A las puertas de un acuerdo sobre justicia

Entre el 1º de noviembre y el 13 de diciembre del año pasado, las Farc comenzaron a exponer, por medio de cuatro comunicados, su perspectiva de la justicia, punto incluido en el tema de víctimas en la agenda de diálogos de paz de La Habana.

Redacción política
28 de noviembre de 2015 - 09:07 p. m.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos.  / Presidencia
El presidente de la República, Juan Manuel Santos. / Presidencia
Foto: EFE - Nelson C·rdenas

En ellos hablaban de asumir responsabilidades, que en ningún caso corresponden a crímenes de guerra o de lesa humanidad, reivindicaban el derecho a la rebelión, sugerían una reforma política y jurídica, rechazaban el Marco Legal para la Paz y planteaban que los diálogos deberían generar “un nuevo derecho que, atendiendo a las especificidades del conflicto colombiano y en aras de su finalización, encuentre nuevos equilibrios entre paz, justicia y reparación”.

Mucho ha pasado desde entonces: ataques militares de parte y parte, tensiones, treguas unilaterales de la guerrilla, levantamientos de las treguas, medidas para el desescalamiento del conflicto, discusiones en torno a la refrendación, e incluso el anuncio de la concreción de un acuerdo sobre ese espinoso asunto de la justicia a aplicar, el 23 de septiembre, con estrechón de manos incluido entre el presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las Farc, alias Timochenko. Un acuerdo que, sin embargo, derivó en confusión, pues mientras para la guerrilla ya estaba cerrado, para el Gobierno quedaban puntos por precisar.

La situación obligó a que los equipos jurídicos de lado y lado volvieran a sentarse a la mesa para tratar de zanjar las diferencias. Un tire y afloje que llevó al jefe de Estado a enviar a Cuba a su hermano, Enrique Santos, para destrabar los diálogos y proponer una especie de cónclave, de tal manera que los negociadores trabajen de corrido hasta lograr sacar un acuerdo en justicia. Idea que tuvo respuesta por parte de Timochenko: “Si delineamos esa propuesta y nombramos una especie de dirección ejecutiva, un plan, un cronograma, la idea será fructífera. Y esa dirección ejecutiva debe estar permanentemente balanceando y destrabando lo que se vaya negociando en cada comisión que ha sido necesario nombrar para poder avanzar”, dijo. Falta ver qué responde el Gobierno. De antemano se sabe que ha sido reacio a crear instancias paralelas a la mesa, pues se corre el riesgo de diluir aún más las discusiones. Además, sería abrir otro debate sobre quiénes integrarían esa dirección ejecutiva.

Timochenko había dicho que había consenso en 74 de los 75 puntos que plantea el tema de justicia. Fuentes cercanas al proceso de paz le contaron a El Espectador que el punto que falta tiene dos aristas: del lado del Gobierno, blindar a los exmandatarios y al presidente Santos, de tal manera que tengan una especie de fuero especial y, por lo tanto, no puedan ser incluidos en la jurisdicción especial para la paz. Y del de las Farc, la talanquera tiene que ver con los detalles de la justicia restaurativa. Si bien la guerrilla ha dicho que ese es el camino para lograr la paz, considera que es preferible no consignar de forma taxativa en el acuerdo puntos como la restricción de la libertad.

Hoy concluye un nuevo ciclo de conversaciones en Cuba y el debate político se agudiza. Sobre todo después de que el Gobierno anunciara la concesión de indulto a 30 guerrilleros que se encuentran cumpliendo penas de prisión por el delito de rebelión en varios centros carcelarios del país. Según explicó el ministro de Justicia, Yesid Reyes, se trata de una decisión adoptada como gesto de buena voluntad y de humanización de la guerra, que ha sido vista por algunos sectores —entre ellos el uribismo— como injustificada. Las señales indican que el atasco en que había caído el proceso comenzó a superarse e incluso se anunció la adecuación de unos patios especiales dentro de las cárceles a los que serán trasladados los miembros de las Farc detenidos o condenados, para facilitar el estudio de su situación jurídica, personal y familiar, como medida de preparación para su futura desmovilización.

Esta semana las delegaciones del Gobierno y las Farc entregaron también un balance positivo de la implementación del acuerdo sobre desminado que se adelanta desde hace cinco meses en la vereda El Orejón, municipio de Briceño (Antioquia). Igualmente se reveló que en dos semanas empezará la segunda etapa del desminado humanitario en Mesetas, departamento del Meta. La guerrilla planteó la creación de zonas especiales de paz, donde concentraría a sus combatientes, con acompañamiento de la ONU y otras organizaciones, como Unasur y Celac. Y el presidente Santos anunció la creación de un fondo para canalizar los recursos de cooperación internacional para financiar el posconflicto.

Todo hace pensar que la paz avanza y que se está a las puertas de un acuerdo sobre justicia. Pero persisten obstáculos sobre los que las Farc siguen dando puntadas. Joaquín Gómez, uno de los negociadores de la guerrilla, manifestó que “es impensable considerar la dejación de las armas si no se hace efectivo el desmonte del paramilitarismo”. Ligado a ello, el viernes pasado plantearon la redefinición de la política de seguridad del Estado, que incluye la reconversión de las Fuerzas Armadas “en fuerzas para la construcción de la paz y la protección de las fronteras, lo cual incluye aspectos relacionados con su tamaño y estructura”.

Este tema es una de las líneas rojas que el presidente Santos no está dispuesto a cruzar, según ha dicho. Y aquí vuelve y aplica la premisa de que una cosa es lo que la guerrilla diga en sus pronunciamientos y otra lo que se acuerde en la mesa. En el alto gobierno creen que este tipo de posturas sólo sirven para alimentar las críticas de la oposición y el escepticismo de la gente. Por eso las directrices apuntan a acelerar y sacar el acuerdo de justicia lo más pronto, algo que abriría la puerta del cese del fuego bilateral en diciembre. Además de acallar los cuestionamientos, ello despejaría el camino para hablar de la firma de un acuerdo final en marzo o, a más tardar, mayo de 2016.

Gobierno insiste en plebiscito para la refrendación

Aunque las Farc han insistido varias veces en que la constituyente es el camino ideal para refrendar los acuerdos que se firmen en La Habana como resultado de los diálogos de paz, para el Gobierno ese mecanismo está más que descartado. Y así lo dejó claro el viernes el presidente Juan Manuel Santos, al hacer una férrea defensa del plebiscito como la fórmula indicada para que los colombianos aprueben en las urnas lo acordado con las Farc: “Una constituyente no es un escenario para refrendar, sino que tiene un alcance mucho más amplio, y no sabríamos en qué iría a terminar”, dijo, insistiendo en que, por el contrario, el camino señalado por el Gobierno cumple con los requisitos indispensables y es el más conveniente.

Para el mandatario, uno de los principales beneficios del plebiscito es que su resultado tendrá fuerza vinculante. “Eso qué quiere decir: que si gana el sí, se empieza la implementación de los acuerdos. Pero si gana el no, hasta allí habría llegado el proceso, pues no se podrían implementar. Así de duro, pero así de claro”, afirmó Santos, al explicar que se necesita que “por lo menos” cinco millones de colombianos les den el sí a los acuerdos de paz en las urnas para que lo pactado con la guerrilla tenga validez.

Por Redacción política

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