Será radicada mañana en la Secretaría de la Cámara de Representantes

Reforma electoral, en la puerta del horno

No habrá “supercorte” sino un nuevo Consejo Electoral, de origen no político y que podrá ordenar interceptaciones telefónicas, intervenir cuentas y hacer un control en tiempo real de las elecciones.

El Gobierno adelantó, este lunes, la última reunión con voceros de partidos antes de presentar la reforma. / Gobierno

Queda menos de un año para las elecciones a Congreso de 2018 y poco más de uno para las presidenciales. Y las reglas de juego para esos comicios están a punto de cambiar. El Gobierno adelantó, ayer, la última reunión con los voceros de algunos partidos políticos antes de radicar, este miércoles, la reforma política y electoral surgida del Acuerdo de Paz con las Farc, un proyecto del que se ha venido hablando desde el mes pasado, cuando la Misión Electoral Especial presentó sus sugerencias en torno a las modificaciones de forma y fondo que debe tener el sistema electoral colombiano.

Eso sí, antes de ser llevada al Legislativo, la iniciativa será estudiada hoy por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz (Csivi), de la que forman parte funcionarios del Gobierno y miembros de las Farc. Pero ¿a qué consensos llegaron congresistas y Gobierno? Al Ministerio del Interior asistieron los directores de los partidos Liberal, Horacio Serpa, y Conservador, Hernán Andrade; el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, y el senador de la U, Roy Barreras. La reunión estuvo liderada por el jefe de esa cartera, Juan Fernando Cristo, quien contó con la asesoría del exregistrador Carlos Ariel Sánchez y del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Joaquín José Vives.

La primera decisión implicó un fuerte pulso político en el que incluso intervino el Consejo de Estado. Es un hecho: la “supercorte” electoral ya no va. Se trataba de una propuesta que levantó ampollas en muchos sectores, empezando por el propio Lizcano, quien habló de una “peligrosa concentración de poderes”. Ahora la idea es conformar un consejo nacional electoral colombiano, que reemplazará al CNE actual, y que no tendría origen político. Sus nueve integrantes no serán elegidos por el Congreso sino por el método de cooptación, que es como funciona, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia: sus mismos integrantes designan internamente a sus miembros. Para arrancar, seis de sus magistrados se escogerán por concurso de méritos y los otros tres mediante convocatoria pública con meritocracia.

Este órgano será autónomo de la Rama Judicial, pero tendrá funciones de policía judicial para vigilar las campañas. “Puede ordenar interceptaciones telefónicas, intervenir cuentas bancarias y hacer un control en tiempo real de las elecciones, para evitar casos relacionados con fraude”, dijo a este diario una fuente del Gobierno. Eso implica, entre otras cosas, la potestad para instalar cámaras de seguridad con herramientas propias, sin necesidad de acudir a la Fiscalía. Entre sus obligaciones está, además, la de resolver, previamente a las elecciones, las impugnaciones en contra de los candidatos con causales de inhabilidad. “Nadie puede llegar a una elección con una inhabilidad pendiente. Esto tiene un trasfondo, que es evitar las elecciones atípicas”, señaló la fuente.

En cuanto a la transparencia de las campañas, y para no repetir casos como el de Odebrecht, cuyos tentáculos habrían tocado las campañas de 2018, quedará prohibido hacer regalos o donaciones y contratar transporte el día de elecciones, que deberá garantizar el Estado. Se creará un registro de proveedores y las empresas que prestan servicios a las campañas estarán registradas con las tarifas de los servicios que prestan (publicidad, alimentación, etc.). La financiación será preponderantemente estatal. Tampoco se podrá hacer transacciones que tengan que ver con el proceso electoral por fuera del sistema financiero, pero la novedad aquí tiene que ver con que las infracciones se castigarán hasta con pena privativa de la libertad.

Se propone, igualmente, una combinación de voto preferente y circunscripción nacional. El objetivo es acabar con el voto preferente, pero se adopta para 2018 la lista cerrada pero no bloqueada. Habrá una transición. La votación que se haga por el logo del partido se asume que el ciudadano está acompañando el orden de la lista que presenta cada partido. La idea es llegar a lista cerrada plena en las elecciones regionales de 2019. Otros cambios tienen que ver con la edad para ser congresistas. Se reduce para aspirar al Senado, que pasa de 30 a 25 años, y a la Cámara, de 25 a 21 años. Aún está en discusión la posibilidad de eliminar la inhabilidad que se les impone a los congresistas, de renunciar un año antes para poder ocupar un cargo en el Ejecutivo, como ser ministros.

Por cierto, el Centro Democrático no ha participado en las deliberaciones. “No podemos aceptar que el Gobierno presente una propuesta de reforma improvisada y a las carreras con el propósito de complacer a las Farc. Colombia sí necesita una reforma, pero no al gusto y al capricho de las Farc”, dijo a El Espectador el senador Ernesto Macías. Eso significa que, cuando la reforma llegue al Capitolio, el uribismo hará lo mismo que ha hecho frente a los proyectos sobre la paz: dar el debate, pero salir del recinto a la hora de votar.

Así las cosas, mañana, el Congreso recibe una papa caliente que no será fácil de tramitar. Mucho menos si se va a hacer vía fast track, porque, si bien es cierto que el tiempo del mecanismo especial legislativo se reduce, la protesta generalizada que han hecho algunos legisladores sobre ese método expedito es por no poder modificar nada si no cuentan con el aval del Gobierno. Lo cierto es que, de aprobarse, habrá un giro de 180° en las elecciones del año entrante. Eso sumado a que, por primera vez en más de 50 años, habrá un nuevo actor político con pretensiones legislativas y presidenciales: las Farc, un elemento que no es fácil de digerir.