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Los argumentos que se escucharon ayer durante la esperada audiencia pública sobre el Marco Jurídico para la Paz, piedra angular del diálogo que adelantan el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), reflejaron la compleja tarea que tienen por delante los magistrados de la Corte Constitucional que deberán decidir, antes del 21 de agosto, si esta norma es constitucional o no.
En el atril de la sala de audiencias se escucharon argumentos del más alto calado gubernamental y civil. Hablaron el presidente Juan Manuel Santos; el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón; el procurador general, Alejandro Ordóñez; el fiscal general, Eduardo Montealegre; el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo; el director de la ONG internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, entre otros.
El pulso que se dio ayer reflejó que aunque la mayoría respalda la búsqueda de un acuerdo con las Farc que termine con el enfrentamiento armado de cincuenta años, existen posiciones irreconciliables sobre una pregunta esencial: ¿El camino que plantea el Marco Jurídico para la Paz es el correcto para afrontar una eventual desmovilización de las guerrillas, de cara a los derechos que tienen las miles de víctimas del país a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los hechos violentos? Así respondieron los principales protagonistas del debate.
‘Marco para una paz integral’: Santos
El presidente Juan Manuel Santos abrió la discusión defendiendo su política integral de paz (la Ley de víctimas, el reconocimiento del conflicto armado, la creación de un entorno favorable a la paz y el marco jurídico para la paz), señalando que esta concepción abonó el proceso con las Farc, que calificó como una posibilidad “real y la mejor de la historia para poner fin al conflicto armado interno”. Dijo, además, que el Marco para la Paz es todo lo contrario de lo que alegan sus opositores. Y aseguró que no abre espacios a la impunidad y que satisface “de la manera más amplia posible” los derechos de las víctimas de un conflicto prolongado. También reconoció que el marco no pretende investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia. Y que “no se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr este último propósito con un máximo de justicia, entendida en “todas las dimensiones”, como la de establecer responsabilidades de los crímenes más graves. Por eso el presidente reconoció que existen víctimas de agentes del Estado que deberán ser reconocidas y reparadas, y agregó que si fracasa en la búsqueda de un acuerdo de paz con las Farc hará uso “de todos los instrumentos del Estado de derecho para proteger los derechos de los colombianos”. “Vamos para adelante, con o sin las Farc, con o sin el Eln”, concluyó.
‘No se pueden restringir derechos’: Gallón
En un discurso más jurídico y menos político, el director de la Comisión Colombiana de Juristas y demandante del Marco Jurídico para la Paz, Gustavo Gallón, argumentó la inconstitucionalidad de esta norma diciendo que aunque fue concebido con la mejor intención para facilitar el proceso de paz con las Farc, que respalda, este “remedio puede ser peor que la enfermedad”. Cuestionó que el marco jurídico establezca un estado de excepción, a través de un artículo transitorio, porque pasa por encima del artículo 2° de la Constitución Política, que ordena la responsabilidad del Estado de investigar y no restringir el derecho de todas las personas a que sus crímenes graves sean investigados. Gallón le da la razón a Santos en decir que es cierto que es difícil investigar todos los crímenes con la actual estructura fiscal, pero que para eso se necesita promover y crear procedimientos más ágiles incluyendo juicios colectivos, aumento de fiscales y varias comisiones de la verdad.
‘Se abre la puerta a una amnistía’: Vivanco (HRW)
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, es uno de los principales contradictores del Marco Jurídico para la Paz. En su concepto, la norma pone en peligro los derechos de las víctimas y se corre el riesgo de que autores de delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos queden en la impunidad. “Colombia debe encontrar el equilibrio entre paz y justicia. Pero en el actual texto bajo consideración de la Corte se abre la puerta a una amnistía. Colombia va a tener a guerrilleros y militares incursos en delitos atroces sin ser castigados, y esto violando las obligaciones internacionales del país. La obligación de investigar y castigar a los responsables de violaciones de los derechos humanos es inevitable para un Estado. Así que el criterio de selección y priorización vulnera gravemente los derechos de las víctimas”, explicó Vivanco.
