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Política 3 Abr 2013 - 10:00 pm

Ministerio de Justicia pide retirar proyecto

Reforma al Código Penitenciario dejaría libres a 48 mil presos

Gobierno dice que así pasaría de aprobarse el texto que habría plagiado el senador Édgar Espíndola. Expertos creen que la medida es necesaria.

Por: Redacción Política
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En la actualidad el hacinamiento ha alcanzado su máximo histórico: 48%. / Colprensa

Una nueva polémica surgió alrededor del proyecto de Código Penitenciario y Carcelario que presentó el senador del PIN Édgar Espíndola. A la denuncia de que el parlamentario habría plagiado el texto de una propuesta presentada por la Universidad de los Andes, ahora se suma una advertencia del Gobierno sobre el contenido de la iniciativa: de llegar a ser aprobada tal y como está quedarían en libertad cerca de 48.000 presos, incluidos aquellos que han sido condenados a penas menores a 12 años.

La denuncia la hizo el viceministro de Justicia, Miguel Samper Strouss: “Creemos que es un proyecto muy importante y que tiene avances innovadores, pero el Gobierno ve con preocupación que de aprobarse con el esquema de libertades, al otro día 48.000 personas, según estimaciones iniciales, quedarían en libertad”.

Samper Strouss conoce el texto de la iniciativa de supuesta autoría de Espíndola y da por descontado que sea el mismo que la Universidad de los Andes realizó. El trabajo duró un año y fue pagado por el Ministerio de Justicia, aunque nunca se radicó porque al final se optó por una propuesta más conservadora para reformar el Código Penitenciario, que fue la que presentó el ministerio.

De acuerdo con el viceministro, el proyecto de ley en mención crea tres regímenes de libertad: abierta, semiabierta y cerrada. “Los de cerrada quedarían privados de la libertad, los de semiabierta tendrían que visitar los centros de reclusión en determinados momentos y los de abierta quedarían en libertad. Esta última cobijaría a los delitos cuya quinta parte de la pena no supere los 12 años y esos son 48.000 personas”, explicó Samper.

El artículo que preocupa al Gobierno es el 943, que establece la creación de un “régimen de reclusión parcial”, que se refiere a “aquel que privilegia el derecho a la libertad y la reintegración social del infractor de la ley penal sobre la reclusión permanente como forma primordial de ejecución de la pena”. Por esa razón, Samper sostuvo que le van a pedir al senador Espíndola que considere retirar el proyecto, para que “complemente el que presentó el Gobierno con los aspectos que se consideran más innovadores de su articulado”.

A pesar de que se especula que los parapolíticos podrían salir beneficiados con el proyecto, el parágrafo segundo del artículo, que habla sobre el perfil de la población reclusa que podría quedar en libertad, excluye a quienes hayan cometido delitos como concierto para delinquir agravado, entre otros.

Al margen de las preocupaciones del Gobierno, hay académicos y expertos en la crisis carcelaria que vive el país que creen que el problema no se va a conjurar con más cárceles sino con propuestas más innovadoras, aunque impopulares, como la de la excarcelación parcial que propone la Universidad de los Andes, y que hoy está en el Congreso por cuenta del supuesto plagio del senador Espíndola.

Como lo señaló el profesor de los Andes y coordinador de la relatoría de prisiones de la Facultad de Derecho de esta universidad, Libardo José Ariza, el hacinamiento ha alcanzado su máximo histórico, llegando al 48%; la tasa de encarcelamiento en Colombia ha aumentado de modo vertiginoso, pasando de 80 internos por cada 100.000 habitantes en 1993 a 231 reclusos por cada 100.000 en la actualidad, siempre en condiciones infrahumanas. “Resulta pues necesario aplicar remedios judiciales distintos, dirigidos a proteger a la persona que sufre la violación de sus derechos”, dice Ariza.

El debate apenas empieza y no es nuevo. en el mundo. En otros países se han puesto en práctica programas de excarcelación para responder a la crisis del sistema. Es el caso Brown versus Plata, de la Corte Suprema de Estados Unidos, que ordenó excarcelar, en 2011, a cerca de 40.000 reclusos.

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