidad de ser compareciente ante la JEP.
Para cuantificar la importancia de este proyecto, explicó el congresista, en julio pasado la Fiscalía reveló un informe que determinó que hay 1.028 personas calificadas como terceros en el conflicto que pueden ser incluidas en la JEP. Allí figuran 311 civiles (como ganaderos y empresarios), y 717 funcionarios públicos. A ello se suma que, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento forzado (CODHES), hay cerca de 5.563 personas que habrían auspiciado el conflicto armado.
“A pesar de estas cifras, para julio de 2019 solo se han presentado ante la JEP 400 solicitudes de terceros y agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública (…) sin la verdad de los empresarios y agentes estatales no combatientes no habrá un relato completo sobre los patrones, estructuras e intereses que actuaron detrás de todas las graves violaciones a los derechos humanos”, expone en el proyecto Barreras.
El otro proyecto pretende que los desmovilizados de grupos armados puedan acceder a la JEP en calidad de testigos comparecientes, solo si “su testimonio es eficaz frente al esclarecimiento de la verdad y la determinación de responsabilidades”. Solo de esta manera podrían obtener beneficios jurídicos.
Se establece que ese testimonio solo podrá rendirse por una sola vez y de forma voluntaria, y que será presentado por aquellos miembros que “tengan conductas pendientes por esclarecer, relacionadas con la pertenencia a estos grupos”. Se precisa además que la solicitud de sometimiento a la JEP se debe hacer por hechos diferentes a los investigados y la contribución a la verdad debe ser por hechos cometidos antes de su desmovilización.
De acuerdo con el senador Barreras, en los primeros meses de ejercicio de la JEP se evidenció la existencia de “una zona gris” frente a la posibilidad de comparecencia de desmovilizados de organizaciones paramilitares, teniendo en cuenta que su competencia está definida para miembros de la Fuerza Pública; para grupos armados organizados que hayan suscrito un Acuerdo de Paz con el Gobierno; para otros agentes del Estado, y para terceros financiadores del conflicto.
Se establece que ese testimonio solo podrá rendirse por una sola vez y de forma voluntaria, y que solo será presentado por aquellos miembros que “tengan conductas pendientes por esclarecer, relacionadas con la pertenencia a estos grupos”. Se precisa además que la solicitud de sometimiento a la JEP se debe hacer por hechos diferentes a los investigados y la contribución a la verdad debe ser por hechos cometidos antes de su desmovilización.
“Lo dispuesto en este artículo no puede entenderse como una limitación a la posibilidad de rendir testimonio en forma ordinaria, las veces que se requiera ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”, agrega la ley.
Por último, se adiciona un artículo que indica que, una vez se verifique la contribución efectiva a la verdad, se expedirá un certificado de cumplimiento, que deberá ser presentado ante la Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial, que determinará los beneficios a aplicar.
“La propuesta de este proyecto de ley es establecer un puente de comunicación entre dos sistemas de justicia transicional que se han aplicado en Colombia. Por una parte, la Ley de Justicia y Paz, y del otro lado, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, a través de un mecanismo especial de testimonio”, precisó.
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