El martes, Senado y Cámara se habían puesto de acuerdo en sus diferencias sobre el contenido del proyecto. Se estableció, por ejemplo, que el día de la votación del referendo los jurados deberán ofrecer el tarjetón y el elector tendrá libertad de recibirlo. Asimismo, que deberá haber publicidad en la que queden claros los acuerdos, que habrá financiación para las campañas por el no y espacios en los medios de comunicación para quienes promueven el abstencionismo.
Ayer, el Senado hizo su tarea: aprobó el texto conciliado. Pero la falta de quórum en la Cámara impidió el trámite, que quedó aplazado para el próximo martes. Sin embargo, no se esperan sorpresas y se da por seguro el respaldo a una ley que, según ha dicho el Gobierno, sólo es un mecanismo de previsión para sellar los acuerdos y para garantizar una mayor participación ciudadana.
Una vez el Congreso dé el visto bueno, seguirá la revisión de la Corte Constitucional, donde ya se anuncian demandas. Por ejemplo, el senador Juan Carlos Vélez presentó una constancia en la que plantea presuntos vicios de trámite, como la negativa de la Mesa Directiva de la Comisión Primera a acumular el proyecto aprobado con uno que había sido presentado sobre el mismo tema.
Igualmente, Vélez considera que no se están dando garantías para la abstención activa y la Corte ya había señalado que, en casos de referendos, la abstención es una opción legítima. Otros temas de fondo se refieren a la Ley 134 de 1994, que deja claro que una votación no puede coincidir con un acto electoral y que la figura del referendo aplica sólo para aprobar o derogar una reforma constitucional. Por lo tanto, hay quienes creen que no sería el mecanismo idóneo para validar los acuerdos de paz.