Reclutamiento de menores: volver a los 17

El mayor daño que le hizo a Colombia un criminal como Pablo Escobar, fue la forma como hizo de los menores sus ejércitos de sicarios

Si se firma la paz en Colombia el mayor beneficio será para las nuevas generaciones. Por eso el esfuerzo más importante del Estado y la insurgencia debería apuntar a que nunca más los menores tengan que portar armas, sean legales o clandestinas. Las Farc anuncian que a partir de ahora no van a incorporar a menores de 17 años a sus filas. El gobierno lo califica como un “gesto importante”, pero recuerda que las normas hablan de 18 años. Más allá de las diferencias, persiste la incertidumbre entre los jóvenes.

Según las Farc, está aprobado desde su Séptima Conferencia Nacional en 1982, que el ingreso a sus filas es voluntario y consciente entre los 15 y los 30 años. Eso explica porque hay tantos niños como combatientes, muchos de ellos reclutados forzosamente. El Ministerio de Defensa sostiene que en los últimos 15 años pasan de 4.000 los menores de edad desvinculados de los grupos armados ilegales. El ICBF dice que son más de 5.000. Lo cierto es que en las zonas de guerra, las familias saben cómo es esa zozobra.

Una tragedia que el paramilitarismo también llevó a extremos inconcebibles. Incluso hoy, como lo resaltó la Defensoría del Pueblo, las bandas criminales siguen reclutando menores y el fenómeno se extiende a 26 de los 32 departamentos de Colombia. En otras palabras el reclutamiento infantil es una realidad que está prohibida en las normas internacionales, pero que la violencia colombiana lo soporta en la práctica. Más allá de las diferencias de edades, salta a la vista que se trata de una tragedia repetida.

“Es un paso que valoramos pero que no es suficiente cuando se trata de los niños”, comentó el presidente Juan Manuel Santos en respuesta al anuncio de las Farc. Y luego admitió que lo ideal hubiera sido que dijeran que no reclutan más y que van a dejar en libertad a los menores que tienen en su poder. Comentarios acertados desde la perspectiva de una sociedad que clama porque las nuevas generaciones crezcan en un país en paz, pero de alguna manera también insuficiente para miles de jóvenes que no quieren saber nada de armas.

Las Farc aprovechan su anuncio para pasarle una cuenta de cobro al Estado acerca de las llamadas “batidas” que incorporan jóvenes de manera forzosa al servicio militar. De paso también reclaman que el Estado aun no reconozca el derecho a la objeción de conciencia. En el fondo de su discurso para tratar de justificar sus excesos con los jóvenes, se advierte una realidad que pesa más allá de las palabras. Con diferencia de pocos años y al margen de las normas, los muchachos no saben qué hacer para huir de las armas.

En Colombia, cuando van llegando a su edad adulta, que la ley dice que son 18 años, aunque en otras partes se diga que son 16 o en otros países 21, se ven forzados a una dura realidad: definir su situación militar. Entonces empieza el drama familiar: cómo evitar que sean llevados a las filas militares. Los que pueden ir a la universidad y sus familias tienen dinero para pagar la tarjeta militar, saltan el escollo. Los que no gozan de la misma situación empiezan a saltar obstáculos para eludir un destino inesperado.

Entonces cobra forma una práctica repetida a lo largo de varias décadas. Aparecen por todas partes los intermediarios ganando dinero por lograr que los jóvenes obtengan su libreta militar, sin someterse al procedimiento de los exámenes de rigor o el llamamiento a filas. Otros, con menos posibilidades económicas, sencillamente desarrollan su cotidianidad esquivando retenes o encuentros con algún militar que pueda conminarlos a presentarse a los cuarteles a cumplir con sus deberes militares.

Algunos ingresan a las Fuerzas Militares y les va bien o mal pero se ven forzados a hacerlo como única forma de salir adelante. Apenas tienen 18 años o un poco más, pero quizás su mentalidad ni siquiera llega a los 17. Huyen de las batidas y quieren saber cómo pueden invocar la objeción de conciencia. En tiempos electorales acuden a las urnas, sobre todo cuando algún candidato promete que va a ser abolido el servicio militar obligatorio, que pensando en la paz debería ser una realidad sin condiciones.

Por eso, más allá de los discursos en el Día Mundial contra el Reclutamiento de Menores, y que esta celebración coincida con los anuncios de las Farc de que ya no va a hacerlo con menores de 17 años, el tema da para una mayor ilustración sobre la forma como el Estado y la sociedad deberían encarar la situación de los jóvenes en Colombia en estos temas de las armas. Sobre todo cuando está probado hasta la saciedad, que el servicio militar, ni es tan obligatorio ni es equitativo frente a las expectativas de los jóvenes.

En 1997, el pueblo colombiano en las urnas, a través del que se llamó en su momento el Mandato por la Paz, dio un voto contundente para que el Estado no volviera a incorporar a menores de 18 años en sus filas. Fue un paso determinante hacia la reconciliación, pero 18 años después, insuficiente para un país que se prepara para la coexistencia pacífica. Por eso, el objetivo mayor sería garantizar que los jóvenes presten más bien un servicio social obligatorio, en vez de que algunos vayan a aprender oficios militares.

El mayor daño que le hizo a Colombia un criminal como Pablo Escobar, fue la forma como hizo de los menores sus ejércitos de sicarios. Desde entonces varias generaciones fueron confundidas por falsos anhelos de poder que dejaron una tragedia repetida. Menores de edad cometiendo magnicidios o ayudando a perpetrar actos terroristas. Niños utilizados en la violencia o que en los cinturones de miseria dejaron la imagen de un país diferente, con una juventud confundida en sus valores sociales y familiares.

Ese mal ejemplo se ha repetido una y otra vez en las organizaciones ilegales. Menores de edad cuidando secuestrados o utilizados para mover explosivos. Pronto Colombia se percató que muchos jóvenes de 15, 16 o 17 años terminaron siendo más peligrosos que los mismos adultos. El Estado se vio desbordado por la realidad y ahora tiene la obligación de sacar a las nuevas generaciones de cualquier noción de guerra. Por eso, los anuncios de la insurgencia no son más que eso: palabras para creer que el tema pueda cambiar.

Sin embargo, lo único claro es que si Colombia quiere algún día avanzar hacia la paz, el principal esfuerzo tiene que ser garantizar que los jóvenes y niños de hoy no entren en el círculo de la confrontación. Ni que sean reclutados ni que tampoco caigan en batidas, que el servicio militar, si no es abolido, tenga reglas iguales para todos. Volver a los 17, pero con la convicción de que pueden avanzar hacia la edad adulta sin cuentas pendientes con nada que tenga que ver con prácticas militares, ni las ilegales, ni las legítimas.