La crisis del departamento no solo ha motivado el levantamiento de algunas comunidades indígenas en contra de la Fuerza Pública, también ha provocado el desplazamiento de 1.200 personas de municipios como Miranda, de Jambaló y Toribío.
En diálogo con El Espectador, el gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, explica que el aumento del pie de fuerza no es suficiente si no se generan condiciones de vida digna para la gente.
¿Hay un abandono del Estado en el departamento?
Basta solo mirar los índices de pobreza en el departamento y los indicadores sociales para entender sin necesidad de un análisis profundo que la presencia del Estado en el Cauca históricamente ha sido muy tímida y eso ha facilitado que el problema social y de orden público se incremente.
¿No fue una respuesta equivocada del Gobierno haber hecho un consejo de ministros en la región y haber aumentado la Fuerza Pública?
No, la presencia del presidente Santos y de sus ministros tuvo fundamentalmente una intencionalidad de inversión social que se necesita en la zona desde hace mucho tiempo. La presencia del Estado no puede asumirse como un hecho que ha generado dificultades.
Lo que se necesita ahora es una urgencia en entablar un diálogo abierto y profundo entre el Gobierno con la comunidad para no solo tratar los temas de la coyuntura sino que podamos establecer una clara política y pública de presencia del Estado de manera integral para atacar los problemas de orden público.
¿Propone algún nombre u organismo que sirva de mediador?
Creo que no es necesario, si lo hay pues bienvenidos sean, pero lo que se requiere es sensatez, conocer la tarea que vendrá por parte del Ejército de Colombia y sentarnos rápidamente a dialogar. Ambas posiciones están pidiendo diálogos. Lo que necesitamos es que se encuentren.
¿Qué compromisos asumió el ministro de defensa con el departamento?
El gobierno ha enfatizado en la necesidad de que haya un reconocimiento de la autoridad y de consideración a las comunidades indígenas. La intencionalidad debe empezar a definirse ente el gobierno y las comunidades.
El compromiso último se dio en el consejo de ministros y esperamos que se concrete para poder ejecutar los recursos de inmediato en el Cauca.
¿Cuál es la necesidad inmediata que debe resolver el Gobierno?
El diálogo para el tema específico del territorio. Las comunidades defienden lo que llaman sus proyectos de vida. Piden dignificación.
¿Cree que se dará ahora el desarrollo que no se ha hecho en más de 50 años en el departamento?
Pues debemos aprovechar esta ocasión y estos hechos como punto de partida para implementar en el departamento un plan de desarrollo a la política pública, un contrato social con estas comunidades, desde el Gobierno Nacional, el gobierno departamental y los demás actores sociales en el departamento.
Tenemos que trazar una hoja de ruta con todos los jugadores para llegar a un consenso y llegar a acuerdos integrales para el desarrollo.
¿Qué tan difícil es ser gobernador en un departamento donde las comunidades indígenas han luchado por años con la convicción de que sus tierras son ancestrales?
Uno debe mentalizarse de que el trabajo en el Cauca es arduo, que demanda un compromiso total y de un muy fuerte liderazgo para crear vínculos de confianza y credibilidad con toda la población, con los indígenas, campesinos, los sectores académicos, empresariales y productivos. Es un departamento complejo y hay que asumirlo con mucho compromiso y responsabilidad.
¿Se puede hablar de desaciertos por parte de la gobernación ante la crisis del departamento?
No ha habido inversión social en muchísimos años y ahí se crea un caldo de cultivo para que se presente hechos de esta naturaleza. Nadie comparte que esto ocurriera, pero la realidad social es tan patética que los gobernadores tenemos que estar de manera constante en diálogo con todos los actores sociales del Cauca y la nación para poder manejar la situación.
El departamento tiene un enorme conflicto social, en donde hay unas comunidades indígenas y campesinas organizadas, políticamente cultas, con las que hay que dialogar en términos horizontales y de respeto. Con ellos se podrá construir muchos más niveles de desarrollo.
¿Qué le dicen a usted las comunidades indígenas?
Yo dialogo permanente con las autoridades indígenas, con los gobernadores y con la gente que está en los sitios donde están ocurriendo los hechos, hago una mediación constante, de manera que eso facilita mucho que las cosas no lleguen a mayores.
