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Pese a que sus acciones dejaron ayer un muerto y 150 heridos —37 de ellos policías—, los vándalos que causaron desmanes en el sur de Bogotá, Soacha (Cundinamarca) y otros municipios no lograron desviar la atención nacional en torno a la discusión de fondo entre el Gobierno y los líderes de los sectores agrarios que desde hace 12 días se fueron a paro en el país.
Por el contrario, lograron que los actores principales de la discusión se pusieran de acuerdo en su rechazo al uso de actos violentos como excusa para reivindicar las demandas de los campesinos, cuyos legítimos reclamos estarían siendo aprovechados por sectores como las Farc, al que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, no dudó en responsabilizar por los daños humanos y materiales en los que terminó la que hasta el mediodía de ayer era una pacífica marcha obrero-estudiantil de respaldo a los labriegos (ver página 6).
Y es que muchos de quienes madrugaron ayer a manifestar su solidaridad con el agro no se imaginaban que su movilización no sólo sería la más grande que ha tenido que sufrir el gobierno Santos (fue mayor que las de los cafeteros, el Catatumbo y los mineros), sino que tendría un desenlace contrario al del espíritu con el cual fue convocada: marcha tranquila en la mañana, desmanes y saqueo a humildes locales en la tarde. Nadie entiende qué culpa tienen, por ejemplo, los pequeños comerciantes de Ciudad Bolívar, del mal trato que el país le ha dado a su despensa agrícola.
Porque ese es el tema de fondo de las protestas. El de los excesivos costos de los agroinsumos, la afectación por los tratados de libre comercio a los campesinos, las dificultades que tienen para el pago de créditos y la lucha desigual que libran frente a flagelos como el contrabando.
Una problemática incubada desde hace muchos años y que le vino a estallar en la cara al gobierno Santos por factores que van desde la agudización de inconformismos desatendidos y el mal momento económico que vive la agricultura hasta el contagio de los vientos favorables a la protesta social al estilo de los que inspiraron los recientes movimientos de masas en Brasil y Chile. Incluso el ambiente interno del país es menos hostil para la protesta que el de hace pocos años, según admiten en el propio Gobierno. Los rivales políticos del Ejecutivo, tanto de derecha como de izquierda, también terminaron poniendo su granito de arena en el paro, aunque no necesariamente por las mismas razones.
La equivocación del Gobierno parece estar más en el manejo inicialmente dado a la protesta. No tuvo éxito en su intención de negociar por separado con los campesinos de Boyacá, Nariño y Cauca. También fallaron algunos discursos presidenciales, que en su momento exacerbaron a los agricultores al ser interpretados como una negación del paro.
Pero Santos modificó su estrategia, aceptó constituir una sola mesa de diálogos y ayer dio el paso más decisivo en su objetivo de desactivar el paro. Apenas horas antes de que comenzara la marcha obrera propuso reducir los costos de los agroinsumos, reforzar la lucha contra el contrabando, facilitar el pago de créditos campesinos y usar salvaguardas para proteger a los renglones más sensibles del agro ante el libre comercio.
Un paquete de iniciativas que el mismo Ejecutivo asegura habían sido identificadas desde hace mucho tiempo como necesidades indiscutibles del sector, pero que nunca se llevaron a la práctica y que no se deslegitiman ni siquiera con los desmanes cometidos anoche por unas minorías violentas que se infiltraron en la marcha.
Lo dijo Santos en su tempranera alocución de ayer desde la Casa de Nariño y lo repitieron sus voceros en la mesa de concertación instalada en Tunja (Boyacá), donde se busca un acuerdo con los representantes campesinos.
Por eso las propuestas de Santos atacan los principales puntos de la problemática agraria e incluso echan para atrás la idea que el Ejecutivo tenía de reducir en casi $500.000 millones el presupuesto para el campo durante 2014. En la práctica, se evitará que caiga de $2,6 billones a $2,1 billones (el 1,4% del presupuesto de la Nación) e incluso se hará por fin un censo nacional agropecuario, pues el que está en vigencia —en otra clara demostración del abandono al sector— data de 1970.
