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La polvareda política que levantó la gira del Centro Democrático por Estados Unidos, México y Europa no ha cesado. Más allá del debate de si en la comunidad internacional fueron acogidas las críticas del uribismo al proceso de paz, o si tuvo efectos el discurso de que no hay garantías democráticas para la oposición en Colombia, surge una nueva cara del debate. Esta vez, por cuenta del documento que fue preparado para denunciar ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) las presuntas violaciones de sus derechos en las que habría incurrido el gobierno de Juan Manuel Santos.
En concreto, El Espectador conoció apartes del documento, que cuenta con 2.000 folios, según anunció el coordinador del Comité Internacional del Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, en los que se relatan las supuestas violaciones a los derechos de la oposición. También, los reparos que desde la Casa de Nariño se tejen sobre dicho documento y una iniciativa que busca “rodear” de garantías al uribismo, aun cuando, según contaron fuentes del Ejecutivo, ninguna entidad del Estado ha sido notificada sobre la radicación de esta denuncia en Ginebra (Suiza), sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Son seis las presuntas violaciones que denuncia el uribismo. La primera, a los derechos de participación política, entre ellos a la libertad de expresión y asociación. La segunda, la violación al derecho a tener garantías judiciales, “en especial la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, (…), la presunción de inocencia y el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo”.
La tercera es la violación a la prohibición de no discriminación por opiniones políticas; la cuarta, a la prohibición de apología al odio nacional; la quinta, al derecho de no injerencias arbitrarias e ilegales a la vida privada, familiar, domicilio, correspondencia y ataques ilegales a la honra y reputación. Y por último, la supuesta violación de parte del gobierno de Juan Manuel Santos “a la protección debida del derecho a la vida y seguridad personal”.
Al ser cuestionado sobre cada uno de los sustentos probatorios que le daban pie a su partido para afirmar que estas violaciones ocurrieron y si, efectivamente, el dossier había sido radicado en Ginebra, Trujillo dijo que la orden que expidió el director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, era no referirse al tema. “No hago referencia por la confidencialidad que exige el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero sí soy claro en que las actuaciones del gobierno Santos constituyen una violación a todos los tratados internacionales que ha firmado Colombia sobre derechos humanos y políticos”, agregó.
Si bien en el Gobierno no tienen certeza de que el documento haya sido entregado a la ONU, de antemano son tres de las supuestas violaciones las que causan mayor molestia: que se diga que hay apología al odio desde el Ejecutivo, que sostengan en el uribismo que no hay garantías judiciales y, por último, que el Centro Democrático hable de una limitación a la asociatividad, cuando están constituidos como partido.
Según fuentes consultadas, también hay tres elementos que hacen suponer al alto gobierno que no habrá un efecto real, si es que la denuncia fue presentada: uno, que no hay un cuadro sistemático y probado de violaciones a derechos; dos, que, según el Ejecutivo, está claro que la denuncia tiene una motivación política, y tres, que no hay denuncias en el Ministerio Público o la Fiscalía que den cuenta de esas presuntas violaciones y de que la justicia colombiana, efectivamente, no ha operado.
En este entramado, Guillermo Rivera, consejero para los Derechos Humanos de la Presidencia, tendrá el encargo de catalizar los efectos de la andanada uribista. Por un lado, deberá insistir en que las garantías están dadas en Colombia y que, como lo dijo el mismo Santos en la primera semana de febrero, los “puentes” están tendidos con todos los sectores de oposición. Por el otro —y es lo más complicado—, ofrecer sus buenos oficios para tramitar las quejas disciplinarias y judiciales que tenga el Centro Democrático, como lo ha hecho con otros sectores como la Marcha Patriótica y Dignidad Agropecuaria, también opositores de la mayoría de políticas de la Unidad Nacional.
Pero el choque, por lo menos de lenguaje, todavía se cocina a altas temperaturas. Al preguntarle sobre las quejas que tiene el uribismo y la posibilidad de tender puentes, Rivera dijo, entre otras alusiones a las garantías que quiere ofrecer el Ejecutivo, que “este Gobierno jamás acude, y jamás acudirá, a las interceptaciones ilegales para conocer las opiniones de la oposición. Para conocerlas acudimos al diálogo transparente”.