Ellos están demandando un diálogo político con el Gobierno Nacional, el presidente Santos lo ha ofrecido y eso es lo que tenemos que impulsar en estos momentos y las demandas que hacen parte de sus raíces históricas, ancestrales, de su territorio y su autonomía. Eso es algo que se debe respetar. Está estipulado en los tratados internacionales.
¿Hay infiltración guerrillera dentro de las comunidades indígenas? ¿No se trata de una estrategia de las Farc para volcar a la población en contra del Ejército?
Yo no creo que la dirigencia indígena esté permeada por las Farc. Yo conozco a dirigentes de mucha formación social, comprometidos con su cultura y con su desarrollo. La presencia de las Farc es de hace mucho tiempo y puede hacer que hayan varios indígenas involucrados con las Farc, de hecho los indígenas mayores han denunciado un reclutamiento y han pedido que eso se controle.
No se trata de una convivencia intencional de las comunidades indígenas y la guerrilla. Se trata de una presencia histórica que hace imposible que no haya algún tipo de relaciones con algunos.
Entonces, ¿cómo es su relación con la dirigencia indígena?
De consideración y apoyo a los planes de vida que adelantan las comunidades, pero también de respeto a las normas, a la Constitución y a las autoridades legítimamente constituidas.
¿Cómo es la situación de armas y drogas en el departamento?
El departamento tiene 5.200 hectáreas de cultivos de coca. Alimentadas por la subversión y bandas de narcotraficantes. El departamento también tiene presencia de bandas criminales de la mutación de paramilitares y hay una minería ilegal que está en sus manos.
Eso es un hecho conocido. Desde hace mucho tiempo no hay una política eficaz para enfrentarlos.
¿Hay presencia social del estado por encima de lo militar?
Por supuesto, en varios proyectos en el Cauca. Hay una inversión del estado en materia de institucionalidad, en educación y salud pero la acumulación de problemas sociales es de tal magnitud que la inversión social no es suficiente para enfrentar la realidad.
Se necesita de una propuesta específica para los departamentos que están en situaciones que no se pueden manejar con el criterio general de todo el país.
¿Qué medidas desde la gobernación se van a tomar a partir de hoy?
Estamos trabajando en varias cosas. Primero, atendiendo humanitariamente afectados por los hechos. Está situación está por encima de cualquier consideración.
En segundo lugar, estamos intermediando el diálogo entre las comunidades indígenas y el Gobierno Nacional para que se cumpla prontamente, porque desde nuestra óptica es la manera como debe enfrentar eficazmente la situación.
En tercer lugar, la Gobernación hace presencia en las comunidades indígenas con proyectos para inversión y nos corresponde liderar todo el proceso de desarrollo de las comunidades.
¿La crisis de orden público cuántos desplazados ha dejado?
Aproximadamente 1.200 personas están en condición de desplazamiento. Algunos de ellos son del municipio de Miranda, de Jambaló y Toribío.
Ese número es intermitente teniendo en cuenta que hay una operación militar desde la parte plana del norte de Cauca, que ha generado confrontaciones con las Farc y ha forzado el desplazamiento de la población hacia los cascos urbanos. Estamos pendientes de esta situación.
¿Existe algún proyecto de ley que se tramitará en la próxima legislatura para amortiguar la crisis del departamento?
Que yo conozca, no. Pero estamos atentos a la difusión del presupuesto nacional y del Conpes para normativizar el ofrecimiento del Gobierno en la inversión de recursos en el Norte del Cauca.
¿Qué cartas va a poner sobre la mesa en próximas reuniones con el Gobierno?
Las mismas de siempre: proyectos de inversión en la zona para el desarrollo para que haga parte de una política de largo plazo.
También, que se confronte la situación social del departamento y la consideración de que el Gobierno y los cabildos indígenas deben aportarle a esta propuesta desde sus territorios para que tengan voz en temas que tienen que ver con la delincuencia común, narcotráfico, cultivos ilícitos. La eficacia de la acción de la Fuerza Pública también depende de las comunidades caucanas.
¿La acción de las Farc en el departamento no encienden las alarmas para una urgente negociación?
Soy un hombre que piensa que la salida al conflicto del país es política y por lo tanto estoy dispuesto a servir en lo que sea necesario desde que así lo considere el presidente Santos.
Hay que buscar la paz por todos los medios porque el país está reclamando no solo hoy sino desde hace mucho tiempo que abordemos propuestas concretas para la paz.