No tiene presentación que las decisiones sobre el sector sean adoptadas a partir de una carta de navegación de sólo en 825 municipios de 21 departamentos y en la que se considera que el agro produce el 25,3% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando factores como la desidia de los gobiernos, el boom minero-energético y la apertura de la economía colombiana lo han reducido al 8,5%.
En medio de ese tenso ambiente, a las 9:30 p.m., el presidente Santos convocó un consejo extraordinario de ministros en la Casa de Nariño para analizar la delicada situación de orden público en algunas ciudades del país, y que al cierre de esta edición seguía sesionando.
Agroinsumos más baratos
Santos sabe que aunque su principal bandera de gobierno es la búsqueda de una salida negociada al conflicto con las guerrillas, no puede dejar que el inconformismo de los campesinos crezca, pues ello puede dar al traste con su propósito de garantizar la continuidad de sus ideas más allá de 2014.Por eso, agarró ayer al toro por los cuernos y dio respuestas concretas a las demandas de los labriegos.
Una de las más solicitadas era la de ponerle coto al desbordado precio de los insumos para el sector. El Gobierno asegura que 23 de estos productos todavía tienen aranceles y que los rebajará a cero. Además impondrá libertad vigilada de precios mientras el país establece un mecanismo de precios de referencia internacional. En la práctica estas medidas se asemejan a lo que el Ejecutivo ha hecho con los precios de los medicamentos, algunos de los cuales llegaron a valer en Colombia 10 veces más que en los países desarrollados.
El Espectador constató que mientras los campesinos tienen que pagar sumas desbordadas por los fertilizantes, en el país existen 14 fábricas de agroinsumos en la Costa Caribe, el Valle del Cauca y Antioquia, cuya producción de plaguicidas, por ejemplo, en gran parte es exportada a 50 países. Pero el problema no es sólo que dichos insumos ingresen a elevado costo, sino que no valgan lo mismo en todo el país. Así, 50 kilos de fertilizantes que en el Meta valen $72.000, en Valle no se consiguen por menos de $86.000. Y los fungicidas valen el doble en Cauca que en Bogotá.
María Helena Latorre, directora de la Cámara Procultivos de la Andi, no cree que la medida de Santos sea suficiente para corregir las distorsiones en los precios de los insumos. “La competitividad de la agricultura corre por cuenta de muchos factores estructurales que debemos trabajar bajo una política integral. Es absurdo pretender que la suerte de la competitividad del agro cambie con los insumos”.
A quien sí le parece interesante la idea de que haya una libertad vigilada y un mecanismo de referencia internacional para los precios de los fertilizantes es a Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
Según dicho gremio, los fertilizantes básicos más comercializados en Colombia son la urea, el fosfato diamónico (DAP) y el cloruro de potasio (KCl), cuyo empleo básico es en cultivos como granos (por ejemplo, arroz y maíz). Los fertilizantes representan entre el 18 y el 32% de los costos de producción para los campesinos, quienes también deben comprar fungicidas, plaguicidas y otros productos para sus cosechas.
Blindaje para el campo
Otra de las propuestas de Santos es estudiar la posibilidad de usar las salvaguardias que tiene Colombia para proteger a los campesinos cuando exista riesgo inminente para determinados sectores ante la creciente importación de alimentos. Esta medida tiene nombre propio: los paperos y los lecheros serían algunos de los beneficiados.En cuanto a la promesa de atacar el flagelo del contrabando, la idea es eliminar una competencia desleal de dimensión incalculable. De hecho, sólo se sabe que anualmente más de 2,2 millones de toneladas de alimentos traídos del exterior son incautadas por la DIAN. Los sectores del arroz, el azúcar, la carne, la cebolla, el maíz, el ganado en pie y el aceite son los más afectados por este delito.
La crisis del sector existe. Los campesinos han demostrado que su protesta es pacífica y el Gobierno ha manifestado tener voluntad para resolverles las demandas. Sólo falta que el ruido de terceros actores no interfiera en la negociación y el acuerdo se alcance pronto, pues las consecuencias del paro ya impactan la economía nacional y el bolsillo de los ciudadanos. Sólo en Cundinamarca, Boyacá y Nariño hay un millón de litros de leche represados y a punto de dañarse, mientras el sector camionero reporta pérdidas que superan los $720.000 millones.