‘Que el Congreso legisle’: Cristo
El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, ponente del Marco para la Paz, defendió la iniciativa en su intervención ante la Corte y sostuvo que las leyes de justicia transicional son reconocidas por el concierto internacional y que una muestra de su eficacia es la Ley de Víctimas. “Los derechos de las víctimas son el centro de la actividad legislativa. Vamos a defender esos derechos y por eso le pido a la Corte que deje al Congreso cumplir con libertad sus funciones. Soy víctima y he recorrido el país escuchando a las víctimas. Nadie puede arrogarse la voz de ellas, pero estoy seguro de que todas piden una cosa: verdad. Este instrumento es indispensable para avanzar en las negociaciones con las Farc y el Eln. Sabemos que hay que sacrificar algo de justicia y que hay que buscar el equilibrio entre justicia y paz”.
‘Guerrilleros con fusil y sin fusil’: Primero Colombia
Jaime Restrepo Restrepo, del Centro de Pensamiento Primero Colombia, bastión ideológico del uribismo, expresó que el Estado tiene la obligación de juzgar e investigar las violaciones a los derechos humanos: “No se pueden saltar las obligaciones del Estado en materia internacional. El acceso a la justicia es indispensable para que haya paz y, si no la hay, les juro que no habrá paz. Los criterios de selección y priorización no son de buen recibo para el concierto internacional. Aceptamos un mínimo de pena cuando se dé justicia, verdad, reparación y no repetición. Hay que recordar que en este conflicto existen guerrilleros con fusil y guerrilleros sin fusil, estos últimos también deben pagar. Desde el Congreso lo que se busca es amnistiar e indultar. No podemos permitir que haya víctimas de primera y de segunda”.
‘Marco garantiza impunidad’: Procurador
Uno de los principales opositores al Marco para la Paz es el procurador Alejandro Ordóñez, quien ayer expresó lo que ha venido repitiendo en todas sus declaraciones. Ordóñez afirmó que “el Marco para la Paz es un escollo para los derechos de las víctimas, garantiza la impunidad y viola las obligaciones de Colombia en materia de derechos humanos”. Según el jefe del Ministerio Público, al seleccionar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y renunciando a la persecución judicial de los delitos no seleccionados, se está generando impunidad. “La tortura, la desaparición, el desplazamiento y las ejecuciones extrajudiciales podrían quedar excluidos y sus autores beneficiarse de la renuncia a la persecución penal. Algunos pretenden que la justicia transicional apele únicamente a los aspectos restaurativos. Esa sería una falsa expectativa. La paz no lo justifica todo, dijo la Corte cuando declaró inexequible la Ley de Justicia y Paz. Sé qué van a fallar de fondo y pido la inexequibilidad, pero si no es así pongan condiciones para que se protejan los derechos de las víctimas”, sostuvo el procurador.
‘Paz ponderada’: Fiscal General
El fiscal general, Eduardo Montealegre, hizo una extensa interpretación de los alcances del marco para la paz y profundizó en su defensa desde una perspectiva jurídica. Quiso demostrar que el criterio de priorización y selectividad no sustituye la Constitución, en cuanto defiende principios constitucionales. “No es sustitución porque en diferentes oportunidades la Corte ha utilizado el criterio de ponderación, lo que significa que el derecho de la paz entra en colisión con el derecho de las víctimas. La ponderación es la regla más importante para resolver conflictos entre normas”. También expuso que la Ley de Justicia y Paz para paramilitares había sido una ley maximalista del derecho penal y que su conclusión después de más de ocho años de aplicación es el fracaso porque ha producido menos de 8 sentencias condenatorias. Al final se preguntó: ¿Qué es preferible, que en los próximos 50 años volvamos a repetir más de 250 mil muertos o que restrinjamos los derechos de las víctimas?